Intendentes de 18 provincias viajaron a la Ciudad de Buenos Aires y encabezaron una marcha con fuertes reclamos de fondos frente al Ministerio de Economía de la Nación, donde plantearon además la baja del precio de los combustibles y la reactivación de obras públicas financiadas con impuestos específicos. La protesta, organizada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), combinó movilización callejera y reuniones políticas, y sumó a jefes comunales de distintos espacios partidarios. Tras la concentración, los intendentes llevaron sus reclamos al ámbito institucional y discutieron los próximos pasos en la sede de la FAM.
El conflicto se centra en la caída de los recursos municipales y en la reducción de transferencias de la Casa Rosada, que según los organizadores ya complica el pago de servicios y programas básicos en ciudades grandes y pueblos del interior. Los jefes comunales sostienen que el ajuste aplicado por el Gobierno nacional golpea de lleno a los distritos y que, si no hay cambios, se profundizará el deterioro social. En ese contexto, algunos referentes adelantaron que no descartan avanzar con presentaciones judiciales si el Ministerio de Economía no ofrece respuestas.
La movilización reunió a intendentes y dirigentes de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Desde la FAM remarcan que no se trató solo de una protesta del conurbano, sino de una marcha federal de intendentes con reclamos de fondos y combustibles que, aseguran, se repiten en todo el mapa nacional.
La FAM encabezó la marcha y apuntó al deterioro de las cuentas municipales
La convocatoria a la marcha fue motorizada por la Federación Argentina de Municipios, que preside Fernando Espinoza, intendente de La Matanza. Desde la organización explicaron que la decisión de salir a la calle se tomó luego de una reunión virtual entre alcaldes de diferentes provincias, donde coincidieron en que la baja de la recaudación propia y el freno de las remesas nacionales dejaron a muchos municipios al borde de la parálisis. Según dirigentes que participaron de ese intercambio, varios distritos ya comenzaron a revisar prestaciones y a postergar pagos ante la falta de fondos frescos.
Espinoza se paró frente a las puertas del Ministerio de Economía y describió la situación social que, a su entender, atraviesan los territorios a su cargo. “¿Qué hacemos con la gente que se endeuda para llegar a comer? Esto nunca pasó en la Argentina. Milei vive en una realidad de videojuegos”, lanzó. El jefe comunal de La Matanza también apuntó a la actividad productiva: “Están quebrando todos nuestros productores de las economías regionales, y en las grandes ciudades industriales están cerrando miles de empresas todos los días”.
Para el titular de la FAM, el armado de la movilización tuvo un peso político particular. Calificó la convocatoria como “un hecho histórico en la Argentina” y destacó la presencia de jefes comunales de distintas fuerzas. “Nunca intendentes de distintos partidos políticos se acercaron de manera conjunta”, remarcó, y agregó: “Esto es lo claro: el desastre que nos está llevando la política económica de este gobierno. No hay recursos. Acá hay intendentes vecinalistas, radicales, justicialistas, de Juntos por el Cambio”. Con ese mensaje buscó subrayar que el reclamo excede al peronismo y se transformó en un frente común de autoridades locales.
Los organizadores sostienen que el deterioro financiero se siente en los municipios de todo el país, con proyectos frenados, programas cortados y obras viales paralizadas. Desde la FAM resumen el diagnóstico en una frase que circularon en las charlas previas: se propuso “dejar de contar monedas en soledad y marchar juntos” para visibilizar la situación ante la Casa Rosada y el Ministerio de Economía.
Reclamos de fondos, combustibles y obras públicas: qué plantearon los intendentes
Antes de la reunión política, la marcha de intendentes derivó en la entrega formal de un petitorio en el Ministerio de Economía, donde se condensan los principales reclamos de fondos. Entre los puntos destacados aparece la exigencia de recomponer la coparticipación y de detener la reducción de transferencias que, según los firmantes, ya impacta en pagos corrientes y en la asistencia social. También se pide la reanudación de obras públicas que quedaron interrumpidas en distintos municipios, muchas de ellas vinculadas a infraestructura vial y a proyectos financiados con impuestos específicos sobre los combustibles.
El documento cuestiona en particular el destino de los recursos recaudados por esos tributos a los combustibles, que los jefes comunales consideran que deberían volcarse de manera prioritaria a la obra pública local. Además, reclaman que el Gobierno nacional dé marcha atrás con los aumentos en el precio de los combustibles y retrotraiga el valor de la nafta al nivel vigente al 1 de marzo. El pedido se vincula no solo con el impacto en los bolsillos de los vecinos, sino también con los costos que afrontan los municipios para sostener sus flotas, el transporte y los servicios básicos.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, participó del encuentro y fue uno de los encargados de explicar el alcance del reclamo. “El reclamo es federal, incluye a todos los intendentes, hay adhesiones en todas las provincias de todo el país”, señaló. Sobre el tema combustibles, profundizó: “Pedimos que bajen el litro de combustible y que, además, hagan cosas que con el Fondo tienen responsabilidades. Es un delito que se queden con la plata de todos los que cargan el tanque con nafta”. Así, sumó críticas al manejo de los recursos que surgen de los impuestos a los combustibles líquidos.
