La Universidad Nacional de Salta (UNSa) avanza con una investigación interna y no descarta presentar denuncias penales por el movimiento de 634 millones de pesos que, según una auditoría externa, se canalizaron a través de una fundación vinculada a la casa de estudios. El tema se trató en el Consejo Superior, donde se expusieron detalles del circuito que siguieron esos recursos, el rol de la Fundación de Altos Estudios (Fundaltes) y las posibles responsabilidades de exautoridades universitarias. También se analizaron compras, pagos y contratos vinculados a esos fondos.
la auditoría que detectó el desvío de fondos hacia la fundación
En la cuarta sesión ordinaria del Consejo Superior de la UNSa, realizada el jueves pasado, se presentó un informe de auditoría externa que ubicó en el centro del debate el destino de una suma total de 634.316.754 pesos, asociados al manejo de dinero público a través de Fundaltes, una fundación privada relacionada con la universidad.
De acuerdo con ese documento, el origen del monto observado está en el traslado de 200 millones de pesos correspondientes al canon que el Banco Patagonia paga por operar como agente financiero de la UNSa. Las actuales autoridades sostienen que ese dinero debía ingresar a las cuentas de la universidad, pero el 1 de agosto de 2023 fue acreditado en cuentas de la fundación y luego colocado en instrumentos financieros.
Según se detalló ante los consejeros, esos 200 millones se invirtieron en plazos fijos y fondos comunes de inversión, lo que generó intereses por 434.316.754 pesos. Al sumar el capital inicial y las ganancias financieras se llega al total de 634 millones de pesos que hoy están bajo análisis y que alimentan la discusión sobre la relación entre la UNSa y la fundación.
El secretario general de la universidad, Alberto Mariscal, planteó frente al cuerpo colegiado que el núcleo del problema es el recorrido que siguió el dinero. Expresó que la principal observación es el ingreso del canon del Banco Patagonia a la fundación y no al presupuesto universitario, e indicó, en referencia a su evaluación personal, que considera que hubo un desvío de fondos.
fundación vinculada a la UNSa y cruce de roles de autoridades
La presentación de la auditoría puso bajo la lupa la forma en que conviven la estructura pública de la UNSa y la estructura privada de la Fundación de Altos Estudios. Mariscal explicó ante el Consejo Superior que se trata de dos figuras jurídicas diferentes: por un lado la universidad nacional y, por otro, una fundación privada creada para apoyar determinadas actividades académicas y de extensión.
No obstante, remarcó que esa separación formal se vuelve más compleja porque en la conducción de Fundaltes participan autoridades de la propia universidad. Entre quienes integran la fundación mencionó al rector, a la vicerrectora y al secretario administrativo, que simultáneamente cumplen funciones en la UNSa. Esa superposición de cargos fue señalada como un dato relevante para entender cómo se tomaron las decisiones sobre el uso de los fondos.
Desde la Secretaría de Asuntos Jurídicos, el responsable del área, Daniel Mansilla, repasó la base normativa que permitió el nacimiento de la fundación. Recordó que la ley de Educación Superior habilita a las universidades a constituir fundaciones con el objetivo de reunir recursos adicionales para apoyar sus actividades. El punto que calificó como problemático fue que, en lugar de captar aportes externos, Fundaltes habría administrado dinero que provenía directamente de la universidad, canalizándolo por fuera de los circuitos habituales.
En el informe presentado ante el Consejo Superior se insistió en que el canon pagado por el Banco Patagonia fue derivado a la fundación y no administrado por la UNSa. Mariscal subrayó que todo el dinero cuestionado, incluido el capital inicial y los intereses, terminó en cuentas de Fundaltes, cuando esos recursos estaban vinculados a un convenio financiero celebrado por la universidad.
compras, contratos y bienes a nombre de la fundación
Además del recorrido del canon bancario, la auditoría externa describió una serie de operaciones realizadas desde la fundación con esos recursos. Uno de los puntos señalados fue el pago de 15.000 dólares a una empresa de Córdoba para desarrollar una página web institucional, que, según la conducción actual de la UNSa, nunca llegó a completarse.
De acuerdo con lo expuesto en la sesión, el desembolso para el sitio web fue autorizado el 8 de mayo de 2025, pocos días antes del cambio de gestión. En ese momento ya existían informes técnicos que advertían que el servicio no estaba finalizado. Mariscal planteó esta situación ante los consejeros al interrogarse cómo se podía abonar por un trabajo que no habría sido prestado en su totalidad.
Otro foco de cuestionamiento apareció en la compra de tres vehículos. Mansilla informó que esos rodados se adquirieron sin realizar procesos de licitación, contrariando lo establecido por la ley de administración financiera para el uso de fondos públicos. Los autos quedaron inscriptos a nombre de Fundaltes, aunque eran utilizados por distintas áreas de la UNSa.
