La Justicia de Salta resolvió mantener la prisión preventiva de una mujer investigada por estafas vinculadas con supuestas contrataciones mineras y, además, amplió la acusación en su contra a 57 hechos. La medida fue confirmada durante una audiencia de formalización de la investigación penal, en la que intervino el Ministerio Público Fiscal y en la que el juez rechazó un planteo de la defensa. La causa se originó por denuncias de personas que dijeron haber entregado dinero tras recibir promesas de trabajo en actividades asociadas al sector minero.
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, la sospechosa fue detenida el 10 de marzo en el marco de una pesquisa impulsada por la Unidad de Delitos Económicos Complejos. La acusación sostiene que la maniobra incluía ofrecimientos de empleo, pedidos de pagos por trámites y estudios preocupacionales, y el uso de nombres comerciales para dar apariencia de legalidad a convocatorias de personal.
La acusación sumó 57 hechos de estafas
Durante la audiencia, la auxiliar fiscal Eugenia López Ahanduni representó al Ministerio Público Fiscal por indicación de la fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio. En esa instancia, el juez Ignacio Colombo tuvo por formalizada la ampliación de la imputación y dispuso que siguiera vigente la prisión preventiva de la acusada.
La investigación avanzó a partir de presentaciones hechas por varias personas que señalaron haber sido contactadas con la promesa de ingresar a trabajos ligados a proyectos mineros. Según esa línea de investigación, la mujer ofrecía incorporaciones laborales y generaba expectativas de contratación para distintos perfiles.
Entre los posibles afectados aparecen profesionales y trabajadores convocados para tareas técnicas y operativas. La pesquisa menciona ingenieros, topógrafos y operarios, a quienes se les habría hecho creer que podían acceder a puestos en obras vinculadas con la minería.
Las contrataciones mineras eran presentadas como procesos formales
Siempre según la acusación, la mujer se mostraba como una profesional del área técnica y utilizaba títulos que no pudo respaldar. Ese punto quedó incorporado dentro del análisis que realizan los investigadores sobre cómo se habría montado la operatoria bajo sospecha.
La Fiscalía indicó además que se habrían utilizado distintas estructuras comerciales para sostener una imagen empresarial y dar seriedad a las convocatorias. En el expediente se mencionan “Baez Mamani Group”, “Rimay Group S.R.L.” y “Consultora Bomblin” como nombres empleados en el marco de las maniobras investigadas.
Esas firmas, de acuerdo con la causa, habrían servido para llamar personal, emitir documentación ligada a aparentes selecciones y presentar supuestos vínculos con proyectos mineros. Así, las contrataciones mineras eran ofrecidas como si se tratara de procesos reales y en marcha.
Qué pagos se investigan y cómo sigue la causa
La hipótesis fiscal sostiene que, en medio de esas ofertas, se les pedía dinero a los postulantes por conceptos relacionados con el supuesto ingreso laboral. Entre esos cobros se mencionan trámites administrativos y estudios preocupacionales, que debían abonarse antes de una presunta incorporación.
Según la acusación, esos pagos se habrían realizado mediante transferencias bancarias a cuentas de terceros vinculados con el grupo bajo investigación. Ese movimiento de dinero forma parte de los elementos reunidos por la Unidad de Delitos Económicos Complejos y por personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.
La causa no alcanza solamente a la mujer que quedó con prisión preventiva. La Fiscalía informó que también hay otras cuatro personas presuntamente relacionadas con las maniobras investigadas y que sus imputaciones se concretarán en los próximos días.