Raúl Eugenio Zaffaroni volvió a meterse en el debate por la causa Cuadernos y apuntó de lleno contra el tribunal oral que lleva adelante el juicio. El exjuez de la Corte sostuvo que, frente a las denuncias de presuntas coacciones hechas durante las audiencias, los magistrados deben impulsar una investigación específica. Según dijo, si eso no ocurre, podrían quedar alcanzados por figuras como encubrimiento, complicidad o incumplimiento de deberes de funcionario público. En ese mismo análisis, Zaffaroni ligó el expediente con la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, habló de una posible amnistía en el Congreso y cuestionó la estructura de la Justicia federal.
Las declaraciones fueron hechas al referirse al proceso oral por la causa Cuadernos, en el que intervienen los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Para Zaffaroni, el punto central no pasa sólo por el contenido de las testimoniales, sino por la obligación legal que tendrían los funcionarios judiciales al tomar conocimiento de un posible delito denunciado dentro del propio debate.
Zaffaroni dijo que en la causa Cuadernos el tribunal debe investigar las presuntas coacciones
El exmagistrado sostuvo que el Tribunal Oral no puede dejar pasar las manifestaciones de imputados que, según remarcó, aseguraron haber declarado bajo presión. En ese sentido, afirmó: “Los tres jueces de la causa Cuadernos deben extraer testimonio y mandar a investigar el delito de coacción. Son 27 personas que dicen ‘yo tuve que mentir porque si no voy preso’. Si los tres jueces no lo hacen estarían incurriendo en encubrimiento, complicidad o, como mínimo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y se abre la posibilidad de destituirlos”.
Para Zaffaroni, la gravedad institucional del asunto radica en que esas acusaciones se hicieron dentro del propio juicio oral. Por eso insistió en que, si un tribunal escucha denuncias de ese tipo y no promueve una actuación separada, la omisión puede generar consecuencias. En la entrevista radial donde expuso su postura, señaló además que varios de los involucrados habrían dejado constancia ante escribano de que iban a mentir por temor a quedar detenidos.
Sobre esa base, remarcó que la ley obliga a denunciar cuando un funcionario público toma conocimiento de un posible delito. “Estamos ante jueces (los del tribunal oral) que toman conocimiento de un delito -precisó Zaffaroni en entrevista con el programa Rayos X de Radio 10-. Son 27 personas que denuncian la coacción y varios de ellos explicaron que fueron a un escribano para dejar asentado que iban a mentir. Es un escándalo. Antes eso (la coacción) la hacían en las comisarías”.
En la misma línea, agregó que, a su entender, también deberían intervenir instancias superiores. “De entrada, me parece que debería intervenir la Corte o la Cámara de Casación. Pero también el propio tribunal: la obligación de los funcionarios públicos que toman conocimiento de un delito es denunciarlo. Tienen delante un indicio alto, una prueba, de un delito. Corresponde sacar testimonio y, bueno, investíguenlo. No queda otra”, sostuvo.
El exjuez también cargó contra Stornelli, Bonadío y vinculó el caso con Cristina Kirchner
Además de poner el foco en el tribunal oral, Zaffaroni responsabilizó al fiscal Carlos Stornelli y al fallecido juez Claudio Bonadío por el modo en que, según su mirada, se habrían obtenido declaraciones en el expediente. Su planteo fue que no sólo habría existido coacción, sino también otras irregularidades penales vinculadas al desarrollo de la causa.
En ese punto fue directo: “Acá hay un delito contra la libertad, la coacción, cometido por un fiscal (Carlos Stornelli) y un juez (Claudio Bonadío) y luego prevaricato, porque permitieron que alguien se declare autor de un delito en base a la coacción”. De esa manera, amplió el alcance de su crítica y lo llevó más allá de las audiencias actuales del juicio.
Zaffaroni también conectó esa discusión con la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Según expresó, el problema no se agotaría en un caso individual y la respuesta institucional, de fondo, debería pasar por una medida legislativa. “Con esta metodología -agregó el exjuez de la Corte- condenaron a Cristina. ¿Qué solución tiene? De fondo, una ley de amnistía. No sólo para ella. Hay una serie de condenados en condiciones de lawfare, o sea de uso de la justicia para la persecución política. Una ley de amnistía es perfectamente constitucional. Se puede empezar con un indulto, que tiene sus dudas. Pero de inmediato hay que mandar una ley al Congreso. Esa fue la solución con Perón y también Isabel. Hay que pasar por el Congreso sí o sí. Esa es la solución definitiva”.
