La Justicia dispuso 30 días de prisión preventiva para un hombre investigado por violencia de género contra su expareja, en una causa en la que ya constaban más de 10 denuncias realizadas por la mujer desde 2024. La resolución se tomó en una audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, donde la Fiscalía pidió que el acusado siguiera detenido para asegurar su presencia en el proceso. La defensa oficial, en cambio, había solicitado que recuperara la libertad. El imputado decidió no declarar.
La medida fue resuelta por el juez Maximiliano Troyano, luego de escuchar la exposición del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal. Según se informó durante la audiencia, la acusación incluye amenazas, agresión con armas, daños y desobediencia judicial, todo ello en concurso real. Además, pesaba sobre el acusado un pedido de captura que seguía vigente.
Violencia de género con una causa marcada por más de 10 denuncias
De acuerdo con lo presentado por la Fiscalía, la víctima venía denunciando distintos hechos desde 2024. En ese tramo de la investigación se señalaron episodios reiterados que, según la acusación, mostraban una conducta persistente de hostigamiento y agresión hacia su expareja.
Entre los hechos atribuidos aparecen cuatro amenazas de muerte. Siempre según la imputación expuesta en la audiencia, el acusado llegó a decir que le iba a cortar el cuello y que mataría a la mujer. A eso se sumó un episodio en el que habría arrojado una botella contra ella.
También se le endilgó un hecho grave de daños en la vivienda. La acusación indicó que destruyó distintos bienes del hogar, entre ellos electrodomésticos, muebles y partes de la casa. Todo ese cuadro fue incorporado por el Ministerio Público Fiscal al momento de pedir la formalización de la investigación.
La detención se concretó el 3 de mayo y seguirá preso por 30 días
Uno de los puntos centrales del planteo fiscal fue la dificultad para ubicar al sospechoso. Según se informó, su situación de calle había complicado tanto la localización como la detención, que finalmente se concretó el 3 de mayo.
La Fiscalía sostuvo que ese escenario, junto con la cantidad de denuncias acumuladas y la falta de arraigo, justificaba una medida cautelar de encierro. Por eso pidió que el hombre permaneciera detenido durante 30 días, plazo que consideró necesario para garantizar su comparecencia mientras avanza la causa.
Tras escuchar también a la defensa oficial, que había pedido la libertad del imputado, el juez hizo lugar al requerimiento fiscal. De esa manera, ordenó la prisión preventiva por 30 días y fijó el mismo plazo para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
Las medidas judiciales, según la acusación, fueron incumplidas de manera reiterada
La investigación no sólo apunta a los hechos de amenazas y daños. Además, abarca presuntos incumplimientos de medidas judiciales que habían sido dictadas para proteger a la denunciante. Entre ellas figuraban la exclusión del hogar, la prohibición de acercamiento y la orden de abstenerse de ejercer violencia.
Según lo expuesto en la audiencia, pese a estar notificado, el acusado ingresaba al domicilio, permanecía en las inmediaciones, insultaba a la víctima, la amenazaba y generaba nuevos episodios de violencia. Sobre esa base, el Ministerio Público Fiscal sostuvo su pedido ante el Juzgado de Garantías interviniente.
La audiencia se realizó bajo el nuevo Código Procesal Penal. En ese marco, el fiscal Federico Gabriel Portal detalló la calificación legal, los hechos atribuidos, el grado de participación y las circunstancias investigadas, mientras que el imputado optó por no prestar declaración.