En paralelo, el petitorio reclama por la continuidad de proyectos ya iniciados que quedaron a mitad de camino por falta de giros nacionales. Los intendentes advierten que el freno de esas obras no solo implica pérdida de puestos de trabajo, sino también deterioro de servicios clave como pavimento, alumbrado, conexiones de agua y cloacas, y mejoramientos urbanos. Para los jefes comunales, la combinación de tarifa de combustibles en alza, recesión y recortes de gastos nacionales presiona sobre las economías locales, que ven caer su recaudación y a la vez aumentan las demandas sociales.
Kicillof y Quintela le dieron respaldo político a la marcha de intendentes
Tras la concentración frente al Ministerio de Economía, la acción se trasladó a la sede de la Federación Argentina de Municipios, donde los intendentes fueron recibidos por gobernadores y funcionarios provinciales. Allí se discutió cómo seguir con los reclamos de fondos y de combustibles ante la Casa Rosada y se analizó el impacto del ajuste en cada provincia. Del encuentro participaron, entre otros, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, junto a parte de sus equipos.
Kicillof fue uno de los que subió el tono de las críticas al Gobierno nacional. “La deserción absoluta del Estado nacional generó una verdadera catástrofe social, productiva, laboral y económica para las familias argentinas”, afirmó. El mandatario provincial sostuvo que “en nuestra provincia y en todo el país estamos viviendo una situación cada día más difícil: mientras crecen las necesidades de la inmensa mayoría, el Gobierno nacional se desentiende de sus obligaciones, incumple leyes y desfinancia programas en todas las áreas”. En ese marco, insistió en que la discusión no pasa solo por cambiar nombres, sino por revisar el modelo económico.
Quintela, por su parte, hilvanó el cuadro económico con el armado político hacia adelante dentro del peronismo. Señaló que “el desafío que tenemos como gobernadores e intendentes es diseñar una propuesta y un proyecto de país para ponerlo a consideración de nuestra gente: el peronismo tiene que asumir la responsabilidad de ser la columna vertebral de un frente que nuclee a todos los que defienden a la Argentina y están en contra de la entrega de nuestro futuro”. Kicillof también habló del escenario electoral del año próximo y completó: “Tenemos la responsabilidad y la obligación de mostrar que otro camino es posible: estamos trabajando para crear una alternativa política”.
En la mesa de la FAM también se sentaron el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y otros funcionarios, que escucharon el detalle de los problemas que acercaron los jefes comunales: caída de recaudación, aumento de la demanda alimentaria, suspensión de programas nacionales y falta de información sobre el futuro de los fondos que llegaban a las arcas municipales. Los intendentes remarcaron que, sin refuerzos, se complica la capacidad de sostener comedores, ayudas directas, mantenimiento urbano y servicios básicos que dependen de cada comuna.
Impacto social y posible vía judicial si no hay respuesta del Gobierno nacional
En los discursos que acompañaron la marcha de intendentes, se repitió la idea de que los municipios son la “primera línea de contención” frente a la crisis social. Espinoza lo planteó en esos términos al destacar que “no podemos permitir que en la Argentina un abuelo o un chico de nuestra escuela esté desnutrido. El presidente tiene que salir de las oficinas y salir a recorrer la realidad de cada día”. Otros jefes comunales coincidieron en que la demanda de asistencia alimentaria y sanitaria creció, mientras que los presupuestos locales se achican por efecto de la recesión y la inflación.
Según dirigentes consultados por la FAM, la tensión con la administración nacional forma parte de una discusión más amplia sobre cómo se distribuyen los recursos y qué papel debe cumplir cada nivel del Estado. Mientras la Casa Rosada insiste en la necesidad de recortar gastos y ordenar las cuentas, los intendentes aseguran que ese camino se traduce en menos obras, más desempleo y mayores pedidos de ayuda en los barrios. La caída de la actividad también pega en tasas y tributos municipales, lo que reduce aún más los ingresos propios de las comunas.
Dentro de ese tablero, algunos referentes municipales comenzaron a evaluar la posibilidad de recurrir a la Justicia para reclamar por los recortes y por la suspensión de partidas que consideran automáticas o ya comprometidas. En el entorno de los intendentes explican que la opción judicial no reemplaza la negociación política, pero forma parte de una estrategia para intentar frenar la poda de recursos y lograr la restitución de fondos que, según su mirada, deberían llegar a los distritos. Hasta el momento, el Ministerio de Economía no informó públicamente cambios en su postura ante estos planteos.