La Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto el archivo de la causa que investigaba la represión a jubilados durante una protesta frente al Congreso y ordenó avanzar con nuevas medidas de prueba. En la misma resolución, conocida el sábado 9 de mayo de 2026, el tribunal también apartó a los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, al considerar arbitraria la decisión que había dado por cerrado el expediente. El fallo además dispuso que se investigue a todos los responsables del operativo de seguridad.
La resolución fue firmada por la Sala II de Casación, integrada por Alejandro W. Slokar, Angela E. Ledesma y Guillermo J. Yacobucci. El tribunal intervino después de hacer lugar a un recurso presentado por la querella de Adolfo Pérez Esquivel, con el patrocinio de María del Carmen Verdú, según surge del fallo.
Para revisar lo actuado, los magistrados tuvieron en cuenta material audiovisual difundido por TN. De acuerdo con lo señalado en la resolución, esas imágenes muestran el accionar policial contra manifestantes jubilados que no ofrecían resistencia. Ese punto fue uno de los ejes centrales para reabrir la investigación.
La Casación anuló el cierre de la causa por la represión
El expediente había sido archivado a partir de la intervención del fiscal Eduardo Taiano, pero la Cámara Federal de Casación Penal resolvió revertir esa decisión. Así, la pesquisa seguirá abierta y con nuevas medidas para reconstruir lo ocurrido durante la movilización frente al Congreso.
En su voto, Slokar sostuvo que el operativo de seguridad no actuó para garantizar derechos constitucionales, sino que funcionó como un obstáculo sin justificación para el uso de la fuerza. Además, advirtió sobre la presencia de un “paradigma de combate” en las fuerzas de seguridad.
El juez también remarcó que la violencia estatal sobre sectores vulnerables puede generar un “efecto desaliento” sobre la participación pública. Según planteó en la resolución, la falta de control judicial frente a excesos represivos impacta sobre el debate público y sobre el funcionamiento democrático.
Qué dijeron los jueces federales de Casación sobre las pruebas
Entre los elementos valorados por el tribunal aparecieron registros audiovisuales que, según la resolución, permiten observar una intervención policial sobre jubilados que no oponían resistencia. Casación entendió que ese material debía ser considerado dentro de la investigación y no podía quedar afuera al momento de resolver el archivo.
Además, el fallo incorporó referencias a estándares de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esos criterios fijan la obligación estatal de investigar hechos de violencia contra manifestantes pacíficos y de evitar situaciones de impunidad.
Ledesma acompañó el voto de Slokar y, a la vez, cuestionó la actuación del fiscal que intervino en el arranque del caso. Yacobucci, por su parte, votó en disidencia al entender que el recurso no era admisible.
Quiénes fueron apartados y cómo sigue el expediente
En la misma resolución, la Sala II apartó a Bruglia, Bertuzzi y Llorens. Para Casación, la decisión previa que había cerrado la causa resultó arbitraria, por lo que dejó sin efecto ese paso y ordenó continuar con la producción de prueba.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el fallo tomó relevancia en un contexto de cuestionamientos internacionales sobre las libertades públicas en el país. La resolución del sábado 9 de mayo de 2026 ordenó investigar a todos los responsables del operativo y avanzar con nuevas medidas dentro del expediente.