Mariscal ejemplificó el problema con la situación de esos vehículos: la responsabilidad ante un posible siniestro recaía en la universidad porque los móviles eran usados para tareas institucionales, pero los títulos automotores figuraban a nombre de la fundación. Según lo expuesto, un criterio similar se aplicó al equipamiento informático, que también figura registrado en la fundación aunque es utilizado por estudiantes y personal en dependencias universitarias.
En el listado de observaciones ingresó además un parque solar de 60 kilowatts asociado a la UNSa. Las autoridades indicaron que el sistema no fue conectado a la red energética interna de la universidad, por lo que no se lo está aprovechando plenamente. La auditoría detectó también una diferencia cercana al 50 % entre el presupuesto inicial de esa obra y el costo final ejecutado.
impacto en la situación financiera de la UNSa y posibles acciones penales
El relevamiento de Fundaltes apareció en un momento en el que la UNSa atraviesa una situación de fuerte restricción presupuestaria. Las autoridades informaron en la sesión que la universidad arrastra un déficit superior a los 3.000 millones de pesos, con proyecciones que marcan que podría superar los 4.000 millones en 2026 si no se modifican las condiciones actuales.
En ese contexto, el uso de los 634 millones vinculados a la fundación fue presentado como un elemento clave para entender la capacidad operativa diaria de la institución. Mariscal hizo referencia al volumen de fondos bajo análisis y señaló ante los consejeros que, en las condiciones económicas actuales, ese monto podría destinarse a necesidades concretas de la comunidad universitaria.
En cuanto al encuadre legal, la Secretaría de Asuntos Jurídicos señaló que la conducta de los funcionarios involucrados podría ser evaluada dentro de figuras penales como incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos. Mansilla remarcó que el área no descarta acudir a la Justicia Federal y explicó que está a la espera de instrucciones del rector Miguel Nina para eventualmente presentar una denuncia formal.
La auditoría externa también revisó si los gastos realizados por la fundación se ajustaban a su objeto social declarado. En la sesión se recordó que Fundaltes fue creada para respaldar la investigación, la extensión y las actividades académicas de la UNSa. Mariscal sostuvo que buena parte de los gastos detectados no se correspondían con esos fines específicos, lo que alimentó las dudas sobre la utilización de la estructura de la fundación.
auditoría interna, bienes transferidos y eventuales sanciones académicas
Tras la presentación del informe externo, la UNSa decidió iniciar un nuevo relevamiento a cargo de la Unidad de Auditoría Interna. Esa dependencia deberá profundizar la investigación de las operaciones ligadas a Fundaltes, identificar responsables y determinar si efectivamente existió un desvío de fondos. Según se informó en el Consejo Superior, ese trabajo podría concluirse en un plazo estimado de entre 30 y 45 días.
En paralelo, el Consejo Superior resolvió autorizar el traspaso de los bienes adquiridos por medio de la fundación hacia el patrimonio de la universidad. La medida abarca los vehículos, los equipos informáticos y otros elementos que estaban a nombre de Fundaltes pero que se empleaban en la actividad universitaria cotidiana. Con esa resolución, esos activos pasarán a figurar formalmente como propiedad de la UNSa.
En el plano de las responsabilidades personales, se mencionó que las eventuales acciones penales podrían involucrar a exautoridades de la universidad. Durante el debate se nombró al exrector Daniel Hoyos, al exvicerrector Nicolás Innamorato y a otros funcionarios de la gestión anterior que autorizaron pagos, contratos y movimientos de fondos asociados a la fundación. La definición concreta de responsabilidades quedará sujeta a los resultados finales de las auditorías y a lo que eventualmente resuelva la Justicia Federal.
Además de la vía judicial, la Secretaría de Asuntos Jurídicos explicó que existen mecanismos internos de sanción. Mansilla indicó que, tratándose de exautoridades que hoy continúan como docentes, la herramienta prevista en la normativa es el juicio académico. Detalló que este tipo de proceso depende del Consejo Superior y que podría ponerse en marcha una vez finalizada la etapa de investigación y presentados los planteos formales correspondientes.
Durante la sesión del Consejo Superior, distintos expositores remarcaron que las decisiones tomadas alrededor de la fundación tienen incidencia directa en la situación económica actual de la universidad. Mariscal describió el escenario financiero de la UNSa como muy complicado y reiteró que la gran cuestión que atraviesa toda la pesquisa es por qué el canon del Banco Patagonia y otros recursos fueron canalizados por fuera del presupuesto de la casa de estudios. Esa pregunta quedó ligada a lo que definan las auditorías y, en su caso, la Justicia Federal.