El abogado Lucas Molinas Grondona quedó imputado junto a una mujer en Salta en una investigación por presunta estafa, abuso de firma en blanco, falsificación de instrumento privado y usura agravada. La causa, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), apunta a una supuesta maniobra con préstamos informales, pagarés firmados sin completar y juicios ejecutivos iniciados con datos que la acusación considera falsos. Durante la audiencia de imputación, ambos anticiparon que declararán por escrito. El expediente sigue abierto y la fiscalía analiza más de 70 actuaciones judiciales para determinar el alcance de los hechos denunciados.
La investigación quedó en manos de la fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio. Según la hipótesis fiscal, la operatoria habría estado orientada a personas en situación de vulnerabilidad económica, a quienes se les ofrecían préstamos bajo condiciones consideradas abusivas y se les pedía la firma de pagarés en blanco como garantía.
Después, siempre de acuerdo con lo reunido hasta ahora en el expediente, esos documentos se habrían completado con cifras y datos presuntamente falsos o desproporcionados. Con ese respaldo, se promovían reclamos judiciales en los que se habrían consignado domicilios inexistentes, abandonados o ajenos a los supuestos deudores.
La estafa que investiga la UDEC se apoyaría en pagarés y demandas ejecutivas
El caso empezó a tomar forma a partir de irregularidades detectadas dentro del propio sistema judicial. En juzgados Civiles y Comerciales de Procesos Ejecutivos se advirtieron anomalías repetidas en expedientes iniciados por una misma parte actora y con intervención del mismo abogado patrocinante. Esas observaciones fueron informadas y luego dieron pie a una pesquisa más amplia.
Entre los puntos que llamaron la atención aparecieron direcciones repetidas en distintos expedientes, coincidencias entre los domicilios de actores y demandados, además de notificaciones que no se podían concretar. A partir de esos indicios, la UDEC avanzó con cruces de información, tareas de campo y el análisis de más de 70 expedientes.
La acusación sostiene que esa modalidad dejaba a los presuntos deudores sin una notificación efectiva y, por lo tanto, sin posibilidad real de ejercer su defensa. En ese marco, según la línea investigativa, se habrían obtenido embargos y ejecuciones que terminaron afectando bienes e ingresos de las personas involucradas.
En la audiencia, Lucas Molinas Grondona y la otra imputada fueron anoticiados de la imputación provisoria. El expediente reúne acusaciones por 28 casos de estafas procesales reiteradas, 18 hechos en concurso con falsificación de instrumento privado, 31 en concurso con abuso de firma en blanco y el delito de usura agravada.
Lucas Molinas Grondona fue vinculado además con una firma bajo análisis en el expediente
Con el avance de la causa, la fiscalía también puso la lupa sobre una sociedad comercial mencionada como posible apoyo de la operatoria investigada. Se trata de Famosa Bankia SA, firma incorporada al expediente a partir de distintos registros analizados durante la pesquisa.
De acuerdo con la información incorporada en la investigación, Molinas Grondona sería el único socio de esa sociedad y la mujer imputada figura como administradora suplente. Además, en el Boletín Oficial de Salta, Lucas Ignacio Molinas Grondona aparece como único socio de FAMOSA BANKIA SAS, constituida en 2023.
Según esa publicación oficial, la sociedad está habilitada para desarrollar actividades de compraventa, reventa o locación de distintos bienes, entre ellos productos de limpieza, muebles, electrodomésticos, máquinas deportivas, automotores y bicicletas, tanto en el país como en el exterior. También puede importar, exportar, financiar operaciones y celebrar contratos de compraventa, leasing, permuta, mutuo y locación.
En paralelo, el expediente sumó informes patrimoniales que, según la investigación, mostrarían inconsistencias económicas compatibles con el uso de prestanombres. Sobre esa base, la fiscalía solicitó el levantamiento del secreto bancario del abogado y de la firma comercial.
Los allanamientos del 29 de abril sumaron documentación, dinero y pagarés
Ante el volumen de indicios reunidos y el riesgo de entorpecimiento del proceso, la fiscalía pidió una batería de medidas. Entre ellas hubo allanamientos en 19 domicilios, concretados el 29 de abril en viviendas particulares, inmuebles utilizados en expedientes y un estudio jurídico.
En ese estudio se secuestró dinero en moneda nacional y extranjera, además de documentación, expedientes y pagarés vinculados con la causa. En el domicilio de la mujer investigada se incautaron cuadernos, carpetas, comprobantes bancarios y un talonario de pagarés en dólares.
También surgieron otras situaciones consideradas irregulares en distintos inmuebles relevados. Hubo ocupantes que dijeron no tener ningún vínculo con los procesos, domicilios inexistentes y propiedades abandonadas donde se encontró documentación judicial. Esos hallazgos pasaron a formar parte del material bajo análisis.
Como medidas cautelares, la fiscalía solicitó la prohibición de salida del país para ambos imputados, la retención de sus documentos de viaje y la prohibición de contacto con denunciantes y damnificados. La investigación continúa bajo la órbita de la UDEC.