El pedido de juicio político contra Mario Lugones volvió a moverse en la Cámara de Diputados y reabrió la discusión por la situación de Discapacidad. La reactivación surgió en una reunión abierta encabezada por Juan Marino, de Unión por la Patria, donde participaron unas 150 personas. Allí se escucharon reclamos por interrupción de prestaciones, demoras en medicamentos, cierres de centros de día y trabas en pensiones por invalidez. Además, hubo cuestionamientos al proyecto del Gobierno nacional para modificar ese régimen, mientras el Ejecutivo sostiene que la revisión busca corregir irregularidades.
El juicio político contra Mario Lugones volvió a instalarse
La ofensiva legislativa reapareció en medio de nuevas críticas hacia el ministro de Salud, Mario Lugones. El eje del reclamo está puesto en el área de Discapacidad, donde organizaciones, familiares y referentes vienen denunciando problemas para sostener tratamientos y prestaciones básicas.
La actividad se realizó en el Congreso durante una reunión abierta convocada por el vicepresidente primero de la comisión, Juan Marino. Según planteó el legislador, el encuentro se hizo “ante la decisión de La Libertad Avanza de mantener cerrada la comisión de Discapacidad, y ante el planteo de numerosas organizaciones que reclaman ser escuchadas”.
En ese marco, Marino recordó que el pedido de juicio ya había sido presentado junto a Pablo Todero. La nueva convocatoria sirvió para volver a reunir denuncias y testimonios vinculados al funcionamiento del sistema, en una discusión que ahora suma presión política sobre el oficialismo.
Discapacidad: reclamos por prestaciones, tratamientos y pensiones
Durante la jornada se repitieron exposiciones sobre cierres de centros de día, dificultades para acceder a terapias y atrasos en la entrega de medicamentos. También hubo cuestionamientos por pensiones que, según se indicó, no están siendo dadas de alta.
En ese escenario, Marino afirmó: “La situación es grave. Centros de día que cierran, terapias y tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan, pensiones que no se dan de alta. La emergencia en discapacidad se profundiza día tras día. Estamos ante una eutanasia social promovida desde el desgobierno de Javier Milei”.
Al reclamo se sumó la actriz Lola Berthet, que acompañó la actividad junto con distintas organizaciones presentes. Los asistentes insistieron en que el tema vuelva a tratarse en comisión y tenga respuesta legislativa.
El proyecto oficial sobre pensiones también quedó bajo cuestionamiento
Otro de los puntos debatidos fue la iniciativa del Gobierno nacional para reformar el régimen de pensiones por invalidez. Según se señaló en la reunión, el texto incluye un reempadronamiento obligatorio, requisitos más exigentes para acceder al beneficio e incompatibilidades con el empleo formal.
Además, la madre de Ian Moche denunció amenazas y agresiones contra su vivienda después de lo que definió como una “campaña en redes” impulsada por la diputada Lilia Lemoine.
Desde el Ejecutivo nacional, en tanto, sostienen que la revisión del sistema apunta a corregir irregularidades y afirman que entre 2003 y 2023 las pensiones se multiplicaron por 16.