El presidente Javier Milei justificó públicamente los créditos hipotecarios que el Banco Nación otorgó a funcionarios de su gobierno y a legisladores aliados, y negó que esas operaciones choquen con los parámetros “morales” que dice guiar en su gestión. Lo hizo en una entrevista televisiva, donde sostuvo que esas líneas de financiamiento no afectan derechos básicos como la vida o la libertad, por lo que, según su mirada, no habría irregularidades en el comportamiento de los funcionarios que accedieron a esos préstamos. La defensa de Milei se produjo en medio de una fuerte polémica política, gremial y judicial en torno al alcance de esos créditos.
Milei defendió la moralidad de los créditos del Banco Nación
Las declaraciones del Presidente se emitieron en el programa Economistas, que se transmite por la TV Pública, luego de la difusión de una lista de beneficiarios de créditos hipotecarios del Banco Nación vinculados al oficialismo y a sectores del Congreso. En ese contexto, Milei planteó una defensa general de la operatoria y buscó encuadrarla en lo que denomina su “moral como política de Estado”, a la vez que intentó despegar el tema de cualquier afectación a derechos fundamentales.
Durante la entrevista, el jefe de Estado organizó su argumentación alrededor de dos puntos. En primer lugar, se preguntó: “Si un funcionario toma un crédito en el Banco Nación, porque nosotros hemos definido nuestros valores morales, la pregunta es: ¿con eso mató gente? ¿Violenta el derecho a la vida? No”. Según su planteo, el primer criterio moral de su gestión no se vería vulnerado por la toma de créditos hipotecarios por parte de funcionarios o legisladores.
En segundo término avanzó sobre la noción de libertad. Milei sostuvo: “Vamos al segundo punto: La Libertad. ¿Alguien perdió la libertad por eso? No. Es decir, vos te podés seguir expresando, podés seguir caminando por tu calle, podés seguir haciendo negocios, podés juntarte a hacer este programa…”. De esta manera, insistió en que el uso de estas líneas de financiamiento no altera la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus libertades civiles.
La aparición de Milei en televisión no solo apuntó a respaldar a sus funcionarios, sino también a marcar una diferencia entre su definición de “inmoralidad” y las críticas opositoras centradas en el posible trato preferencial dentro del esquema de créditos del Banco Nación. Sin embargo, el Presidente no detalló en la entrevista si evaluó cambios en los criterios de acceso a esos préstamos.
Renuncias, lista de beneficiarios y foco en funcionarios libertarios
La defensa presidencial llegó después de que el escándalo por los créditos generara consecuencias internas en el propio gobierno nacional. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le solicitó la renuncia indeclinable a su entonces jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, cuando se conoció que figuraba entre los beneficiarios de una nómina de préstamos hipotecarios del Banco Nación a integrantes de la administración nacional y del Poder Legislativo. El desplazamiento se vinculó de manera directa con la exposición pública de ese listado.
Parte de la información que alimentó la controversia se concentró en la página web “Cuánto deben”, donde se publica el historial de deudas de funcionarios y legisladores. Allí se identificaron varios referentes libertarios que accedieron a créditos del Banco Nación: Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo; Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas; y Pedro Inchauspe, también director del Banco Central.
En la misma nómina aparecen, entre otros, Juan Pablo Carreira, conocido como Juan Doe y responsable de la cuenta Oficina de Respuesta Oficial; el jefe de Gabinete del Ministerio de Defensa, Guillermo Madero; el director de YPF, Emiliano Mongilardi; y el propio Massaccesi, ya fuera del Ministerio de Capital Humano. Según la información difundida, todos ellos figuran como tomadores de créditos hipotecarios en la banca estatal, lo que encendió cuestionamientos sobre el acceso de altos cargos políticos a esta línea específica.
El tema no se limitó al Poder Ejecutivo. Entre los beneficiarios vinculados al Congreso se mencionó a los diputados Alejandro Bongiovanni, Santiago Santurio, Mariano Campero y Lorena Villaverde, además de Sharif Menem, quien ocupa la dirección de la secretaría privada en Diputados. La aparición de estos nombres en la discusión pública derivó en un fuerte cruce entre oficialismo y oposición por el uso de una línea de créditos considerada más ventajosa que las opciones que ofrece el sistema financiero privado.
La línea “Más hogares con BNA” y sus condiciones especiales
El eje central de la discusión se instaló sobre la línea “Más hogares con BNA”, un producto hipotecario del Banco Nación utilizado por funcionarios, legisladores y otros empleados públicos. Según la información disponible, esta línea está dirigida a trabajadores del sector público nacional y provincial, empleados de empresas con mayoría de capital estatal y personal de universidades nacionales que cobren sus haberes a través de la entidad.
