Los gremios de mayor peso en el transporte, los bancos, el Estado y el comercio se preparan para un paro general de la CGT que apunta a detener durante veinticuatro horas buena parte de la actividad económica en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El sindicato de Camioneros, uno de los actores más influyentes de la central obrera, anticipó que buscará una detención total de sus tareas, lo que incluye logística, reparto y recolección de residuos en todo el país. La medida fue convocada por la Confederación General del Trabajo y cuenta con la adhesión de las principales organizaciones del sector privado y estatal.
Camioneros endurece su postura y se alinea con la cúpula de la CGT
El secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, confirmó que el gremio marchará en línea con el paro nacional convocado por la CGT y adelantó que la intención es que no haya actividad alguna vinculada al sindicato durante la jornada de protesta. Según explicó, la conducción camionera pretende que la huelga tenga un impacto fuerte tanto en los grandes centros urbanos como en las ciudades del interior.
“Nos jugamos la vida el día jueves”, sostuvo Moyano en declaraciones radiales, al describir el nivel de compromiso que asume el sindicato con la medida. Remarcó que la organización no solo se adherirá formalmente al paro, sino que trabajará para garantizar la paralización de la actividad en todos los sectores donde tiene presencia, desde el transporte de cargas hasta la recolección de basura.
El referente gremial detalló que, antes de llegar a esta decisión, la CGT desplegó una estrategia en tres planos frente al proyecto de reforma laboral. Recordó que la central obrera apostó primero al diálogo con funcionarios nacionales, luego acudió a la Justicia con presentaciones formales y, como tercer paso, protagonizó movilizaciones y acciones en la calle. Según su evaluación, ninguno de esos caminos logró modificar el contenido central de la iniciativa oficial.
Por ese motivo, explicó que se resolvió escalar en la conflictividad con un paro general de alto acatamiento, donde Camioneros se reservó un rol central por su capacidad de incidir en la circulación de mercaderías y servicios básicos. La conducción del gremio entiende que la fuerza de la medida se verá reflejada en el freno de la logística, un sector clave para el funcionamiento cotidiano de la economía.
Reforma laboral, licencias médicas y críticas al Congreso
Entre los puntos más discutidos del proyecto oficial, Moyano resaltó un artículo vinculado a las licencias médicas, al que señaló como el factor que terminó de profundizar la confrontación. De acuerdo con su relato, esa disposición fue tomada por los sindicatos como un límite inaceptable y aceleró la definición de reforzar las medidas de fuerza bajo el paraguas del paro de la CGT.
El dirigente adelantó además que, en paralelo a la huelga, numerosos trabajadores recurrirán a la vía judicial para presentar amparos orientados a suspender, aunque sea de manera provisional, los puntos de la reforma laboral que consideran más perjudiciales. La expectativa de los gremios es que esos planteos permitan frenar la aplicación de algunos artículos mientras se discute su validez.
Al analizar el proyecto, Moyano afirmó que la reforma laboral “fue archi explicada” por el Gobierno, pero aclaró que las explicaciones oficiales no cambiaron la mirada del movimiento obrero. Sostuvo que, desde la perspectiva sindical, el texto contiene disposiciones que afectan las condiciones de los asalariados y remarcó que “ningún artículo está a favor” de los trabajadores, en referencia al diagnóstico compartido dentro de la CGT.
Otro foco de sus cuestionamientos estuvo puesto en el paso del proyecto por el Congreso. El referente camionero apuntó contra diputados y diputadas que acompañaron la iniciativa, con énfasis en los que se identifican con el peronismo. Según explicó, la jornada de huelga buscará “meterle más presión” a esos legisladores para que revisen su postura frente a los puntos más sensibles de la ley.
Moyano subrayó, en particular, la situación de aquellos representantes que se presentan como integrantes del movimiento justicialista. Señaló que, durante las campañas electorales, utilizan la simbología ligada a Juan Domingo Perón y Eva Perón, pero a la hora de votar acompañaron un proyecto que, según la mirada sindical, se ubica en contra de los derechos laborales que dicen defender.
Transporte, bancos, Estado y comercio: cómo será el alcance del paro
El impacto del paro general de la CGT estará sostenido por la adhesión de gremios considerados estratégicos. En el transporte, las organizaciones agrupadas en la CATT y la Ugatt confirmaron participación plena. Está previsto que no haya circulación de colectivos de la Unión Tranviarios Automotor, ni funcionamiento de trenes de La Fraternidad, ni servicio de subte, además de la suspensión de vuelos comerciales en todo el país.
En el sistema financiero, la Asociación Bancaria, conducida por el diputado nacional Sergio Palazzo, definió cerrar todas las sucursales al público de manera presencial durante la jornada de protesta. En el sector estatal, ATE y UPCN resolvieron la paralización de la administración pública nacional, dependencias provinciales, áreas jerárquicas y más de 800 municipios, lo que implica un freno amplio en oficinas gubernamentales.
El área de logística, transporte de cargas y recolección de residuos también se verá afectada. El sindicato de Camioneros, liderado por Hugo Moyano, comunicó que detendrá el traslado de mercaderías, el reparto postal y la recolección de basura. Esta decisión se articula con el rol que Pablo Moyano le asignó al gremio para asegurar una paralización extensa y efectiva.
En comercio y gastronomía, los sindicatos encabezados por Armando Cavalieri y Luis Barrionuevo anunciaron su adhesión al paro. La apertura de algunos locales podría verse condicionada por la falta de transporte para los empleados, aunque ambas organizaciones ya manifestaron su alineamiento con la convocatoria de la CGT contra la reforma laboral.
Finalmente, el dirigente camionero marcó la necesidad de coordinar acciones entre la CGT, las CTA y los movimientos sociales, con la idea de sostener la masividad de la medida y reforzar la presión política sobre los distintos actores institucionales involucrados en la aprobación de la ley.