José Antonio “Kiko” Fernández, dueño de Cerdo Negro y de la finca La Montanera, ubicada en Cerrillos, cambió su defensa en la causa en la que fue imputado por trata de personas con fines de explotación laboral. La representación del empresario quedó en manos del estudio de un exjuez federal que también integró la Corte de Justicia de Salta. La investigación, formalizada el 2 de septiembre, está a cargo del fiscal general Eduardo Villalva y de la fiscal subrogante Paula Gallo.
La acusación fiscal se relaciona con las condiciones de trabajo y alojamiento de 20 personas vinculadas al establecimiento. Según lo expuesto durante la audiencia de imputación, se investigan posibles situaciones de precariedad habitacional, jornadas extensas, pagos insuficientes y registraciones laborales que no coincidirían con las tareas efectivamente realizadas.
La defensa del dueño de Cerdo Negro tuvo un cambio
El reemplazo de los dos abogados que inicialmente asistían a Fernández ocurrió pocas semanas después de la audiencia en la que se formalizó la imputación. Desde ahora, el empresario es asesorado por un estudio jurídico encabezado por un exmagistrado federal, que además tuvo un paso por la Corte de Justicia provincial.
La pesquisa tiene un plazo de seis meses para el avance de las diligencias anunciadas por el Ministerio Público Fiscal. En esa instancia, los fiscales atribuyeron a Fernández el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, con agravantes por la cantidad de presuntas víctimas, su situación de vulnerabilidad y la supuesta consumación del hecho.
Cerdo Negro y una causa por trata de personas con un imputado
La calificación presentada por la fiscalía se encuadra en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. El expediente se inició a partir de una denuncia anónima y derivó en medidas sobre la finca La Montanera, donde también se desarrolla la actividad productiva relacionada con la cría de cerdo negro.
La fiscalía describió las condiciones de 20 trabajadores
Durante la formalización, Villalva y Gallo mostraron fotografías tomadas en el predio y describieron los espacios donde, según su planteo, vivía parte del personal. La exposición incluyó habitaciones con piso de tierra, camas hechas con palets y baños de letrina. También indicaron que algunos trabajadores calentaban agua en tachos para poder higienizarse.
Los fiscales señalaron que los ingresos, en términos generales, no superaban los $500 mil. A la vez, sostuvieron que había jornadas de trabajo excesivas y que no se pagaban horas extras, domingos ni feriados. Esos puntos forman parte de la acusación que deberá ser analizada durante la investigación.
La causa por trata laboral incluye denuncias sobre salarios y registración
Otro aspecto planteado por el Ministerio Público Fiscal fue la falta de cobertura ante enfermedades y accidentes de trabajo. En la audiencia se mencionó a un empleado que sufrió una lesión en una pierna y que, de acuerdo con la acusación, fue trasladado por un familiar y no recibió asistencia de Fernández.
Según la fiscalía, ese trabajador no obtuvo compensación ni cobró los días en que quedó impedido de trabajar. Los representantes fiscales también afirmaron que el imputado disponía “de manera discrecional” de los trabajadores. Además, mencionaron casos de adultos mayores que habrían cumplido tareas exigentes por remuneraciones bajas.
Entre los casos referidos se expuso el de una persona que debía asistir a un comedor de Cáritas porque sus ingresos no le alcanzaban para alimentarse. La acusación también cuestionó la registración de empleados como trabajadores de cosecha de tabaco, cuando luego habrían sido destinados a otras labores dentro del emprendimiento.
Para la fiscalía, esa modalidad permitía asignar personal a la cosecha de aceituna o a la producción porcina con una carga salarial menor. En particular, se mencionaron tareas vinculadas al cuidado y la cría de cerdos para la actividad gastronómica de Cerdo Negro.
Fernández rechazó la acusación penal durante la audiencia y dijo considerarse perjudicado por el expediente. El empresario señaló que su restaurante recibió un reconocimiento del Congreso de la Nación y mencionó visitas a su finca, entre ellas la de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
Al referirse a la imputación, Fernández declaró: “Creo que no he cometido ningún delito, esto me pasa por ayudar a la gente”. Sobre los baños de letrina, sostuvo que no estaban habilitados y que eran utilizados por decisión de los propios trabajadores.
Los abogados que lo representaban inicialmente cuestionaron las imputaciones y promovieron recursos, entre ellos uno de inconstitucionalidad. La fiscalía respondió que la defensa conocía la investigación desde seis meses antes de la formalización y que, durante ese período, no había incorporado pruebas, como fotografías de las viviendas que Fernández había dicho que tenían aire acondicionado.
Los fiscales también rechazaron que no hubiera existido notificación de las medidas. Indicaron que las actuaciones estaban registradas en el legajo y que, bajo el sistema acusatorio, la defensa debe producir sus propias pruebas.