La ley penal juvenil tendrá cambios desde el sábado 5 de septiembre de 2026, cuando entre en vigencia en todo el país la Ley 27.801. En Salta, la modificación alcanzará a adolescentes de 14 y 15 años, que podrán quedar incluidos en procesos penales juveniles si se les atribuye un delito. La norma fija la edad mínima de responsabilidad penal en 14 años, aunque establece reglas distintas de las aplicadas a personas adultas y mantiene medidas especiales de protección.
La Ley 27.801 fue publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2026. El texto dispuso 180 días para su implementación y reemplazará el régimen nacional que, durante décadas, consideró no punibles por su edad a quienes todavía no hubieran cumplido 16 años.
El alcance de la nueva norma comprende a quienes tengan 14 años cumplidos y menos de 18. No se podrá aplicar a niños menores de 14 años, mientras que para adolescentes incluidos en el régimen se prevén instancias específicas destinadas a analizar posibles situaciones de inimputabilidad.
Qué cambia con la ley penal juvenil desde septiembre
Desde el 5 de septiembre, un adolescente de 14 años podrá ser sometido a un proceso penal juvenil. Esto ocurrirá cuando se le atribuya un hecho previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales. Sin embargo, la intervención judicial deberá realizarse bajo un sistema especializado y no bajo las mismas condiciones previstas para imputados adultos.
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La legislación ordena preservar el derecho de defensa y dispone que las actuaciones tengan carácter reservado. También prohíbe divulgar datos que permitan reconocer públicamente a un adolescente involucrado en una causa penal.
Las medidas que limiten derechos deberán ser excepcionales, proporcionales al caso y contar con fundamentos. El régimen establece que las respuestas judiciales deberán tener orientación educativa, de resocialización e integración social.
Las medidas previstas y los límites para las penas
No todos los expedientes terminarán con una pena de prisión. La ley contempla amonestaciones, prohibiciones de acercamiento o contacto, restricciones para concurrir a determinados lugares, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño ocasionado.
Además, las decisiones pueden incluir continuidad escolar, capacitación laboral, tratamientos de salud y acompañamiento de equipos especializados. En ciertos delitos, una pena de prisión podrá ser sustituida por otras sanciones, aunque el escenario cambia frente a hechos de mayor gravedad, especialmente si hubo una muerte o violencia grave contra una persona.
La norma prohíbe de manera expresa la prisión perpetua y la reclusión perpetua para adolescentes. Aun si el delito atribuido contempla una escala superior, la privación de libertad no podrá superar los 15 años.
Salta ya cuenta con un sistema especializado
Salta dispone de un régimen provincial para intervenir en causas que involucran a personas menores de edad. La Ley 8.097 creó el Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes, sancionado en 2018. Tras prórrogas y modificaciones, el sistema especializado comenzó a funcionar plenamente el 1° de diciembre de 2023.
La estructura provincial contempla fiscales, jueces, defensores y equipos interdisciplinarios con formación específica. También existen dos Fiscalías Penales Juveniles y dispositivos destinados al abordaje de investigaciones en las que estén involucrados niñas, niños y adolescentes.
La fiscal penal Mercedes de la Cuesta informó en el programa Pelo y Barba que el sistema penal juvenil salteño recibe entre 800 y 900 denuncias por año. Esas intervenciones ya se desarrollaban mediante procedimientos especializados, incluso cuando la ley nacional anterior no incluía por edad a menores de 16 años dentro del régimen penal.
Las adecuaciones que prevé el nuevo marco nacional
La incorporación de jóvenes de 14 y 15 años ampliará la población alcanzada por los procedimientos juveniles. Durante 2026 se trabajó en la implementación del nuevo régimen nacional y en capacitaciones vinculadas con la responsabilidad penal juvenil.
La Ley 27.801 invita a las provincias a adecuar sus normas procesales y administrativas para aplicar las garantías previstas para adolescentes de entre 14 y 18 años. Cuando se ordene una privación de libertad, los adolescentes no podrán permanecer alojados junto a detenidos adultos.
La normativa también establece que cada jurisdicción deberá disponer de establecimientos especializados y personal capacitado para esa población. El régimen nacional comenzará a regir en todo el país el sábado 5 de septiembre de 2026.