La Justicia Federal profundiza la investigación sobre Manuel Adorni con una nueva serie de testimonios en Comodoro Py, en una causa que analiza presuntas inconsistencias entre los bienes declarados por el jefe de Gabinete y el dinero usado en distintas operaciones inmobiliarias. Para mañana fue citado Pablo Feijoo; para el viernes, el constructor Matías Tabar; y para el lunes, Juan Cosentino, vendedor de una propiedad. La fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, intenta reconstruir el origen de los fondos, revisar hipotecas privadas, refacciones y valores declarados ante organismos oficiales.
El expediente se mueve sobre dos ejes. Por un lado, la compra de un departamento en Caballito, donde aparecieron diferencias entre el precio de mercado y el monto informado en la operación. Por otro, una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, vinculada a Bettina Angeletti, esposa del funcionario, donde también se pidieron datos sobre obras, gastos de ingreso y expensas.
En paralelo, el caso abrió un cruce en la política nacional. El entorno del Gobierno nacional salió a responder a Cristian Ritondo, del PRO, luego de sus cuestionamientos públicos sobre la situación de Adorni de cara al informe de gestión previsto en la Cámara de Diputados para el 29 de este mes.
La Justicia Federal pone la lupa sobre operaciones ligadas a Manuel Adorni
La citación más próxima es la de Pablo Feijoo, que deberá presentarse mañana. En la causa aparece mencionado como nexo entre Adorni y dos jubiladas que otorgaron una hipoteca privada por US$200.000. Lo que busca determinar la fiscalía es por qué esas mujeres, que dijeron no conocer al funcionario, terminaron vinculadas al financiamiento de la compra de una vivienda.
Ese punto es uno de los más sensibles del expediente, porque los investigadores intentan seguir la ruta del dinero usada en las adquisiciones bajo análisis. A la vez, se revisan las declaraciones juradas del jefe de Gabinete para establecer si existen diferencias con la información patrimonial ya presentada ante los organismos competentes.
Gerardo Pollicita concentra varias de las medidas en esa reconstrucción financiera. Por eso, además de las audiencias, el expediente suma documentación y busca comparar montos, fechas, formas de pago y capacidad económica declarada en cada una de las operaciones observadas.
Las propiedades, las refacciones y los montos que quedaron bajo revisión
Uno de los tramos de la causa apunta a una casona del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, vinculada a Bettina Angeletti. Para este viernes fue convocado Matías Tabar, señalado como responsable de las refacciones en ese lote. Se le pidió que presente presupuestos y facturas para verificar quién pagó esos trabajos y si esos importes guardan relación con la capacidad económica informada.
En ese mismo capítulo, la investigación también incorporó pedidos de información sobre una cuota de ingreso de US$5.000 al barrio privado y sobre expensas mensuales que rondarían los $700.000. La fiscalía intenta saber cómo se afrontaron esos gastos y con qué respaldo económico.
El lunes, en tanto, está prevista la declaración de Juan Cosentino, vendedor de esa propiedad. La intención es contrastar valores de mercado con los montos consignados ante la Oficina Anticorrupción y avanzar sobre el origen de los fondos usados en la operación.
Las primeras declaraciones ya marcaron diferencias en una compra en Caballito
La ronda de testimonios arrancó con Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, responsables de la inmobiliaria que intervino en la venta de un departamento en Caballito. Según indicaron, esa unidad tenía un valor de mercado cercano a los US$340.000, bastante por encima de los US$230.000 que figuran en la operación oficial.
Los dos también señalaron que el inmueble ya estaba remodelado cuando se concretó la venta, un dato que, según sus dichos, aumentaba su cotización. Además, describieron como “poco frecuente” el esquema de pago en 12 cuotas sin interés utilizado para cerrar la compra.
Sobre ese punto, la fiscalía ya revisa los boletos de compra-venta secuestrados. El objetivo es precisar el valor real del departamento, su estado al momento de la transacción y las condiciones en que se pactó el negocio.
El expediente judicial se cruzó con la pelea entre oficialismo y oposición
Mientras avanzan las medidas en Comodoro Py, el caso también escaló al terreno político. Desde el entorno del Gobierno nacional respondieron a Cristian Ritondo por sus cuestionamientos públicos a Adorni y, al mismo tiempo, le reclamaron explicaciones por las propiedades que posee en Miami.
Las declaraciones del dirigente del PRO llegaron después de referirse al informe de gestión que Adorni dará en la Cámara de Diputados el 29 de este mes. En ese marco, Ritondo sostuvo: “va a ser un show y eso no ayuda. Cuando hay estos temas, hay que ir lo más rápido posible a la justicia para aclarar la situación. Se debe resolver en el ámbito judicial”.
Por ahora, el expediente seguirá con las audiencias ya previstas en los próximos días en Comodoro Py, con foco en hipotecas privadas, valores inmobiliarios, gastos de refacción y documentación sobre las operaciones investigadas.