De acuerdo con los datos difundidos, “Más hogares con BNA” permite financiar hasta el 90% del valor de la vivienda, elevar la relación cuota/ingreso al 30% y acceder a una tasa de interés inferior a la de bancos privados. En cambio, los créditos hipotecarios tradicionales suelen ofrecer un financiamiento que ronda el 75% del valor del inmueble y una relación cuota/ingreso del 25%. Esta brecha en las condiciones es la que la oposición y los gremios colocaron en el centro de sus reclamos, al considerar que se trata de beneficios que no están disponibles para la mayoría de los trabajadores.
Desde el Banco Nación trascendió que todos los préstamos se otorgaron bajo criterios objetivos y con el cumplimiento de los requisitos formales de la línea, sin hacer distinciones políticas. La entidad señaló que el producto está pensado para “personas humanas en actividad laboral en relación de dependencia de planta permanente y contratados con contrato vigente al momento del otorgamiento” pertenecientes al sector público o a empresas estatales, además de personal de universidades nacionales con acreditación de haberes en el banco.
Cruces entre libertarios, kirchnerismo y otros espacios
El caso impactó de lleno en el debate de la política nacional. Desde distintos sectores se remarcó que dirigentes que en el pasado criticaron al Banco Nación e incluso plantearon su posible privatización o cierre recurrieron ahora a la entidad estatal para tramitar créditos en condiciones favorables. Del otro lado, se recordó que entre los beneficiarios también figurarían ex funcionarios del Frente de Todos, lo que amplió la discusión más allá de la tensión entre Milei y el kirchnerismo.
Legisladores de la oposición resaltaron situaciones puntuales. En el caso de Federico Furiase, se lo señaló por haber accedido a un crédito para lo que sería su tercera vivienda. También se apuntó contra Sharif Menem, quien habría obtenido financiamiento a pesar de tener 24 años y tratarse de su primer empleo registrado. Además, se cuestionó la situación de la diputada Lorena Villaverde, sobre quien pesa un fallo judicial con orden de embargo.
El legislador santafesino Esteban Paulón amplió las críticas en una entrevista con LED FM al describir lo ocurrido con Villaverde: «Técnicamente se lo rechazaron porque Villaverde está embargada y procesada en una causa por estafa por sobrevender lotes para desarrollos inmobiliarios. Y desde la central alguien levanta un teléfono, finalmente el crédito se aprueba». Estas afirmaciones se sumaron al reclamo para que se investigue si hubo injerencia política en la aprobación de determinados créditos.
Como respuesta, referentes de La Libertad Avanza exhibieron casos de dirigentes opositores que también usaron líneas de crédito del Banco Nación. Mencionaron a Julia Strada, diputada del Frente de Todos y ex directora de la entidad durante el gobierno de Alberto Fernández. Strada publicó en redes sociales la documentación de su propio préstamo hipotecario y los pasos del trámite, con la idea de mostrar cómo accedió a esa línea y, al mismo tiempo, exigir a los funcionarios libertarios señalados que hagan lo mismo.
En uno de esos mensajes, Strada se dirigió al ministro de Economía, Luis Caputo: «Querido Toto: que Núñez y Furiase – que estaba en situación 2- muestren los papeles. Es fácil. Sos su jefe. No creo que quieras ocultar cosas no?». Con esta frase, la legisladora pidió que los funcionarios económicos involucrados exhiban la documentación respaldatoria de sus operaciones de crédito con el Banco Nación para despejar dudas sobre el proceso.
Reacción gremial y avance de las causas judiciales por los créditos
La controversia por los créditos no quedó solo en el plano político. ATE, uno de los principales gremios del sector público, lanzó una campaña para que los trabajadores estatales intenten acceder a las mismas condiciones crediticias que los funcionarios beneficiados. El sindicato convocó a más de 1.000 delegados y a afiliados en todo el país a presentarse en sucursales del Banco Nación para solicitar préstamos similares a los que obtuvieron dirigentes de La Libertad Avanza y otros allegados a la actual administración.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, explicó que el objetivo de la medida es reclamar igualdad de trato en el acceso a los créditos hipotecarios. Sobre este punto sostuvo: «Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación que tuvieron los funcionarios, diputados y allegados de La Libertad Avanza”. De esa forma, el gremio buscó trasladar la polémica a una acción concreta en el sistema bancario.
En paralelo, el caso escaló hacia el ámbito judicial. Se presentaron denuncias en las que se pidió esclarecer cómo se otorgaron estos préstamos, qué tratamiento recibieron y si existieron o no beneficios fuera de la normativa vigente. En esas causas se solicitó al Banco Nación que aporte información detallada de cada operación: montos, plazos, características financieras y eventuales tratamientos diferenciales frente a otros solicitantes.
Entre los puntos que debe evaluar la Justicia se encuentra la velocidad con la que se aprobaron algunos trámites en comparación con el promedio de los créditos hipotecarios tradicionales. De acuerdo con lo planteado en las presentaciones, los jueces deberán analizar la documentación enviada por el Banco Nación y determinar si hubo irregularidades administrativas o trato preferencial hacia determinados funcionarios y legisladores. La investigación judicial continuará su curso en base a ese material.