La Ley Penal Juvenil comenzará a aplicarse este sábado 5 de septiembre en Salta y en todo el país. La norma incorpora al sistema penal a adolescentes de 14 años y menores de 18 acusados de delitos. Ante ese escenario, el abogado Federico Vanni planteó una crítica centrada en las condiciones necesarias para implementar el nuevo esquema en Salta: lugares diferenciados de alojamiento, equipos profesionales, educación y medidas destinadas a evitar nuevos delitos.
Se trata de la Ley Nacional 27.801, que modificó el Régimen Penal Juvenil tras su sanción en el Congreso el 27 de febrero y su posterior publicación en el Boletín Oficial el 9 de marzo. El texto prevé sanciones de hasta 15 años de prisión para los hechos considerados más graves, aunque también contempla respuestas alternativas y medidas socioeducativas.
La aplicación alcanzará a quienes hayan cumplido 14 años al momento de ser investigados por un delito. Hasta ahora, según explicó Vanni, ese grupo no tenía responsabilidad penal, mientras que la responsabilidad civil podía recaer sobre sus padres.
La Ley Penal Juvenil incluye a adolescentes desde los 14 años
El nuevo régimen fija reglas especiales para jóvenes de entre 14 y 17 años. Entre sus disposiciones, establece que una eventual privación de la libertad deberá cumplirse en espacios separados de las personas adultas y dentro de establecimientos especializados.
La nueva edad que cambiará el alcance de la ley penal juvenil en Salta
La ley también incorpora la educación, la capacitación, la reinserción social y el trabajo de equipos interdisciplinarios como partes del abordaje. Estas medidas deberán adecuarse a las particularidades de cada caso, de acuerdo con lo previsto por la normativa.
Vanni sostuvo que la vigencia no depende de las discusiones que se mantienen sobre su alcance. “¿Esto se puede implementar? No hay nada que esté frenando la implementación. La normativa entra en vigencia y se va a aplicar”, afirmó durante una entrevista en Que Pasa a la Mañana.
Al explicar el cambio, el abogado remarcó que las normas penales comenzarán a considerar a los adolescentes de 14 años. “Hay una aplicación de la normativa penal para los menores que hayan tenido 14 años. Ellos estaban excluidos de la responsabilidad penal, no civil porque se hacen cargo los padres, ahora serán tenidos en cuenta”, sostuvo.
La separación de adultos es una exigencia prevista por la norma
La Ley 27.801 impide que los adolescentes compartan espacios de detención con mayores de edad. Por eso, una cárcel común con alojamiento conjunto no figura como una alternativa habilitada dentro del régimen que entrará en vigencia este sábado.
Según el análisis de Vanni, esa obligación requiere recursos materiales concretos. El letrado señaló que no alcanza con crear un esquema distinto si no existen edificios adecuados, profesionales, programas específicos y herramientas para trabajar con los jóvenes incluidos en el sistema.
El abogado también puso el foco en la instancia posterior al cumplimiento de una medida. De acuerdo con lo que indicó, los adolescentes permanecerían en un lugar especial y, al llegar a los 18 años, se realizaría una evaluación sobre su situación.
La crítica en Salta se concentra en la infraestructura y los abordajes
En ese punto, Vanni cuestionó qué obras fueron habilitadas para recibir a los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen y cuáles serán los procedimientos de intervención. “Van a estar alojados en un lugar especial, por una cuestión obvia, y recién a los 18 años se realizará una evaluación. Pero ahora, ¿qué obras se han inaugurado para incorporar a los chicos al sistema penal? ¿Cuáles son los pasos que van a hacer los abordajes para tratarlos?”, cuestionó.
En Salta, autoridades judiciales señalaron en distintas oportunidades que los menores no deben compartir lugares de detención con adultos. Además, indicaron que existen equipos profesionales destinados al abordaje territorial, mientras se avanza en la adecuación de los procesos ante el inicio del nuevo sistema.
El planteo del abogado incluyó la situación de sobrepoblación del sistema penitenciario y la disponibilidad efectiva de instalaciones exclusivas para adolescentes. Su observación apunta a la posibilidad concreta de cumplir con la separación, la escolarización y las intervenciones que dispone la ley.
Para Vanni, el objetivo de las respuestas penales no debe reducirse al castigo. “El sistema penal tiene una idea central y la solución no siempre es punitiva. Se los quiere reinsertar para que no sigan cometiendo delitos”, expresó.
También advirtió sobre las consecuencias de una condena aplicada sin educación, contención o tratamiento adecuado. “Si voy a los niños y digo no hay herramientas o recursos, donde una pena menor pase a los 15 a los 18 años, ese chico que no le di el abordaje adecuado va a ser esto que termina siendo una escuela criminal y va a salir a la calle a seguir cometiendo delitos porque no lo abordé como debí abordar. No deja de ser un niño que debo escolarizar, lo tengo que educar, al que tengo que acompañar y entender la problemática que tiene”, sostuvo.
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La Ley Nacional 27.801 prevé que, desde este sábado 5 de septiembre, los adolescentes desde los 14 años puedan atravesar procesos penales bajo un régimen específico, con establecimientos especializados, separación de los adultos y medidas de educación, capacitación e intervención interdisciplinaria.