SanCor quedó en una instancia decisiva después de pedir su propia quiebra en la causa donde tramita su concurso preventivo. La presentación fue realizada el jueves 16 de abril ante la Justicia de Santa Fe y ahora el juez Marcelo Gelcich deberá resolver si acepta o no ese planteo, y en qué condiciones. Con un pasivo que ronda los US$120 millones, la cooperativa reconoce que el concurso dejó de servirle para salir de la crisis. La discusión por la quiebra de SanCor también involucra salarios adeudados, cientos de acreedores y una asamblea de socios prevista para el 30 de abril.
El caso se tramita en Rafaela, bajo la órbita del magistrado que ya venía interviniendo en el expediente abierto en febrero de 2025. Según informó el Poder Judicial de Santa Fe, la empresa concursada formalizó un pedido de propia quiebra dentro de ese mismo proceso. La definición judicial todavía no está tomada, pero el expediente ya entró en una etapa sensible para una firma histórica de la industria láctea argentina.
Por ahora, la cooperativa no difundió comunicados públicos sobre la decisión ni respondió consultas periodísticas. De acuerdo con lo incorporado al expediente, el pedido se apoya en una resolución del Consejo de Administración. Además, esa determinación será puesta a consideración de los socios en una asamblea convocada para el 30 de abril, donde deberá ser ratificada.
La Justicia de Santa Fe debe decidir si acepta el pedido de quiebra de SanCor
La comunicación oficial del Poder Judicial fue difundida el jueves 16 de abril. Allí se precisó que “la concursada SanCor peticionó su propia quiebra en el expediente en donde tramita el concurso preventivo (quiebra indirecta), por ella iniciado en febrero de 2025”. También se indicó que el juzgado todavía debe resolver “si acepta -y en qué términos- o rechaza, el pedido de propia quiebra”.
Ese punto es central porque la presentación de la empresa no significa, por sí sola, que la quiebra ya esté decretada. El tribunal deberá evaluar el planteo dentro del proceso ya en marcha, revisar los antecedentes acumulados y resolver el alcance de una eventual decisión. En paralelo, sigue pesando el cuadro de insolvencia que se viene describiendo en el expediente concursal.
La situación ya había mostrado un cambio importante en diciembre pasado, cuando el juez Gelcich dispuso la designación de la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora. Esa medida se tomó después de observaciones formuladas por la Sindicatura sobre el funcionamiento de la conducción societaria. Desde entonces, la administración de la cooperativa quedó bajo un esquema de control reforzado junto al Consejo de Administración.
En los registros judiciales también figura que fueron verificados créditos de 1519 acreedores sobre un total de 2702 denunciados. Ese volumen de reclamos ayuda a dimensionar el tamaño del problema financiero que atraviesa la empresa, una referencia clave para entender por qué el concurso preventivo dejó de ser, según la propia firma, una herramienta viable.
El pasivo de US$120 millones agrava la crisis productiva y laboral
Según surge de las constancias mencionadas en la causa, SanCor arrastra un pasivo cercano a los US$120 millones. Ese monto está compuesto por obligaciones equivalentes a US$90 millones y por una deuda superior a $40.000 millones. A eso se suman reclamos laborales y comerciales que se fueron acumulando mientras la empresa perdía capacidad para sostener su operatoria.
En su presentación, la cooperativa sostuvo que el concurso preventivo ya no le permite superar la crisis. Argumentó que no logró recomponer su funcionamiento ni generar ingresos suficientes, y además señaló severas dificultades para acceder al crédito, falta de capital de trabajo, costos que consideró imposibles de sostener y un crecimiento continuo de sus pasivos. Entre esos compromisos incluyó deudas salariales, fiscales y comerciales.
Fuentes gremiales afirmaron que existen alrededor de 400 pedidos de quiebra impulsados por trabajadores por salarios impagos, además de otros acreedores incorporados al expediente. También señalaron que la deuda con el personal alcanzaría ocho meses de sueldos adeudados, más aguinaldos. En ese escenario, la continuidad diaria de las tareas se sostiene con un cuadro de fuerte tensión dentro de la empresa.
La láctea tiene unos 850 empleados y, de acuerdo con voceros sindicales, esos puestos quedan directamente afectados por el avance del proceso. Esos mismos sectores indicaron que los trabajadores siguen prestando servicios y que la asistencia material proviene del fondo solidario de Atilra. Además, remarcaron que OSPIL mantiene las prestaciones de salud pese a la falta de aportes empresariales.
La marca sigue en el centro de un proceso con impacto en toda la cadena láctea
El cuadro de SanCor no se limita a una discusión judicial. La cooperativa fue una referencia de la industria alimenticia argentina y su deterioro arrastra consecuencias sobre empleo, proveedores, logística y producción primaria. Cuando una firma de este tamaño se achica o entra en una etapa de quiebra, el impacto no queda sólo en la administración central, sino también en tambos, transportistas, contratistas y actores vinculados a la cadena lechera.
Fuentes gremiales mencionaron que habría empresas interesadas en la marca y en los activos, aunque por ahora esperan una definición judicial antes de avanzar. Esa expectativa aparece en medio de un mercado que sigue de cerca qué puede pasar con las plantas, los bienes productivos y la continuidad de distintas unidades de negocio.
Para provincias como Salta, donde la discusión industrial suele mirar con atención el costo logístico, la competitividad y la estabilidad de las cadenas de valor, la crisis de una empresa nacional como SanCor también funciona como referencia. No porque tenga un efecto directo en todos los rubros locales, sino porque expone problemas comunes en la industria: financiamiento escaso, costos altos, caída de escala y dificultad para sostener empleo formal cuando el esquema productivo se deteriora.
Una caída de casi una década llevó a SanCor a este punto límite
El pedido de quiebra no apareció de golpe. La empresa viene de casi diez años de retroceso. Desde 2017, la cooperativa atravesó una pérdida sostenida de escala y participación en el mercado. De procesar alrededor de 4 millones de litros diarios de leche, pasó a trabajar con menos de 500.000 litros, según datos del sector. En el mismo período vendió activos, achicó su estructura industrial y se desprendió de marcas históricas.
Entre esas operaciones aparece la salida de activos y marcas que terminaron en manos de otras compañías. Las Tres Niñas, por ejemplo, fue adquirida por Adecoagro. La relación entre ambas firmas venía de años atrás, aunque una asociación que se había explorado previamente no prosperó. Más adelante, SanCor continuó con desprendimientos de plantas y unidades comerciales en un intento por reestructurarse.
El conflicto laboral también fue parte del deterioro. Hace dos años, la cooperativa atravesó un período de ocho meses de tensión con trabajadores afiliados a Atilra. Según fuentes consultadas, esa situación profundizó los problemas operativos. Además, empresas del rubro que habrían evaluado aprovechar parte de la capacidad industrial mediante producción a fasón se encontraron, de acuerdo con versiones del sector, con obstáculos que trabaron esos intentos.
En su comunicado conocido el jueves por la noche, Atilra sostuvo que “luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por el Juzgado, coincidentes todos en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra”. El sindicato también recordó que ya había reclamado judicialmente una quiebra con continuidad de la explotación.
Mientras tanto, el expediente sigue abierto a la espera de dos definiciones concretas: la resolución del juez Marcelo Gelcich sobre el pedido de quiebra y la asamblea de socios de SanCor convocada para el 30 de abril, en la que los tamberos deberán ratificar o no la decisión adoptada por el Consejo de Administración.