Una alerta por posible violencia de género motivó la intervención de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar y de la Policía en la ciudad de Salta, donde una joven pidió ayuda telefónica por agresiones de su pareja pero luego decidió no avanzar con una denuncia penal formal. Aun así, la Fiscalía dispuso medidas de resguardo, entre ellas un botón antipánico, y se adoptaron acciones administrativas internas, incluyendo la retención de un arma reglamentaria, en el marco del protocolo vigente para estos casos.
Un llamado de auxilio por un hecho de violencia de género en un domicilio particular activó en la ciudad de Salta la intervención de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar y de personal policial especializado. La mujer que pidió ayuda aseguró haber sido agredida por su pareja y, aunque luego optó por no radicar una denuncia penal, se dispusieron medidas de protección y actuaciones administrativas internas vinculadas al caso.
El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando la damnificada se comunicó telefónicamente para solicitar asistencia inmediata por presuntas agresiones físicas, verbales y psicológicas. De acuerdo con el reporte oficial, al llegar los efectivos la joven relató una situación de maltrato sostenido en el tiempo y describió el último episodio, que derivó en su decisión de pedir ayuda.
Si bien la mujer finalmente manifestó que no quería avanzar con una presentación formal ante la Justicia, la Fiscalía que intervino ordenó que se labren las actuaciones de rigor y que se activen las herramientas de protección previstas en los protocolos para casos de violencia intrafamiliar y de género, entre ellas la entrega de un botón antipánico.
Medidas de protección ante denuncia telefónica por violencia de género
Según se informó, el hecho asociado a violencia de género se registró en horas de la madrugada, cuando personal de una dependencia orientada a la atención de mujeres y familias se trasladó hasta una vivienda particular tras recibir la llamada de emergencia. En el domicilio se encontraba una joven de 27 años que convive con su pareja, con quien, de acuerdo a su relato, había mantenido una fuerte discusión que terminó en agresiones físicas.
La víctima explicó a los uniformados que su pareja se había retirado del lugar antes de que llegara el móvil, por lo que en ese momento no conocía su paradero. Además, refirió que no era la primera vez que sufría episodios de este tipo, ya que aseguró venir soportando insultos y maltrato psicológico con anterioridad a la agresión denunciada en la llamada.
En el informe elevado por el personal actuante se dejó asentado que la mujer hizo hincapié en la escalada de la violencia y en que la pelea se intensificó cuando ella le advirtió a su pareja que lo iba a denunciar. Frente a esa advertencia, según contó, el hombre se retiró de la casa de manera inmediata. No obstante, el parte no detalló el tipo de lesiones ni la modalidad exacta de la agresión física sufrida en esta ocasión.
Durante el procedimiento en la vivienda, la joven entregó de forma voluntaria un arma de fuego reglamentaria que pertenecía a su pareja. Ese elemento quedó en poder de la fuerza para ser resguardado, en línea con el protocolo que se aplica cuando se investigan hechos de violencia intrafamiliar que involucran armas.
Intervención fiscal y botón antipánico para la víctima
Una vez contenida la situación inicial, los efectivos solicitaron a la joven que se acercara a la dependencia policial para avanzar con la denuncia penal. Sin embargo, la mujer insistió en que no radicaría acusación alguna contra su pareja por lo sucedido esa madrugada, reiterando en varias oportunidades que no quería continuar con el trámite judicial.
Pese a esa negativa, la fiscal de turno de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Silvina Paz, ordenó que igualmente se documenten las actuaciones y que se implementen medidas de protección. Entre ellas, dispuso que se le otorgue a la víctima un botón antipánico, herramienta que permite solicitar asistencia de forma inmediata ante cualquier nuevo episodio de riesgo.
Protocolo interno y medidas administrativas ante violencia de género
En paralelo a las disposiciones de la Fiscalía, se hicieron presentes autoridades de la Jefatura de Policía, que resolvieron activar el protocolo interno específico para situaciones vinculadas a violencia de género. En ese marco se formalizó la retención del arma reglamentaria del hombre señalado por la agresión y se iniciaron actuaciones administrativas para evaluar su situación dentro de la fuerza.
Las fuentes consultadas indicaron que, además del secuestro preventivo del arma, se adoptaron otras medidas internas, tal como se hace habitualmente cuando se investiga una posible conducta violenta dentro del ámbito familiar. Esas actuaciones permiten determinar eventuales responsabilidades y, en su caso, la aplicación de sanciones disciplinarias.
De acuerdo con el informe oficial, más allá de la acusación realizada en el llamado telefónico, no se dispuso la detención del hombre denunciado. La decisión se tomó en función de la evaluación inicial del caso, de la negativa de la víctima a avanzar con la denuncia penal y de los elementos reunidos hasta el momento en las actuaciones.
Las diligencias continuaron con la formalización de las actuaciones en sede policial y fiscal, el registro de las medidas de resguardo adoptadas y el resguardo del arma reglamentaria hasta nueva disposición de las autoridades competentes.