La asociación de consumidores Protectora presentó una demanda colectiva contra Bazar Avenida ante la Justicia de Salta por préstamos otorgados, principalmente, a trabajadores estatales provinciales. La entidad cuestionó tasas que habrían llegado al 733,50% anual y solicitó suspender los embargos y descuentos salariales vinculados con esas deudas.
El expediente quedó en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación. Además de revisar las tasas aplicadas, la presentación busca dejar sin efecto cláusulas de intereses y detener procesos ejecutivos iniciados contra personas alcanzadas por los créditos.
Las tasas de los préstamos que quedaron bajo cuestionamiento
Protectora incorporó casos puntuales para respaldar su planteo judicial. Uno de ellos corresponde a un empleado que habría recibido $450.000 y luego firmó un pagaré por $2.395.035, con una Tasa Efectiva Anual consignada del 733,50%.
La demanda también menciona el caso de una trabajadora provincial que habría obtenido un crédito de $248.000. De acuerdo con la documentación presentada, el pagaré posterior fue por $1.319.930,40 y la operación registró una TEA del 710,02%.
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La asociación sostuvo que los contratos habrían utilizado una modalidad común y que las condiciones observadas podrían afectar a un número importante de consumidores salteños incluidos en las operaciones relevadas.
Más de 700 operaciones figuran en la documentación presentada
Según Protectora, los registros incorporados a la causa provienen de información presentada por la propia firma ante la Dirección General de Rentas de Salta. Allí figurarían 357 préstamos realizados en mayo de 2024 y otros 364 durante junio de 2024.
Entre los deudores registrados habría numerosos empleados de la administración provincial. Una parte de esas operaciones ya sería objeto de reclamos judiciales mediante descuentos directos aplicados sobre los haberes de los trabajadores.
El pedido judicial incluye frenar embargos sobre salarios
Como medida cautelar, Protectora requirió la paralización de los juicios ejecutivos vinculados a los contratos alcanzados por la acción colectiva. También pidió interrumpir de manera transitoria los descuentos salariales de las personas involucradas.
La presentación reclama, además, la nulidad de las cláusulas referidas a los intereses y daños punitivos cercanos a $1.000 millones. El monto solicitado se relaciona con el conjunto de préstamos atribuidos a la empresa demandada.
La causa fue puesta en conocimiento de la Procuración General de la Provincia y la demanda solicitó evaluar una posible intervención del fuero penal por las características denunciadas en las operaciones.