El Gobierno nacional tomó la última sesión del Senado, donde se aprobaron el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, como el puntapié para un esquema de alianzas con gobernadores hacia 2027. Con el aval clave de mandatarios del norte y un entramado de negociaciones políticas, la Casa Rosada busca consolidar un bloque parlamentario estable que respalde su programa económico y las próximas leyes.
El oficialismo nacional decidió usar la votación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Inocencia Fiscal en el Senado como una especie de “prueba piloto” para ordenar su relación con los gobernadores y empezar a delinear un armado político con horizonte en 2027. En esa sesión, que la Casa Rosada siguió voto a voto, se combinaron acuerdos con mandatarios provinciales, definiciones sobre artículos sensibles y un conteo final que el entorno de Javier Milei consideró un termómetro de fuerza política a nivel federal.
La estrategia incluyó conversaciones directas con los gobernadores, contactos con los bloques aliados y una mesa de trabajo nacional que intervino en cada instancia de la discusión parlamentaria. A partir de ese esquema, el Gobierno busca ahora profundizar los vínculos con los mandatarios que acompañaron las leyes económicas, con el objetivo de garantizar respaldo legislativo para las próximas iniciativas fiscales y presupuestarias.
Entre los socios destacados por el oficialismo aparecen tres gobernadores del norte: Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones), señalados en la Casa Rosada como piezas clave en el nuevo mapa de alianzas que se proyecta hacia las elecciones de 2027.
Milei, aliados y gobernadores: el Senado como banco de pruebas
En la sesión donde se trataron el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal se definieron cuatro momentos centrales que la Casa Rosada leyó como un test político a escala nacional. El oficialismo logró primero que se habilitara el tratamiento por títulos y no artículo por artículo, algo que le permitió acelerar el trámite parlamentario y reducir el margen para trabas en el recinto.
Luego llegó la votación en general del Presupuesto, que cosechó 46 apoyos, 25 rechazos y una abstención, superando las expectativas iniciales del Gobierno. El punto más delicado, el artículo 30 incluido en el Título II, también consiguió mayoría: ese título fue respaldado por 42 senadores, con 28 votos en contra y dos abstenciones, después de intensas gestiones con legisladores de distintas bancadas.
En paralelo, la Ley de Inocencia Fiscal obtuvo 43 votos afirmativos y 26 negativos, consolidando otro triunfo legislativo para la gestión nacional. Dentro del oficialismo remarcan que estos números evidencian que el respaldo a Milei en el Senado se sostuvo en una red de aliados dispersos en varias provincias, más que en un bloque propio amplio y homogéneo.
Además, se rechazó el intento de enviar a comisión el proyecto conocido como “Dólares en el colchón”, lo que permitió mantener en agenda el paquete de normas impulsado por el Poder Ejecutivo. Para la Casa Rosada, la combinación de estos resultados marcó un punto de inflexión en la relación con los gobernadores que acompañaron las iniciativas económicas.
Negociaciones con gobernadores y rol de la mesa política nacional
Detrás de cada voto en el tablero del Senado hubo un trabajo de negociación que, según fuentes oficiales, se apoyó en un dispositivo político diseñado para este debate. La coordinación estuvo a cargo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acompañado por Diego Santilli y la ministra Patricia Bullrich, quienes se repartieron contactos con distintos bloques y mandatarios provinciales.
En ese marco, Bullrich consiguió su primer resultado interno de peso como referente del espacio libertario, al colaborar en la construcción de los 46 votos que respaldaron el Presupuesto en general. Ese número superó los cálculos más prudentes del oficialismo, que venía de frenar hasta febrero el tratamiento de la reforma laboral por falta de consensos en el Congreso.
Desde el entorno presidencial sostienen que lo ocurrido en el Senado sirvió para afinar un método: acuerdos por capítulos, conversaciones directas con gobernadores y seguimiento detallado de cada tramo de la votación. El objetivo, según describen en la Casa Rosada, es repetir esa lógica en futuros proyectos considerados estructurales para el programa económico nacional.
A partir de esta experiencia, el Gobierno considera que dispone de una base mínima de gobernabilidad en el Congreso, apoyada en el resultado de las legislativas de octubre y en el acompañamiento de aliados provinciales, que se vuelve central ante un escenario sin mayoría propia.
Gobernadores del norte, aliados centrales
Dentro del esquema que se está consolidando, la Casa Rosada destaca de manera especial la participación de tres mandatarios: Jaldo, Sáenz y Passalacqua. En el oficialismo los describen como gobernadores que colaboraron “desde la primera hora” en leyes clave como la Ley Bases, la moratoria y el blanqueo, y ahora también en la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
Funcionarios nacionales señalan que el respaldo de estos gobernadores no se limita al voto de los diputados y senadores de sus propias provincias, sino que incluye la capacidad de tender puentes con legisladores de otros distritos, incluso en aquellos donde los ejecutivos locales mantienen posiciones más dubitativas frente al Gobierno nacional. Ese entramado de gestiones políticas fue utilizado para garantizar mayorías en los artículos más sensibles del Presupuesto.
En el caso del norte grande, la cercanía con la Casa Rosada se tradujo en contactos frecuentes durante los días previos a la sesión, donde se definieron detalles de la votación y se pulieron diferencias sobre puntos específicos del texto. Según fuentes oficiales, esa articulación permitió evitar quiebres de último momento en el tratamiento del Título II.
En este contexto, los gobernadores alineados con el Gobierno nacional aparecen como socios prioritarios de cara a los próximos debates económicos y fiscales, tanto en el Senado como en Diputados.
Proyección hacia 2027 y nuevo mapa de alianzas políticas
La secuencia de acuerdos sellados en el Senado es leída por el círculo cercano a Milei como el inicio de un “nuevo esquema político” con vista a la competencia electoral de 2027. La intención del oficialismo es capitalizar el resultado de las legislativas de octubre para sostener y ampliar su poder territorial y parlamentario, apoyado en alianzas con gobernadores y referentes provinciales.
En la Casa Rosada admiten que la experiencia con el Presupuesto 2026 funcionó como primer test de alcance federal para medir hasta dónde llega hoy el respaldo a la gestión y qué margen existe para sellar entendimientos más estables con diferentes sectores. La idea es replicar el modelo de acuerdos por títulos y la coordinación directa con mandatarios cada vez que se impulsen leyes consideradas centrales para el rumbo económico.
De acuerdo con fuentes oficiales, las próximas semanas estarán dedicadas a consolidar los vínculos que se activaron alrededor del Presupuesto y la Ley de Inocencia Fiscal, con la meta de mantener operativo el esquema de colaboración parlamentaria que permitió llegar a los 46 votos en el Senado. Esa experiencia es tomada como base para futuros debates en materia fiscal, económica y de reforma del Estado.
En este escenario, el Gobierno nacional seguirá recurriendo a los gobernadores aliados y a la red de contactos tejida durante esta votación para encarar los próximos proyectos legislativos que integran su programa económico.