Después, reforzó esa idea al sostener que Cristina Fernández de Kirchner “debe ser indultada”, aunque aclaró que para darle sustento constitucional a una salida de ese tipo sería necesario enviar una ley de amnistía al Parlamento. A la vez, dejó dicho que esa herramienta no debería quedar limitada a la situación de la expresidenta.
Las audiencias de esta semana y el punto que Zaffaroni volvió a poner sobre la mesa
En su repaso sobre la causa Cuadernos, Zaffaroni también se refirió a las audiencias previstas para esta semana. Mencionó que declararán dos colaboradores de La Nación y que el jueves está programada la comparecencia del expolicía Jorge Bacigaluppo, señalado como una de las figuras relevantes del expediente.
Bacigaluppo fue mencionado como amigo de Oscar Centeno, custodio de los cuadernos y la persona que, según se recordó, primero se los entregó al periodista Diego Cabot. Sobre ese tramo del caso, se recordó que una pericia detectó su letra en modificaciones de nombres y direcciones incorporadas a los cuadernos, con sobrescritos en numerosas oportunidades.
Ese informe pericial fue citado además en una causa paralela impulsada por los empresarios Armando Loson y Gerardo Ferreyra. Allí, Bacigaluppo fue procesado por falsificación, aunque más adelante recibió una falta de mérito bajo el argumento de que ese asunto debía resolverse en el juicio oral. La misma pericia, según se indicó, dejó asentada una fuerte sospecha de que una parte importante de los textos pudo haber sido dictada, a partir del estilo de redacción y del uso de términos considerados ajenos tanto a Centeno como a Bacigaluppo.
En ese mismo resumen, Zaffaroni sostuvo que Cabot entregó fotocopias de los cuadernos a Stornelli y afirmó que el fiscal “urdió el ilegal origen de la causa eludiendo el sorteo que correspondía”. Así, volvió a cuestionar el arranque del expediente y la validez de su construcción inicial.
La crítica a la estructura judicial y la propuesta de ampliar la Corte Suprema
Más allá de la causa Cuadernos, Zaffaroni dijo que el problema es estructural y que alcanza a sectores clave de la Justicia federal. En su descripción, habló de un grupo reducido de jueces y fiscales con poder de decisión en despachos sensibles de Comodoro Py, además de áreas de lo Contencioso Administrativo y la propia Corte Suprema.
“Por supuesto que quienes están protagonizando este escándalo no son más que 30 o 40 jueces y fiscales -precisó Zaffaroni-. Todos, en posiciones claves, fundamentalmente en la justicia penal federal de la Ciudad de Buenos Aires, algo en Contencioso Administrativo y la Corte Suprema. En el resto, que son miles, hay gente que se puede decir que son más o menos conservadores, más o menos liberales, pero son personas normales. Y su nivel intelectual, no es malo, muchas veces”.
Luego fue todavía más allá y puso en discusión el funcionamiento general del sistema judicial. “Lo que hace que no tengamos Poder Judicial es la cuestión estructural. No hay ningún poder judicial del mundo como el nuestro. Y, además, con una Corte que son tres tipos que se pelean entre ellos y ahora aparece hasta un intento de suicidio en el que se describen esas peleas”.
En ese marco, planteó como salida una ampliación de la Corte Suprema a 24 integrantes, con representación de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. “En ese marco, aparece un tribunal que convalida la reforma laboral, que es claramente inconstitucional, y uno se pregunta qué clase de poder judicial tenemos. La respuesta es que no tenemos poder judicial. Desde ya que se necesita una Corte Suprema amplia, yo creo que de 24 integrantes, uno por cada provincia. Bien federal”.
Ya sobre el cierre de sus declaraciones, Zaffaroni volvió al punto que había marcado al comienzo y reiteró que la falta de una denuncia formal sobre las presuntas coacciones podría comprometer a los jueces del juicio oral. “Ojo, yo asumo las responsabilidades que le caben a la academia -concluyó el jurista-. No tenemos control de una justicia. Se presentan 27 personas y declararan en el juicio Cuadernos que los apretaron. ¡Y nadie hace nada! Estarían incurriendo en encubrimiento, complicidad. Un funcionario tiene el deber, cuando tiene noticia de un delito, de sacar testimonio y mandarlo a investigar a quien corresponda. Si no lo hacen serían cómplices, no sé, serían encubridores, o por lo menos incurren en incumplimiento de las funciones, lo que abre la posibilidad de un juicio político para removerlos”.