La conducción de la Unidad Carcelaria N.º 7 de Cerrillos, conocida como la Granja Penal del Valle de Lerma, fue cambiada tras la difusión de imágenes que muestran presuntas irregularidades en el uso de internos para tareas privadas. La exdirectora, alcaide mayor Vanesa Hoyos, fue apartada del cargo y en su lugar asumió de forma inmediata el alcaide mayor Gaspar. Autoridades del Servicio Penitenciario analizan ahora actuaciones administrativas y, eventualmente, judiciales para determinar responsabilidades y el alcance del posible uso discrecional de personas privadas de la libertad.
Relevo en la granja penal de Cerrillos por presuntas irregularidades con internos
La Unidad Carcelaria N.º 7 de Cerrillos, ubicada en el corazón del Valle de Lerma y conocida popularmente como la Granja Penal, atraviesa días de fuerte revisión interna luego de que se conocieran evidencias sobre el uso de detenidos en tareas ajenas al servicio penitenciario. A partir de ese material, el Servicio Penitenciario resolvió desplazar a la alcaide mayor Vanesa Hoyos de la dirección del establecimiento.
En su lugar se dispuso la designación inmediata del alcaide mayor Gaspar, con el objetivo de garantizar la continuidad del funcionamiento cotidiano del penal mientras se avanza en la evaluación de lo sucedido. La decisión se tomó dentro de la estructura penitenciaria, sin que se interrumpan las actividades habituales del complejo de Cerrillos.
Según fuentes consultadas en el ámbito carcelario del Valle de Lerma, el análisis sobre la gestión de Hoyos ya estaba en carpeta y las últimas revelaciones sobre posibles irregularidades en el manejo de la población penal aceleraron el cambio de autoridades. El movimiento se dio en paralelo a la recolección de información interna y a la preservación del material que circuló en los últimos días.
Las autoridades penitenciarias dejaron abierta la posibilidad de impulsar sumarios administrativos para precisar qué normas pudieron haberse vulnerado. En caso de corresponder, no se descarta que se dé intervención a la Justicia para que se analice el comportamiento funcional de quienes resulten alcanzados por la investigación.
Imágenes, tareas privadas y dudas sobre el uso de internos
El punto de quiebre fue la aparición de imágenes en las que se observa a un interno saliendo del perímetro de la Granja Penal y realizando trabajos sobre una motocicleta y un automóvil que, de acuerdo con la información recabada, pertenecerían a la propia Hoyos. Este registro visual generó un fuerte impacto dentro del Servicio Penitenciario y se transformó en el elemento central para disponer el relevo en la conducción de la Unidad 7.
De acuerdo con lo que trascendió, los detenidos que habrían sido seleccionados para este tipo de tareas eran personas con buena conducta y próximas a recuperar la libertad. A ese grupo se le habrían otorgado beneficios considerados “especiales”, entre ellos salidas del complejo carcelario de Cerrillos, un régimen que se encuentra regulado por normativas específicas y que no puede quedar sujeto a decisiones personales.
Las sospechas no se limitan al lavado de vehículos. También se mencionan trabajos de mecánica sobre rodados y tareas de albañilería que se habrían realizado en el domicilio particular de la funcionaria. Esto amplió el debate sobre los límites entre las funciones de tratamiento y reinserción social, y el posible uso de internos para actividades particulares en el Valle de Lerma.
En ámbitos penitenciarios se remarcó que los reclusos no pueden ser tomados como “mano de obra privada ni herramientas de intercambio”, especialmente cuando se trata de autoridades que tienen a su cargo la custodia y el acompañamiento para el retorno a la vida en libertad. Este planteo se instaló con fuerza entre el personal de la Granja Penal y otras unidades de la región.
Investigación interna y próximos pasos en la Unidad 7 del valle de Lerma
Tras el desplazamiento de Hoyos y la asunción del alcaide mayor Gaspar al frente de la Granja Penal de Cerrillos, el Servicio Penitenciario se encuentra en etapa de revisión de todas las actuaciones vinculadas a las posibles irregularidades en el uso de internos. El objetivo es determinar con precisión el alcance de las decisiones que permitieron que personas privadas de la libertad salieran del establecimiento para tareas de carácter privado.
En este marco, se analizan registros, autorizaciones y testimonios para establecer qué nivel de responsabilidad pudo haber tenido cada involucrado. Una vez completado ese proceso, se definirán las medidas administrativas correspondientes y, de ser necesario, se dará participación a la Justicia para que continúe con la investigación. Hasta el momento, el cambio de autoridades y la recopilación de información son las únicas acciones confirmadas oficialmente.