El juicio contra 12 procesados por un presunto esquema de contrabando avanzó con imágenes aéreas y el testimonio de un comandante de Gendarmería. La Fiscalía Federal de Orán investiga si la finca Carina y un predio vecino funcionaron como una aduana paralela para el ingreso de mercadería desde Bolivia, cerca de Aguas Blancas, el río Bermejo y la ruta 50. La audiencia se realizó el 29 de septiembre ante el Tribunal Oral Federal N°2.
El comandante Néstor García declaró por la fiscalía y exhibió registros obtenidos con un drone en cercanías del paso internacional de Aguas Blancas. Según su relato, la mercadería cruzaba el río en gomones y era recibida en una playa ubicada dentro de la finca Carina.
La aduana paralela habría tenido dos puntos de cobro
De acuerdo con la acusación fiscal, los productos eran cargados en Bolivia y el curso del río Bermejo llevaba las embarcaciones hasta la costa del establecimiento rural. Allí, los bultos eran pasados a camiones, camionetas y otros vehículos utilitarios.
García explicó que los rodados circulaban por caminos internos hasta la finca de la familia Cardozo. Desde ese lugar, siempre según la investigación, salían hacia la ruta 50 para continuar el traslado de la mercadería.
Durante su declaración, el gendarme describió dos instancias de pago. Una tarifa era común para cada vehículo, mientras que el segundo cobro variaba de acuerdo con la cantidad de “lonas” que transportaba. Entre los videos incorporados al debate se observó un camión de gran porte cargando artículos sanitarios.
La finca Carina concentraba la descarga y la salida de vehículos
El testigo sostuvo que dentro del predio había espacios para la venta de comidas y sectores donde grupos de mujeres se turnaban para realizar los cobros. También indicó que la mayor circulación vehicular se producía entre las 7 y las 17.
Aun fuera de esa franja horaria, según García, permanecían personas en el lugar durante toda la jornada. La fiscalía señaló que la playa sobre el río Bermejo era utilizada como un presunto puerto ilegal.
El juicio por contrabando incluye escuchas, allanamientos y un agente encubierto
La pesquisa contó con un agente encubierto que estuvo siete días en la zona de frontera. Además, se realizaron intervenciones telefónicas y allanamientos en las fincas investigadas y en domicilios vinculados con algunos de los imputados.
La fiscalía estimó que hasta agosto de 2025 circulaban por ese paso ilegal cerca de 300 vehículos diarios. Con ese movimiento, calculó que la recaudación al final de cada día rondaba los $3.000.000.
La investigación atribuye el liderazgo de la presunta organización a Alfredo Salazar, detenido recientemente en Bolivia tras permanecer prófugo. No integra este primer debate y será juzgado más adelante junto con otras personas apresadas después de los allanamientos. El juicio continuará el 6 de octubre, desde las 8, ante los jueces Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci.


Aduana paralela: juzgan a 12 personas por el circuito investigado en Aguas Blancas