La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto que incorpora sanciones directas para los padres o tutores cuando sus hijos sean denunciados por hechos de acoso escolar y bullying en establecimientos educativos de la provincia. La reforma, que modifica el Código Contravencional, dispone multas, trabajos comunitarios, tratamiento psicológico obligatorio y, en última instancia, arresto de hasta 30 días para quienes no cumplan con las órdenes judiciales. La iniciativa fue girada al Poder Ejecutivo salteño para su promulgación, luego de un debate en el que se subrayó la necesidad de actualizar las herramientas legales frente a la violencia en las escuelas.
Proyecto aprobado en Diputados para responsabilizar a padres por bullying
Este martes, la Cámara de Diputados dio media sanción definitiva a un proyecto que modifica el Código Contravencional con sanciones específicas para padres por casos de bullying escolar. La propuesta había llegado al recinto luego de pasar por el Senado, donde fue impulsada por la senadora Bettina Navarro y recibió aportes de distintos bloques antes de su tratamiento en la Cámara baja.
Según el texto aprobado, la Justicia podrá intervenir cuando exista una denuncia o una notificación formal emitida por una escuela que deje constancia de hechos de acoso o violencia entre alumnos. A partir de ese momento, los adultos responsables del menor deberán presentarse ante el juez y cumplir las medidas que se dispongan en el marco del expediente contravencional.
El núcleo de la reforma es trasladar parte de la responsabilidad a los padres y tutores que, una vez advertidos por la institución educativa y por la autoridad judicial, no actúen para encauzar la conducta del menor. La Cámara de Diputados de Salta, de este modo, incorpora a la normativa local una herramienta específica para intervenir cuando el entorno familiar permanece ausente frente a la reiteración de episodios de bullying.
Entre las sanciones previstas se encuentran el pago de multas económicas, la realización de tareas comunitarias y la obligación de concurrir a espacios de atención psicológica. Estas medidas apuntan a que los adultos se involucren de manera activa en la resolución del conflicto, en coordinación con la escuela y con los organismos públicos que intervengan en la causa.
Además, el Código Contravencional queda habilitado para aplicar arresto de hasta 30 días a padres o tutores que se nieguen a colaborar o incumplan las disposiciones judiciales. Sin embargo, el articulado aclara que esta opción debe usarse como último recurso y puede ser reemplazada si el responsable demuestra voluntad concreta de cooperar con la investigación y con las estrategias de abordaje del caso.
Enfoque del proyecto: compromiso familiar ante el bullying escolar
Durante el tratamiento en el recinto, la diputada Socorro Villamayor explicó que el objetivo central del proyecto es asegurar un compromiso real de los padres frente al bullying y evitar la inacción familiar. La legisladora remarcó que la modificación no tiene como intención aplicar de forma automática penas de detención, sino garantizar que los adultos comparezcan ante la Justicia y acompañen los procedimientos dispuestos.
Villamayor insistió en que la preocupación principal es que, una vez notificados por la escuela de una situación de acoso, los padres no desatiendan su deber de intervenir. El nuevo esquema normativo pretende impedir que, pese a las advertencias, los adultos se mantengan al margen, lo que facilita que las agresiones se repitan sin una respuesta clara del entorno familiar.
En el recinto se repitió la idea de que la intervención del sistema educativo y del Estado resulta insuficiente si no hay una presencia activa de madres, padres o tutores. Por eso, se apuntó a que la norma funcione como un mecanismo para forzar ese acompañamiento, vinculando de manera directa la omisión de los adultos con consecuencias concretas en el plano contravencional.
Distintos diputados que tomaron la palabra pusieron el foco en el aumento de la violencia en los entornos escolares y en la urgencia de contar con herramientas jurídicas actualizadas para proteger a niños, niñas y adolescentes. En esa línea, se señaló que el Código Contravencional necesitaba incorporar figuras específicas vinculadas al acoso entre pares, dado que muchos de estos conflictos no encontraban un cauce adecuado dentro de la normativa vigente.
El debate giró, además, en torno a cómo reforzar la relación entre familias y escuelas para que las situaciones denunciadas no queden sin seguimiento. Se planteó que el nuevo esquema de responsabilidades puede contribuir a que los casos de bullying dejen de tratarse solo dentro del aula o entre docentes y pasen a tener también una dimensión judicial cuando sea necesario.
Argumentos legislativos y casos citados en el debate
En el tramo final de la discusión, los diputados salteños mencionaron episodios graves de violencia escolar como marco para fundamentar el proyecto contra el bullying. Entre ellos, Villamayor aludió al caso de la ciudad santafesina de San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años llevó un arma a la escuela, salió del baño y efectuó disparos contra sus compañeros. Uno de los tiros impactó en Ian Cabrera, de 13 años, quien murió por la agresión.
De acuerdo con lo reseñado en el recinto, con información tomada de publicaciones de Infobae, en ese momento no estaba confirmado si el joven atacante y Cabrera se conocían previamente. Los datos disponibles indicaban que no habría existido un vínculo directo y que la víctima no aparecía relacionada con las agresiones que el presunto tirador venía sufriendo de parte de otros alumnos.
Durante el debate se incorporaron testimonios que señalaban que el adolescente sindicado como autor del ataque sería víctima de bullying sistemático. Para ilustrar esa situación, se mencionó un video difundido en la red social X en el que se lo veía sentado, con el rostro descubierto, mientras otro estudiante le pateaba la silla. Según las fuentes oficiales citadas en la Legislatura salteña, no se habían registrado hechos de violencia previos protagonizados por el joven.
Los legisladores también detallaron información sobre el contexto familiar del adolescente, siempre sobre la base de los datos difundidos a nivel nacional. Se indicó que el padre, camionero, se había ido del hogar dos años antes y se había radicado en Entre Ríos, en la zona de Federación, en un cuadro marcado por un supuesto “consumo problemático”.
Respecto de la madre, se indicó que era exempleada del Ministerio de Educación de Santa Fe y que, al momento del hecho, contaba con licencia psiquiátrica. La hermana mayor, de 18 años, cursaba el primer año de la universidad. Un informe al que aludieron los diputados describía conflictos en el interior del grupo familiar y destacaba la ausencia del padre como un elemento relevante para entender la situación del joven.
En el recinto se leyeron, además, testimonios de vecinos y conocidos que describieron al adolescente como un chico “tranquilo” y “sin problemas”. No obstante, se incorporó la declaración de un padre de una alumna de 5° año de la Escuela N°40, quien afirmó que, una semana antes del hecho, el joven habría dicho que los iba a “matar a todos”. Estos elementos formaron parte del cuadro general con el que los diputados de Salta justificaron la necesidad de actuar sobre el entorno familiar en casos de violencia escolar y bullying.
La combinación de estos antecedentes, sumada a la preocupación por situaciones similares en distintas provincias, fue uno de los argumentos repetidos para acompañar la reforma del Código Contravencional. La sesión concluyó con la aprobación del proyecto y su envío al Poder Ejecutivo para la correspondiente promulgación.