La Justicia dictó prisión preventiva para 7 imputados investigados por una presunta organización dedicada al robo de ganado y a la comercialización ilegal de carne en el Valle de Lerma. La medida fue resuelta por el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino, luego de un pedido presentado por la Fiscalía en una audiencia flexible y multipropósito. La causa se abrió a partir de denuncias de productores rurales de la zona y apunta a una estructura que, según la pesquisa, operaba con robo de bovinos, faena clandestina y venta de mercadería sin control sanitario ni trazabilidad.
La prisión preventiva fue dictada para los 7 imputados
La resolución judicial alcanzó a siete personas que están siendo investigadas por su presunta participación en una banda vinculada al abigeato y a la venta ilegal de carne. En la audiencia intervino el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, en representación del Ministerio Público Fiscal.
Según se informó, el magistrado hizo lugar al planteo fiscal y dispuso la medida cautelar al considerar que existían riesgos procesales. Entre esos puntos, evaluó la posibilidad de fuga y también un posible entorpecimiento de la investigación, que todavía tiene diligencias pendientes dentro del expediente.
Además, el juez tuvo en cuenta la gravedad de los hechos atribuidos. De manera provisoria, los acusados fueron señalados como presuntos coautores del delito de asociación ilícita, en concurso real con abigeato doblemente agravado, “por haberse cometido en despoblado y en banda”. A eso se suman infracciones a normas sanitarias y de seguridad alimentaria.
La investigación en el Valle de Lerma empezó con denuncias de productores
La pesquisa se inició tras presentaciones realizadas por productores rurales del Valle de Lerma, quienes venían reportando reiterados robos de animales en distintas fincas. A partir de esos hechos, se pusieron en marcha tareas de análisis criminal y otras medidas para seguir el rastro de la maniobra denunciada.
De acuerdo con los elementos reunidos hasta ahora, los sospechosos habrían entrado a establecimientos rurales en horarios de poca circulación para sustraer bovinos. Después, siempre según la hipótesis de la causa, los animales eran llevados a sectores alejados de los centros urbanos, donde se realizaba la faena clandestina.
Luego, la carne era trasladada en vehículos que habrían sido usados por la organización para incorporar el producto al circuito informal de comercialización. Esa secuencia forma parte de la línea investigativa que expuso la Fiscalía al pedir la prisión preventiva para los 7 imputados.
Allanamientos, secuestros e intervención de comercios en la causa
Durante los procedimientos ordenados en el marco del expediente, se concretaron allanamientos simultáneos con resultados positivos. En esos operativos se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, elementos que serían utilizados para la faena y el traslado, además de carne cuyo origen no pudo ser acreditado.
También se dispuso la intervención de locales comerciales donde, de acuerdo con la hipótesis fiscal, se habría vendido la mercadería obtenida por la banda. En esos lugares se detectaron productos sin documentación sanitaria ni trazabilidad, un punto que quedó incorporado a la investigación.
La causa sigue abierta y no se descartan nuevas medidas procesales. Según la información oficial, la investigación continúa en curso y también podría avanzar con una ampliación de imputaciones a otros posibles integrantes de la estructura bajo análisis.