La situación de Volver al Trabajo sumó este jueves un nuevo capítulo luego de que una resolución judicial ordenara al Gobierno Nacional mantener los pagos del programa y cumplir esa medida en un plazo de tres días. El fallo, además, contempla posibles sanciones en caso de incumplimiento. En Salta, la decisión abrió una fuerte discusión porque organizaciones sociales sostienen que más de 52 mil familias dependen de ese ingreso para cubrir gastos básicos, en un contexto atravesado por la falta de changas, la caída del consumo y mayores dificultades para llegar a fin de mes.
Volver al Trabajo quedó en el centro de una disputa tras el fallo contra el Gobierno Nacional
La resolución judicial puso bajo revisión la continuidad del programa y fijó un plazo de tres días para que el Estado nacional mantenga los pagos. Según se conoció, el fallo también prevé sanciones si la orden no es acatada.
Ese punto encendió la atención de organizaciones sociales de Salta, que vienen siguiendo de cerca lo que pasa con Volver al Trabajo. Para esos sectores, el ingreso resulta determinante en miles de hogares que lo usan para sostener compras básicas.
El planteo aparece en un escenario económico complicado para trabajadores informales. De acuerdo con lo expuesto por referentes sociales, muchas de las personas alcanzadas por el programa no cuentan con empleo fijo y dependen de ingresos variables.
En Salta alertan que el recorte de Volver al Trabajo golpea a familias sin ingresos estables
Uno de los que se pronunció fue el referente social Darío Limachi, quien habló sobre el impacto de una eventual baja del beneficio. En declaraciones al programa Somos la Mañana, afirmó: “Hay una trampa, chicas, porque con el costo de vida parece muy ínfimo, pero te da un mínimo de previsibilidad”.
Según explicó, una parte importante de quienes cobran el programa hace tareas en la informalidad. Por eso, remarcó que la pérdida de ese ingreso pega de lleno en la economía diaria de muchas personas que ya vienen con lo justo.
En la misma línea, las organizaciones señalaron que la preocupación no pasa sólo por el monto, sino por la función que cumple en hogares donde no hay entradas estables. En varios casos, indicaron, ese dinero sirve para alimentos, transporte y otros gastos esenciales.
Denuncian exclusiones, trabas y más demanda de comida en los barrios
Además de la discusión judicial, desde esos espacios cuestionaron el funcionamiento del sistema. Limachi sostuvo: “Todos los meses dejan afuera gente sistemáticamente con la maña de poner trabas”. De ese modo, planteó que el alcance del plan se viene achicando de manera progresiva.
También hubo críticas por la falta de atención presencial y por el cierre de oficinas. De acuerdo con lo señalado, esa situación complica todavía más a quienes no tienen internet o herramientas digitales para hacer trámites y reclamos.
En paralelo, describieron un empeoramiento de la situación social en los barrios más vulnerables. En operativos recientes, según relataron, llegaron a registrarse filas de hasta 300 personas que buscaban comida. Sobre ese cuadro, advirtieron: “No es que te piden trabajo, ya te piden un plato de comida”.
Por último, también cuestionaron nuevas alternativas oficiales, entre ellas los vouchers de capacitación, al considerar que resultan insuficientes y de difícil acceso para zonas del interior.