Una investigación judicial por presunto abuso y corrupción de menores contra el empresario Marcelo Porcel, vinculada al Colegio Palermo Chico de Buenos Aires, comenzó a tener derivaciones en la ciudad de Salta por la figura de su esposa, María Eugenia Llorente. Según la causa, ambos están bajo la lupa por hechos denunciados por familias de estudiantes, mientras la fiscalía define imputaciones formales. En paralelo, trascendió que Llorente, señalada por una supuesta participación permisiva, podría instalarse en la capital provincial durante las fiestas, lo que encendió alertas entre los abogados querellantes.
La causa por abuso que conecta a Buenos Aires con la ciudad de Salta
La investigación penal que se sigue en Buenos Aires por presuntos hechos de abuso sexual agravado y corrupción de menores en el entorno del Colegio Palermo Chico tiene como principal imputado al empresario Marcelo Porcel. El expediente se encuentra en plena etapa de instrucción y, de acuerdo con fuentes judiciales, todavía se aguardan definiciones sobre las imputaciones concretas que podrían recaer tanto sobre él como sobre su esposa, María Eugenia Llorente.
En la causa se detallan denuncias de al menos diez adolescentes que declararon haber atravesado situaciones de manipulación, consumo de alcohol inducido y masajes con sustancias no identificadas. Según surge del expediente, estos episodios habrían ocurrido en distintos inmuebles utilizados por el matrimonio, entre ellos el domicilio familiar, una oficina sobre Avenida del Libertador y una finca ubicada en Cañuelas.
De acuerdo con los testimonios incorporados, los investigadores sostienen que Porcel habría aprovechado la relación escolar de sus hijos para acercarse a los compañeros y, presuntamente, captar a las víctimas. También se mencionan ofrecimientos de dinero, regalos y participación en apuestas ilegales como elementos que forman parte de la hipótesis que evalúa la fiscalía.
En ese contexto, las actuaciones judiciales no solo apuntan al presunto abuso cometido directamente contra los menores, sino también a eventuales responsabilidades de terceros. En este punto ingresa la figura de Llorente, cuya situación procesal es una de las piezas que todavía debe resolver la Justicia.
Salta en la mira por la posible estadía de María Eugenia Llorente
El caso, que se originó lejos de la provincia, empezó a resonar en la ciudad de Salta cuando se conoció que María Eugenia Llorente sería oriunda de esta jurisdicción y pertenecería a la familia Llorente Segón, un apellido conocido en el ámbito local, de acuerdo con lo publicado por el medio El Intra. La posibilidad de que una mujer señalada en una causa por abuso se mude a la capital provincial introdujo un componente salteño en un expediente que, hasta ahora, se tramitaba exclusivamente en Buenos Aires.
En las últimas horas se difundió que Llorente podría instalarse en Salta Capital durante las fiestas de fin de año. Esa versión, también consignada por El Intra, es seguida de cerca por los abogados que representan a las familias denunciantes, que monitorean los movimientos de la imputada en el marco de la causa penal en curso.
Los letrados interpretan que una eventual radicación temporaria o más prolongada en la ciudad de Salta podría buscar influir en el desarrollo del expediente, mientras la fiscalía define si avanza con cargos formales. El abogado Pablo Hawlena Gianotti, uno de los representantes de las familias, se mantiene atento a los desplazamientos de Llorente en espera de una resolución judicial en el corto plazo.
Fuentes vinculadas al expediente indicaron que, por el momento, el proceso sigue centralizado en Buenos Aires, pero la atención sobre la capital provincial creció a partir de estas versiones de viaje y posible estadía. Este seguimiento no implica actuaciones judiciales en Salta, aunque sí un interés específico por el paradero de la mujer.
El rol de Llorente en la investigación por abuso
Según la presentación realizada por las familias denunciantes, Llorente habría estado presente en los mismos espacios físicos donde se habrían concretado los hechos de presunto abuso contra los menores. La acusación, basada en lo difundido por El Intra, sostiene que su conducta habría sido permisiva frente a la situación denunciada, motivo por el cual la fiscalía intenta precisar el alcance de su eventual complicidad.
En paralelo, se detalló que la Justicia autorizó que el matrimonio viajara a Uruguay el pasado 17 de diciembre para participar de una fiesta, sin que se dictaran medidas como la detención preventiva o la citación a declaración indagatoria antes de ese desplazamiento. Esta decisión generó malestar entre algunos padres que impulsan el expediente, mientras se completan las entrevistas en Cámara Gesell a los denunciantes que aún restan declarar y se aguarda la definición de las imputaciones para Marcelo Porcel y María Eugenia Llorente.