El hermano menor de Thiago seguirá alojado en el Hogar Cuna por decisión judicial, mientras avanza el análisis sobre su entorno familiar después de la muerte del nene de 2 años en barrio Convivencia. La medida fue confirmada tras una audiencia realizada ayer por la mañana, en la que la jueza Claudia Güemes declaró legal el alojamiento transitorio excepcional ya dispuesto. Además, ordenó preservar la identidad del niño, realizar estudios sobre la dinámica familiar y mantener durante 30 días un seguimiento interdisciplinario para evaluar su situación.
La resolución quedó en manos del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Personas y Familia Nº 3. Según se informó, el menor permanecerá institucionalizado mientras equipos técnicos del Poder Judicial y de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia intervienen en el caso. En paralelo, la causa se enmarca en la actuación abierta tras el fallecimiento de Thiago Altamirano, ocurrido la semana pasada.
Durante la audiencia participaron el padre del niño y la abuela paterna, quienes aceptaron la decisión. También asistieron la Secretaria de Primera Infancia, Niñez y Familia, la Asesora de Incapaces Nº 5, la Tutora Oficial y el Fiscal. En ese acto se expusieron informes elaborados por profesionales de psicología y trabajo social.
Iradi habló del caso Thiago y defendió la intervención antes de la muerte del niño
El hermano de Thiago continuará en el Hogar Cuna mientras revisan el vínculo familiar
La jueza ratificó el alojamiento institucional que había sido adoptado de manera inmediata luego del hecho, al considerar que existía un riesgo potencial en el entorno. Con esa intervención inicial, el niño quedó bajo resguardo en el Hogar Cuna “Dr. Luis Güemes”, donde sigue alojado hasta que se complete la evaluación dispuesta en el expediente.
Junto con esa definición, se ordenó un abordaje integral del caso por 30 días. La tarea estará a cargo de una psicóloga y una trabajadora social del equipo interdisciplinario del Poder Judicial, además de los equipos de la Secretaría de Niñez. El objetivo es analizar la dinámica familiar y reunir elementos para futuras decisiones sobre el cuidado del menor.
Además, la magistrada dispuso que no se difundan imágenes ni información que permitan identificar al niño. Esa medida fue tomada al entender que la exposición pública podría ocasionarle un perjuicio. El resguardo alcanza a todos los datos sensibles vinculados con su situación personal.
La audiencia reunió a familiares, funcionarios y equipos técnicos
En la audiencia de control de legalidad estuvieron presentes la abuela paterna y el padre del chico. Ambos plantearon su intención de asumir su cuidado, aunque la medida judicial se mantuvo sin cambios. Según se indicó en el expediente, es la primera vez que se tramita una guarda formal solicitada por la rama paterna y no existen antecedentes previos por un pedido de ese tipo.
La jueza también contó con informes técnicos y con la participación activa del Ministerio Público Pupilar, que intervino para resguardar los derechos del menor. En ese marco, se escuchó el detalle de los reportes realizados por profesionales que ya vienen siguiendo la situación desde que se abrió la actuación judicial.
Ayer, además, la magistrada se trasladó personalmente al Hogar Cuna, donde fue recibida por las autoridades del establecimiento. Allí verificó de forma directa que el niño se encuentra “en perfecto estado” y recibió un informe detallado sobre su situación sanitaria. Cuando ingresó al dispositivo, el cuerpo médico constató que el lactante no presentaba signos de violencia física.
Los antecedentes familiares quedaron incorporados al análisis judicial
Entre los elementos revisados por la Justicia figuran actuaciones previas vinculadas a los adultos del entorno. De acuerdo con lo incorporado al expediente, en los Juzgados de Violencia Familiar y de Género no aparecen constancias de violencia de la madre hacia sus hijos. Sin embargo, la mujer permanece detenida e imputada por homicidio calificado junto a su actual pareja.
En sentido contrario, el legajo sí registra varias denuncias contra el padre de los niños, de apellido Altamirano, realizadas en su momento por la madre. Entre esos antecedentes aparece la denuncia de una vecina por agresiones físicas durante el embarazo. Según lo informado, cuando nació el menor existía una restricción judicial de acercamiento vigente contra el progenitor.
También se indicó que el hombre deberá afrontar próximamente un juicio penal en una causa por lesiones agravadas por la relación de pareja previa y por el género, en dos hechos en concurso real.