El Gobierno nacional confirmó que enviará al Congreso una amplia Reforma del Código Penal con foco en el endurecimiento de penas y en delitos vinculados a la seguridad, tránsito y uso de armas. El proyecto, presentado en Casa Rosada por Manuel Adorni y Patricia Bullrich, apunta a modificar criterios de legítima defensa, elevar castigos por conducción imprudente y limitar beneficios a condenados por delitos graves, en un paquete que el Ejecutivo definió como parte de su política de “mano dura”. Además, se anunció un sistema de alertas masivas para emergencias en todo el país.
La Reforma del Código Penal que el Ejecutivo prepara para el Congreso
En una conferencia de prensa en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Poder Ejecutivo enviará “en los próximos días” al Parlamento un proyecto de Reforma integral del Código Penal. Según explicó, la iniciativa se inscribe en una línea de política criminal más dura, con foco en el agravamiento de penas y la reducción de beneficios para condenados por delitos graves.
Adorni describió el proyecto como una herramienta para “poner orden donde antes reinaba la barbarie”, y señaló que la doctrina que impulsa el Gobierno es que “el que las hace, las paga”. En ese marco, remarcó que la meta central es que “las penas se agraven, la Justicia llegue a tiempo y se termine la puerta giratoria”, en referencia a la salida temprana de personas condenadas.
El funcionario planteó además que esta Reforma del Código Penal marca un quiebre con lo que llamó “doctrina zaffaronista”. Según su visión, ese enfoque habría convertido “al victimario en víctima ante los ojos de la ley”, dejando a familiares de personas asesinadas en “el sórdido silencio de la injusticia y la impotencia”. Durante su exposición, también destacó públicamente “el enorme aporte de Patricia Bullrich al restablecimiento del orden”.
Adorni enmarcó el proyecto dentro de un conjunto de “reformas de segundo orden” contempladas por la gestión nacional. A su criterio, cuando Bullrich asumió en el área de Seguridad, “la Argentina estaba sumida en un verdadero baño de sangre, los piqueteros eran dueños de la calle y ciudades como Rosario eran zonas liberadas para los narcoterroristas”, por lo que ahora el Ejecutivo busca cambios normativos que acompañen esa visión.
Penas más duras, nuevos delitos y cambios en la legítima defensa
La ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich, fue la encargada de detallar el contenido del proyecto de Reforma del Código Penal. Explicó que el texto apunta a “dar vuelta la realidad de cuáles eran los más favorecidos: los delincuentes, los violadores y los asesinos; que la Justicia llegue a tiempo y que haya cumplimiento efectivo de las penas”. Subrayó que se prevé un claro “agravamiento de las penas” y la incorporación de nuevas figuras penales y criterios de juzgamiento.
Entre los puntos que destacó, Bullrich mencionó la inclusión específica de la “conducción imprudente”, un reclamo que atribuyó a las organizaciones de familiares de víctimas viales como Madres del Dolor. Allí, el proyecto eleva los márgenes de castigo: la funcionaria precisó que la pena actual va de uno a tres años, y la forma agravada de dos a cuatro; con la reforma, pasaría “de dos a seis, y si es agravada, de tres a seis”, reforzando el castigo por conductas ligadas a la seguridad vial y accidentes fatales.
La ministra explicó que estos cambios forman parte de un esquema general que endurece el tratamiento penal de situaciones relacionadas con el tránsito. La intención oficial es que la conducción imprudente deje de ser vista como un hecho menor y tenga un encuadre más severo, en línea con el resto del paquete de penas más altas previsto en la reforma del Código Penal.
Otro eje señalado por Bullrich fue el “abuso de armas”. Afirmó que, incluso si las armas “no están cargadas”, ese comportamiento pasará a ubicarse entre los delitos con sanciones más fuertes. También resaltó modificaciones en la noción de legítima defensa, al indicar que “la presunción va a estar siempre a favor de quién se defiende”, lo que reordena el enfoque sobre enfrentamientos armados y episodios de violencia donde intervienen civiles o fuerzas de seguridad.
Cumplimiento efectivo y participación de las víctimas
En cuanto al cumplimiento de las condenas, Bullrich remarcó que las perpetuas y las sentencias por delitos considerados graves serán de cumplimiento efectivo, sin acceso a salidas transitorias ni otros beneficios. Según sus palabras, “se terminó que ‘me voy, salgo para estudiar, salgo para la…’. No, nada, todo cumplimiento efectivo”. De esta manera, el proyecto busca limitar de forma estricta las posibilidades de morigerar la ejecución de las penas impuestas por los tribunales.
La funcionaria añadió que la iniciativa contempla un rol más activo para las personas damnificadas por delitos. Señaló que “las víctimas van a tener una posibilidad de intervenir en todo momento”, lo que, según sus dichos, implicaría cambios en los procedimientos para que quienes sufrieron un hecho delictivo puedan participar con mayor presencia a lo largo de la causa penal.
De acuerdo con Bullrich, como resultado del nuevo esquema sancionatorio previsto en la Reforma del Código Penal, “el 82% de los delitos van a ser con prisión efectiva”. No brindó mayores detalles estadísticos adicionales, pero ubicó ese dato como una de las claves del proyecto respecto del diseño del sistema carcelario y la política de castigos.
Corrupción, debate legislativo y sistema de alerta temprana
Uno de los puntos que había generado expectativa en el debate público previo era la posible imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Al respecto, Bullrich aclaró que ese aspecto finalmente no fue incorporado al texto que será remitido al Congreso. Sin embargo, dejó abierta la puerta a modificaciones en el trámite legislativo, al indicar que “lo podemos pensar” durante la discusión parlamentaria.
Junto con la presentación del proyecto de Reforma del Código Penal, Adorni y Bullrich anunciaron la puesta en marcha del Sistema de Alerta Temprana (Alertar). De acuerdo con la información oficial, se trata de una herramienta que permitirá enviar avisos en tiempo real a la población ante desastres naturales, emergencias meteorológicas y advertencias de seguridad pública, a través de los teléfonos móviles en las zonas afectadas.
Según detallaron, el sistema Alertar contará con una inversión de 12.000 millones de pesos provenientes del Fondo de Servicio Universal (FSU). El objetivo es que un mismo mensaje pueda llegar de forma simultánea a todos los dispositivos en el área alcanzada por una emergencia, respetando la privacidad y el anonimato de los usuarios, tal como se consignó en el comunicado difundido por el Gobierno nacional.