El Gobierno nacional ultima un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, la implementación de la boleta única de papel a nivel país y un rediseño profundo del esquema de financiamiento de campañas y del régimen de partidos políticos. La iniciativa, que forma parte de la agenda legislativa del oficialismo para este año, es considerada por el entorno presidencial como uno de los cambios institucionales más fuertes de la gestión de Javier Milei y podría ser anunciada en la apertura de sesiones del Congreso.
Según fuentes oficiales, la Casa Rosada evalúa que sea el propio Milei quien presente el paquete de reforma electoral el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa, en el marco del discurso de inicio de sesiones ordinarias. El proyecto combina la eliminación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), la incorporación de la boleta única de papel y modificaciones en reglas clave que hoy regulan cómo se financian y se organizan los partidos y las campañas.
En el corazón de la propuesta, el oficialismo plantea cambios que impactan de lleno en la competencia entre fuerzas políticas nacionales –incluidos el peronismo, el PRO, el kirchnerismo y otros espacios de la oposición– y también en la forma en que se desarrollan las elecciones legislativas y presidenciales, con efectos directos sobre los costos y la organización de cada comicio.
La eliminación de las PASO y el avance de la Boleta Única de Papel
Dentro del borrador de reforma electoral, el punto más sensible para el sistema político es la decisión de avanzar con la eliminación de las PASO, un mecanismo que marcó la dinámica electoral de los últimos años y que fue utilizado por el peronismo, el kirchnerismo, Juntos por el Cambio y otros espacios para ordenar candidaturas. Tras debates internos, La Libertad Avanza selló su postura y optó por incluir la supresión de las primarias en el texto que se enviará al Congreso.
De acuerdo con una fuente de alto rango del Ejecutivo, la definición sobre las PASO generó discusiones dentro del oficialismo, aunque finalmente se impuso la línea que el espacio libertario venía sosteniendo desde la campaña. En ese esquema, el peso de las decisiones quedaría en manos de cada partido o frente electoral, que deberán definir cómo resuelven sus internas sin el mecanismo de primarias obligatorias.
En paralelo, el proyecto establece la adopción de la boleta única de papel en todo el territorio nacional. El documento técnico, elaborado por el asesor presidencial Santiago Caputo, prevé que este esquema se aplique a las elecciones nacionales en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un diseño unificado para todo el país.
Aunque cada distrito mantiene la potestad de fijar su propio sistema para comicios locales, en el oficialismo anticipan que intentarán impulsar el debate en las legislaturas provinciales para extender el uso de la boleta papel única también a las elecciones de gobernador e intendentes. La apuesta es que el cambio no quede restringido a la categoría nacional, sino que avance hacia un modelo homogéneo en todo el mapa electoral.
Financiamiento de campañas y cambios
Otro tramo central del proyecto de reforma electoral apunta a las reglas que ordenan el financiamiento de la política. La iniciativa propone introducir modificaciones tanto en los aportes privados como en el sostén estatal, con impacto directo en cómo se financian las campañas presidenciales, legislativas y las estructuras partidarias en general.
En ese contexto, el borrador contempla elevar los topes permitidos para los aportes del sector privado a partidos y campañas. Al mismo tiempo, incorpora una medida de fuerte peso: la eliminación de los espacios gratuitos de publicidad electoral en radio, televisión y otros medios de comunicación, junto con el fin del financiamiento público directo de las campañas electorales.
Dirigentes libertarios que siguen de cerca el armado del proyecto señalan que la intención es “simplificar” y “unificar” el sistema, tanto en la boleta papel como en la cantidad de instancias de votación y en el modo en que se reparten los recursos. Sostienen que, al reducir etapas y reorganizar la carga económica, se buscaría bajar costos operativos y evitar que los votantes tengan que ir varias veces a las escuelas o hacer múltiples filas el mismo día.
Veda de encuestas, fiscal general y el rol del Congreso
Además de la eliminación de las PASO y la extensión de la boleta única de papel, el borrador incluye cambios sobre la difusión de encuestas y la estructura de control electoral. Uno de los puntos que se analiza es acortar la veda para publicar sondeos de opinión antes de cada elección, que hoy es de ocho días previos al comicio. La propuesta en estudio reduce ese plazo a tres días, habilitando la difusión de encuestas más cerca de la fecha de votación.
El esquema agrega también la creación de una figura nueva: un fiscal general con competencia ante la Cámara Nacional Electoral. Este funcionario tendría a su cargo tareas de control y aplicación de la normativa en materia electoral, con el objetivo de concentrar atribuciones de fiscalización hoy distribuidas en distintos organismos.
Todo el paquete de reforma electoral, que abarca desde las PASO hasta la boleta única de papel y el financiamiento político, forma parte de la hoja de ruta legislativa que el oficialismo prevé impulsar en el Congreso durante este año. Según indican en el entorno presidencial, la Casa Rosada trabaja para que la propuesta esté lista para ser presentada el 1 de marzo durante la apertura de las sesiones ordinarias.