Salta ya tiene en vigencia una ley de prevención vinculada a crímenes de odio, con foco en agresiones sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes de pueblos originarios. Se trata de la Ley 8534, promulgada por medio del Decreto 275. La norma establece acciones en todo el territorio provincial, con campañas educativas, materiales adaptados a lenguas indígenas, capacitaciones para personal estatal y mecanismos de asistencia a víctimas. Además, fija la elaboración de informes públicos y la intervención coordinada de organismos estatales junto con el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta.
La ley fija medidas de prevención y asistencia en toda Salta
La nueva normativa fue puesta en vigencia tras su promulgación oficial y tiene como eje la prevención de hechos encuadrados como crímenes de odio relacionados con agresiones sexuales contra mujeres, niñas y adolescentes de pueblos originarios.
Entre sus puntos centrales, la ley dispone el desarrollo de un plan anual de acciones. Ese esquema deberá incluir campañas educativas en distintos niveles, además de contenidos adaptados a las lenguas de las comunidades originarias.
También se prevén políticas públicas integrales para la prevención, la asistencia y el abordaje de las víctimas en toda la provincia. Según el texto difundido, el objetivo es dar visibilidad a esta problemática y, al mismo tiempo, fortalecer tareas de sensibilización y educación.
Crímenes de odio: qué tareas tendrá la autoridad de aplicación
La autoridad encargada de aplicar la ley será designada por el Poder Ejecutivo provincial. A ese organismo le corresponderá reunir información, analizar estadísticas y relevar casos vinculados con la problemática alcanzada por la norma.
Además, deberá elaborar informes y recomendaciones, diseñar protocolos interinstitucionales de actuación y avanzar en la creación de registros y mapas de casos. A eso se suma la obligación de impulsar campañas de difusión y concientización.
La ley señala además que habrá programas de capacitación para personal estatal que trabaje en zonas consideradas de riesgo. Esas instancias deberán incorporar perspectiva intercultural, de género y de derechos humanos.
El IPPIS y otros organismos deberán participar de manera permanente
El texto también contempla la participación de comunidades indígenas, establecimientos educativos y distintos poderes del Estado. Para eso, plantea mecanismos de consulta permanente coordinados con el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, IPPIS.
Otro de los puntos incluidos en la norma es la presentación de un informe anual de acceso público ante el Poder Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ese documento deberá contener estadísticas, acciones realizadas y propuestas de trabajo.
La Ley 8534 había sido aprobada previamente por la Legislatura provincial y luego fue promulgada a través del Decreto 275. De acuerdo con la información oficial, la norma se incorpora al esquema institucional orientado a la prevención de violencias y a la protección de derechos en Salta.