El Gobierno de Salta anunció un paquete de austeridad que incluye congelamiento de sueldos de funcionarios políticos, freno total a los viajes oficiales al exterior y revisión de contratos en dólares, todo instrumentado mediante un DNU firmado por Gustavo Sáenz. La vocera de la Gobernación, Paula Benavides, detalló en conferencia de prensa que la medida apunta a contener el gasto en la cúpula del Estado provincial frente a lo que definió como una caída “estrepitosa” de la coparticipación nacional. El decreto se concentra en la planta política y en los gastos considerados no esenciales.
El DNU de sueldos y gastos políticos que firmó Sáenz
Según explicó Benavides, el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Gustavo Sáenz fija un congelamiento de haberes para los cargos de mayor jerarquía de la administración provincial. No habrá aumentos de sueldos para la alta función política mientras esté vigente el DNU, en línea con el programa de austeridad que definió el Ejecutivo.
La decisión fue comunicada en una conferencia de prensa realizada el jueves 9 de abril de 2026 en Casa de Gobierno, donde la vocera remarcó que el objetivo es ordenar el uso de los recursos públicos en la parte más alta de la estructura estatal. El mensaje oficial hizo foco en que la contención del gasto se aplicará sobre los funcionarios y no sobre los servicios esenciales.
Dentro del mismo decreto se incluyó la prohibición de autorizar comisiones de servicio fuera del país, lo que implica que quedan suspendidos los viajes internacionales financiados por el Gobierno provincial para autoridades y personal político. Además, se dispuso recortar los gastos de cortesía y los eventos protocolares que no sean considerados indispensables.
Benavides subrayó que, de esta manera, se busca enviar una señal de disciplina fiscal hacia adentro del Poder Ejecutivo, haciendo hincapié en que las restricciones recaen sobre los niveles jerárquicos. La medida, insistió, se limita a la planta política y no modifica, según recalcó, el funcionamiento cotidiano de las áreas esenciales.
Motivo del DNU: caída de la coparticipación y revisión de contratos en dólares
En su exposición, la vocera vinculó directamente el DNU de Sáenz con el escenario nacional. El Gobierno provincial atribuyó el ajuste en sueldos y gastos políticos a la fuerte baja de la coparticipación que llega a Salta, lo que obligó a revisar la estructura de erogaciones más sensibles del presupuesto.
Benavides afirmó que el decreto se adoptó “ante la estrepitosa caída de la coparticipación”, y sostuvo que la administración provincial resolvió aplicar un control más estricto del gasto para resguardar las finanzas en este contexto económico. Según precisó, se trata de un “ajuste con precisión” destinado a no afectar al ciudadano en la prestación de servicios básicos.
Otro de los puntos centrales del DNU es la obligación de revisar todos los compromisos del sector público provincial pactados en moneda extranjera. La norma ordena la renegociación de contratos dolarizados, con la finalidad de adecuarlos al nuevo esquema de austeridad y reducir el impacto que puedan tener las variaciones del tipo de cambio sobre las cuentas públicas.
Desde la Gobernación se indicó que estas decisiones se inscriben en un programa de resguardo de los recursos provinciales frente a la merma de ingresos coparticipables. Además, se aclaró que el alcance principal es sobre la planta política y los gastos asociados al funcionamiento de los altos mandos, sin detallar plazos de vigencia del decreto ni posibles ampliaciones futuras del paquete.
Comparación con la política nacional y alcance del ajuste
Durante la conferencia, Benavides marcó diferencias entre la estrategia adoptada en Salta y las medidas del Gobierno Nacional. La funcionaria sostuvo que, mientras a nivel nacional se habla de “motosierra”, Sáenz optó por un “bisturí” para definir el recorte, en referencia a un ajuste focalizado sobre los sectores de mayor rango político.
La vocera insistió en que el programa de austeridad está diseñado para preservar la operatividad de los servicios esenciales, al tiempo que se recortan viajes, gastos protocolares y se congelan sueldos de altos funcionarios. Según la información difundida, las disposiciones se concentran en la estructura política del Ejecutivo y en la revisión de contratos en moneda extranjera que dependen del sector público provincial.
Las medidas comunicadas completan, por ahora, el contenido del DNU firmado por el gobernador, que comenzó a regir tras su publicación y comunicación oficial en la Casa de Gobierno.