La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado firmó dictamen favorable para un proyecto que modifica el Código Penal en materia de denuncias falsas. La iniciativa, presentada por la radical Carolina Losada y reactivada bajo la presidencia de Gonzalo Guzmán Coraita, de La Libertad Avanza, busca endurecer las penas en casos vinculados con acusaciones sobre violencia de género, abuso sexual o hechos que involucren a menores de edad. El avance legislativo se da en medio de una fuerte polémica, porque la propia autora reconoció que no hay estadísticas oficiales confiables sobre la dimensión del problema en el país.
Con el dictamen ya firmado, el texto volvió a quedar en condiciones de ser tratado en el Congreso. Según la redacción impulsada en el Senado, la sanción prevista para determinados casos pasaría de la escala actual de 2 meses a 1 año de prisión, o multas de $750 a $12.500, a una pena de entre 3 y 6 años de cárcel. El debate no solo quedó centrado en el cambio penal, sino también en el efecto que la medida podría tener sobre quienes denuncian hechos de violencia o abuso.
Mientras sectores de la oposición cuestionan el sentido del proyecto sobre denuncias falsas, Losada insiste en que la legislación vigente resulta insuficiente. Desde 2022 viene planteando que el artículo 245 del Código Penal necesita una reforma, aunque sus dichos recientes volvieron a poner sobre la mesa una discusión incómoda: qué evidencia existe realmente para sostener que hay un volumen significativo de presentaciones falsas.
El proyecto sobre denuncias falsas volvió a tomar impulso en la comisión
La firma del dictamen se concretó en la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Gonzalo Guzmán Coraita. Ese paso parlamentario no implica la sanción de la ley, pero sí deja a la propuesta lista para avanzar en el trámite legislativo. En términos políticos, el movimiento le devolvió centralidad a una iniciativa que Carolina Losada viene defendiendo hace varios años.
La senadora de la UCR sostuvo durante el fin de semana, en declaraciones a El Trece: “La mayoría de la gente conoce algún caso en su círculo social de falsas denuncias”. En esa misma intervención agregó que no existen estadísticas oficiales sobre cuántas situaciones de ese tipo se registran, aunque remarcó: “corresponde que uno legisle”. Esa combinación entre impulso legislativo y falta de datos verificables quedó como uno de los puntos más discutidos del expediente.
La propuesta apunta a agravar las penas cuando la falsa acusación se refiera a violencia de género, abuso sexual o hechos con víctimas menores. Hoy, la normativa prevé castigos considerablemente menores. Por eso, el corazón del debate está puesto en si ese endurecimiento puede actuar como una herramienta disuasiva frente a maniobras maliciosas o si, por el contrario, podría generar temor en personas que sí buscan denunciar delitos graves.
Las cifras oficiales que se mencionan en la discusión muestran otro escenario
En paralelo al avance del proyecto por denuncias falsas, distintos registros oficiales sobre femicidios y violencia sexual fueron citados para marcar un contraste. Uno de ellos es el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que contabilizó 172 femicidios en 10 meses de 2025. De ese total, solo el 16,6% de las víctimas había realizado una denuncia previa.
Otro relevamiento mencionado en la discusión es el Informe de Femicidios y Procesos Penales de Violencia Familiar y de Género del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Allí se indicó que durante 2025 hubo 78 víctimas de femicidio y que el 15,4% del total, es decir 12 mujeres, había presentado denuncias penales anteriores contra su agresor.
También aparece el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, que informó que en 2023 apenas el 18% de las víctimas de femicidio había efectuado una denuncia previa. A eso se suma la Encuesta Nacional de Victimización 2017 del INDEC, que señaló que solo se denuncia el 12,5% de los delitos sexuales. Esos números fueron utilizados por sectores críticos para advertir que el principal problema no sería un exceso de acusaciones falsas, sino la baja tasa de denuncias en hechos graves.
Desde el Senado también surgieron cuestionamientos directos a la iniciativa
Las objeciones no llegaron solo desde afuera del Congreso. La senadora riojana María Florencia López cuestionó el enfoque del debate y dijo ante Infobae que, por lo general, “se use a las mujeres para impulsar este tipo de leyes”. Luego agregó: “el solo hecho de ser mujer no te da derecho a plantear leyes que van a ir en contra de las propias mujeres”.
Sobre la idea de una multiplicación de denuncias falsas, López fue terminante. “No es real, es una falacia. Lo que plantea la senadora no lo he escuchado nunca, jamás en la vida”, afirmó. Después sostuvo: “Si alguien actúa mal en contra de nosotras siempre hay una posibilidad de denunciar. Ahora, hay varones que ningunean las violencias, los abusos sexuales. Y hoy en lugar de proteger más a la mujer y darle más vías de acceso para que denuncie y pueda llegar a la justicia, le ponemos una tapa, la impedimos de que denuncie, atemorizándola, diciendo ‘ojo que podés tener una pena muy grave””.
Antes, a principios de abril, Losada había defendido su proyecto en una jornada contra las denuncias falsas. Allí dijo: “Si los recursos de la Justicia, que son escasos, van a empezar a investigar muchísimas causas, que muchas de ellas son falsas denuncias, en lugar de dar protección a las verdaderas, se está bastardeando una causa que es la de las verdaderas víctimas. Así que quienes digan que esta ley va en contra de las víctimas, les aseguro que los victimarios son ustedes”.