El Congreso nacional retomó la discusión sobre posibles cambios a la Ley de Glaciares y, en medio de ese debate, el gobierno de Salta presentó su postura a través de dos funcionarios técnicos. En una reunión con legisladores nacionales, la representación salteña defendió que la decisión sobre el uso de los recursos naturales, incluida la actividad minera en zonas protegidas, debe quedar bajo la órbita provincial y no centralizarse en la Casa Rosada. Además, expusieron el peso actual de la minería en la economía salteña y advirtieron que la norma vigente podría limitar nuevos proyectos.
El gobierno de Salta reclama mayor margen para definir el uso de recursos naturales
En la exposición ante diputados y senadores, los enviados del gobierno de Salta insistieron en que la regulación de los recursos naturales debe permanecer en manos provinciales. La presencia técnica estuvo a cargo del secretario de Minería, Gustavo Carrizo, y del responsable del área ambiental, Sebastián Varela, quienes plantearon una posición coincidente frente a la comisión legislativa.
Ambos remarcaron que, desde la mirada salteña, son las jurisdicciones locales las que conocen en detalle el territorio, sus limitaciones y su potencial productivo. Por esa razón, señalaron que las provincias se consideran en mejores condiciones para establecer hasta dónde avanzar con la habilitación de proyectos económicos, en especial los ligados a la minería en zonas de alta sensibilidad ambiental.
Durante la reunión, los funcionarios también plantearon que la discusión no se reduce a cuestiones ambientales, sino que incluye la distribución de competencias entre Nación y provincias. En ese sentido, recalcaron que la decisión final sobre cada emprendimiento no debería concentrarse en el Gobierno nacional, sino sostener el esquema federal previsto para los recursos naturales.
Alcance de la Ley de Glaciares y su impacto en la agenda minera salteña
La presentación de Carrizo y Varela giró en torno al alcance actual de la Ley de Glaciares, una norma nacional que fija límites y zonas de exclusión para proteger reservas de agua y hielo. Explicaron que el texto vigente establece prohibiciones y restricciones en áreas consideradas estratégicas, lo que repercute en distintas actividades económicas que pretendan instalarse en esos territorios.
Según se detalló en la comisión, varias provincias con fuerte perfil minero buscan que se abra una instancia de revisión de la normativa para ganar mayor flexibilidad regulatoria. El planteo apunta a compatibilizar la protección ambiental con la expansión de proyectos mineros de gran escala, particularmente aquellos relacionados con el litio y otros minerales críticos que hoy concentran el interés de inversores internacionales.
En ese marco, la delegación de Salta sostuvo que la redacción actual de la ley podría convertirse en un obstáculo para el desarrollo de nuevas iniciativas productivas. Por ese motivo, los funcionarios defendieron la necesidad de introducir cambios que permitan avanzar con emprendimientos que, a su criterio, pueden ejecutarse con controles ambientales específicos definidos a nivel provincial.
Minería, litio y rol económico en la estrategia provincial
Para reforzar su postura, la comitiva salteña describió ante los legisladores la situación de la minería en la provincia y su aporte a la actividad económica. Indicaron que hoy existen numerosos proyectos en funcionamiento y otros en etapa de exploración o desarrollo, lo que ubica a la minería como uno de los sectores de mayor dinamismo productivo en la región.
En la exposición se mencionó, además, que el litio ocupa un lugar central en la estrategia de crecimiento de Salta, en línea con la demanda global por minerales clave para la transición energética. Bajo ese argumento, los representantes provinciales plantearon que cualquier modificación a la Ley de Glaciares debe tener en cuenta el equilibrio entre la protección de reservas de agua y la continuidad de las inversiones en la cadena minera. La reunión concluyó con la presentación de estos puntos de vista y el registro de las intervenciones en la comisión del Congreso nacional.