El Gobierno nacional anunció que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental vigente desde 2010 en Argentina, con eje en los criterios de internación de cada paciente, en especial en casos de adicciones. La iniciativa introduce cambios para habilitar internaciones sin consentimiento, redefine el concepto de riesgo y establece la intervención obligatoria de psiquiatras, con el objetivo de ajustar la atención en salud mental a la realidad de 2026 en todo el país.
De acuerdo con el texto oficial, la propuesta apunta a “modernizar la normativa vigente, mejorar su implementación en todo el país y garantizar intervenciones más oportunas ante situaciones de riesgo” en salud mental. El proyecto será remitido al Congreso de la Nación para su debate legislativo, con el Poder Ejecutivo como autor de la iniciativa y con un fuerte foco en las personas con consumos problemáticos.
La discusión se dará en un contexto en el que distintos sectores sanitarios y judiciales vienen señalando dificultades para intervenir en episodios críticos vinculados a adicciones y trastornos psiquiátricos, especialmente cuando el paciente rechaza el tratamiento. En este marco, la reformulación de la ley busca modificar las condiciones en las que el sistema puede actuar frente a situaciones de riesgo en Argentina.
Internaciones sin consentimiento en casos de adicciones y nuevo criterio de riesgo
Uno de los cambios más sensibles del borrador oficial es la posibilidad de internar a personas con consumo problemático de sustancias aun cuando no acepten el tratamiento. Actualmente la ley exige el consentimiento del paciente para la internación, incluso en gran parte de los casos de adicciones. El proyecto plantea que esta exigencia deja sin herramientas a familias y equipos de salud ante conductas autodestructivas o violentas.
El médico y diputado Bernardo Biella respaldó públicamente esta modificación y explicó el fundamento clínico de la propuesta. “Una persona con problemas de adicciones no tiene voluntad, su cerebro está tomado por las drogas. Por eso hay que permitir que los familiares puedan intervenir sin necesidad de judicializar”, sostuvo, al marcar que muchas veces las demoras en conseguir una orden judicial terminan agravando el cuadro del paciente.
El documento que acompaña el proyecto señala que la normativa actual se centra en un criterio de “riesgo cierto e inminente” para sí o para terceros, evaluado solo en el momento puntual de la consulta médica. Para el Poder Ejecutivo, esa mirada restringida impide adoptar medidas preventivas en salud mental, aun cuando existan antecedentes cercanos de episodios graves o intentos de autoagresión por parte del paciente.
Por eso, la iniciativa propone reemplazar ese enfoque por un criterio “situacional” de riesgo. El comunicado oficial detalla que la evaluación deberá contemplar “el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas, y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento”. De este modo, se habilita que la decisión de internar de manera involuntaria surja de la combinación entre el estado clínico actual, la historia reciente y el pronóstico.
Rol obligatorio del psiquiatra y nuevos plazos para la intervención judicial
Otro aspecto central del proyecto se concentra en quiénes pueden definir una internación involuntaria. La propuesta oficial fija que uno de los profesionales que evalúe al paciente deberá ser, de forma obligatoria, un médico psiquiatra. En la redacción vigente de la ley, la participación del psiquiatra no está garantizada en todas las decisiones de internación.
Según el texto difundido, la intención es “garantizar una evaluación clínica más completa y reducir el riesgo de confundir cuadros médicos con problemas exclusivamente de salud mental”. Con esta modificación, el Poder Ejecutivo apunta a que diagnósticos diferenciales, por ejemplo entre situaciones neurológicas, intoxicaciones y trastornos psiquiátricos, queden siempre bajo revisión especializada.
En cuanto a los procedimientos de urgencia, el proyecto mantiene el principio de que la internación en salud mental es una medida de carácter excepcional. Sin embargo, introduce precisiones operativas para facilitar la respuesta rápida del sistema sanitario cuando se detecta riesgo elevado en un paciente, especialmente en guardias y servicios de emergencias.
El comunicado oficial indica que, frente a una situación urgente, el médico que atienda el caso podrá disponer de manera inmediata una internación involuntaria. Esa indicación deberá ser revisada y confirmada por un equipo interdisciplinario en un plazo máximo de 24 horas. Además, se extiende de 10 a 24 horas el tiempo límite para realizar la notificación a la Justicia sobre la internación, lo que busca compatibilizar la urgencia asistencial con los controles legales.
Cambios en internaciones voluntarias y comunicación con la Justicia
La reforma no solo apunta a los casos sin consentimiento. También introduce ajustes en las internaciones voluntarias, es decir, aquellas en las que el paciente ingresa al sistema de salud mental por decisión propia. El proyecto establece que, si una persona internada pide el alta, primero deberá evaluarse su capacidad al momento de la solicitud.
Si el equipo considera que la capacidad de decisión del paciente está afectada, la internación podría transformarse en involuntaria, siguiendo los parámetros fijados en la nueva ley y con la correspondiente comunicación al Poder Judicial. De esta manera, se pretende evitar altas precipitadas en cuadros graves, pero manteniendo el control judicial como resguardo de derechos.
El Gobierno remarca en el documento que la comunicación con la Justicia seguirá siendo obligatoria en toda internación involuntaria, tanto en el inicio como en los controles periódicos. La ampliación de plazos para notificar busca, según la explicación oficial, adecuar las exigencias legales a los tiempos reales de trabajo en hospitales y centros de salud de todo el país.
Articulación del sistema de salud mental y marco sanitario general
Dentro del paquete de modificaciones, el Poder Ejecutivo pone énfasis en la articulación entre los distintos dispositivos de atención de salud mental en Argentina: hospitales generales, centros especializados, guardias, servicios ambulatorios y redes comunitarias. El objetivo declarado es que el sistema disponga de herramientas específicas para intervenir de manera temprana y coordinada en situaciones complejas.
Al presentar los lineamientos generales, el Gobierno ubicó el proyecto dentro de una estrategia sanitaria más amplia. Según el comunicado, “la propuesta se inscribe en una política sanitaria que busca fortalecer las capacidades del sistema de salud, dotándolo de herramientas concretas para actuar con oportunidad, eficacia y responsabilidad frente a problemáticas complejas”.
Desde la Casa Rosada indicaron que el texto final será enviado primero al Senado para su tratamiento, donde se abrirá el debate con especialistas, organizaciones del sector y legisladores de las diferentes fuerzas políticas, en el marco del análisis de la nueva regulación sobre salud mental y adicciones en el país.