La Justicia Federal de la ciudad de Salta amplió la causa por presunta trata de alumnas de colegios secundarios, confirmó que ya son 33 las jóvenes identificadas y elevó a nueve el número de imputados. La investigación, que se inició tras una denuncia presentada por la madre de una estudiante salteña, seguirá abierta hasta mayo de 2026 mientras se peritan teléfonos, redes sociales y movimientos bancarios vinculados a la supuesta red que habría captado y explotado sexualmente a chicas menores de edad.
La causa por presunta trata de alumnas de colegios secundarios de la ciudad de Salta sumó nuevas víctimas, más imputados y un plazo de investigación mucho más amplio. De acuerdo con una resolución conocida este lunes 29 de diciembre, el expediente federal que se tramita en la capital provincial ya registra 33 jóvenes afectadas, nueve acusados formalmente y una prórroga de la pesquisa hasta el 29 de mayo de 2026.
El caso se investiga en el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Salta, donde se realizó una extensa audiencia el 16 de diciembre pasado, de más de seis horas, en la que se ordenaron nuevas medidas y se avaló la continuidad de la instrucción. Desde entonces, el foco está puesto en reconstruir el funcionamiento de una presunta red que habría operado con chicas de distintos colegios, tanto públicos como privados, de la ciudad.
La denuncia que dio origen al expediente surgió en la capital provincial, a partir del hallazgo de mensajes de contenido sexual en el celular de una estudiante. Desde ese punto, la investigación fue creciendo hasta derivar en una causa federal compleja, con múltiples víctimas menores de edad y una serie de hechos vinculados a explotación sexual, producción y distribución de material sexual de menores y otros delitos conexos.
Amplían la causa por trata y confirman 33 víctimas
Durante la audiencia del 16 de diciembre en la ciudad de Salta, el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual detallaron el estado de la investigación y pidieron que se extienda el plazo de la causa. En la sala también estuvieron el juez federal de Garantías N°1, Julio Bavio; el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar; la Asesora de Menores e Incapaces, Gala Emilse Poma; y los abogados particulares que representan a varias de las adolescentes.
Escandar actúa en nombre de 16 de las jóvenes que figuran en el expediente, mientras que otras chicas presuntamente afectadas están acompañadas por querellas particulares. Esta estructura de representación permitió precisar el número de víctimas, que pasó de las primeras tres detectadas a un total de 33 estudiantes, todas vinculadas a colegios secundarios de la ciudad de Salta.
El Ministerio Público Fiscal explicó que la causa se abrió formalmente el 11 de septiembre, tras la detención de cuatro sospechosos. A esas personas se las imputó como coautores del delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual, agravado por la vulnerabilidad y la minoridad de las víctimas, por el número de chicas y de intervinientes y por la supuesta consumación de la explotación. Sobre esa base se fijó el encuadre legal inicial del caso.
Con el correr de los meses se agregaron cinco imputados más, hasta llegar a nueve acusados. Las detenciones se realizaron entre septiembre y noviembre, en distintos puntos de la ciudad de Salta, y estuvieron acompañadas por allanamientos y secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos. A medida que se avanzó con estas medidas, el número de víctimas identificadas fue creciendo hasta alcanzar las 33 actuales, sin descartar que puedan surgir más a partir de la prueba que resta analizar.
Según lo expuesto en la audiencia, el juzgado avaló la continuidad de la investigación con un plazo de varios meses, al considerar que todavía queda un volumen importante de material pendiente de peritaje. La resolución fijó que la pesquisa se mantendrá activa hasta el 29 de mayo de 2026, con la posibilidad de nuevas imputaciones si aparecen más hechos o personas involucradas.
Peritajes, delitos imputados y rol de los organismos federales
En esta etapa, la Fiscalía de Distrito trabaja junto a personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el análisis de los teléfonos secuestrados y otros soportes electrónicos obtenidos en la ciudad de Salta. Los peritajes sobre celulares, redes sociales y movimientos bancarios son hoy el eje de la pesquisa, ya que podrían terminar de reconstruir la mecánica con la que se habría organizado la presunta red de trata de alumnas.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), encabezada por la fiscal federal Alejandra Mángano y el fiscal general Marcelo Colombo, también interviene en el expediente. Este organismo especializado aporta criterios de investigación, colabora en el análisis de la información digital reunida y en la elaboración de estrategias para abordar los hechos vinculados al delito de trata de personas en el contexto urbano de la capital salteña.
Sobre los nueve imputados, la fiscalía informó que ocho de ellos están acusados como coautores de trata de personas con fines de promoción, facilitación y explotación sexual, con los mismos agravantes que se señalaron al inicio de la causa: vulnerabilidad y minoridad de las víctimas, cantidad de chicas afectadas, número de intervinientes y explotación presuntamente consumada.
Además, cinco de los acusados afrontan la imputación de integrar una asociación ilícita dedicada a la facilitación y promoción de la prostitución. A seis de ellos se les atribuye la tenencia y distribución de material sexual de menores; a otro se lo vincula con el delito de corrupción de menores; a dos se los acusa por el abuso sexual de una chica de 13 años; y a otros dos se les adjudican seis hechos de promoción y facilitación de prostitución agravada por tratarse de víctimas menores de edad.
Entre los acusados figura un joven señalado como supuesto captador de menores, identificado como alumno del colegio Juan Carlos Saravia, ubicado en barrio Limache, en la zona sur de la ciudad de Salta. De acuerdo con los testimonios, esta persona habría tenido un rol directo en acercar alumnas a la red, aprovechando el vínculo entre compañeros y contactos de la vida escolar.
Testimonios, Cámara Gesell y medidas de protección
Una parte clave del avance de la causa se atribuye al trabajo de contención psicológica con las chicas. La responsable del Área de Víctima de la Fiscalía de Distrito, la psicóloga Verónica Olguín Rufino, encabezó entrevistas y acompañó a las jóvenes en distintas instancias, lo que facilitó que muchas se animaran a relatar con más detalle cómo funcionaba la supuesta red de trata y a mencionar a otras posibles víctimas de la ciudad de Salta.
En paralelo, se vienen realizando entrevistas en Cámara Gesell, una herramienta considerada central para recibir el relato de menores de edad sin revictimizarlas. La fiscalía remarcó que estas declaraciones son esenciales, porque surgen directamente de las alumnas involucradas. En algunas de esas exposiciones, de acuerdo con lo informado, varias adolescentes expresaron temor al declarar, y se mencionó que ciertos imputados habrían realizado amenazas antes de ser detenidos.
Frente a esa situación, se adoptaron diferentes medidas de protección concretas, orientadas a resguardar la integridad de las chicas mientras continúa la instrucción. Estas decisiones abarcan restricciones de contacto, controles sobre el entorno inmediato y seguimiento institucional de los casos en la capital provincial.
Cómo se inició la causa y qué se investiga
El origen del expediente se ubica el 26 de junio del año pasado, cuando una madre de la ciudad de Salta advirtió que su hija, alumna de secundaria, tenía un teléfono celular de alta gama. Al revisar el aparato, encontró mensajes de contenido sexual, entre ellos uno enviado por un remisero que hoy figura entre los imputados, donde se hacía referencia también a su otra hija, de 12 años. El vehículo de este chofer fue señalado como el auto que se utilizaba para captar estudiantes.
La denuncia se presentó primero en la Justicia provincial y dio lugar a un expediente penal en el fuero ordinario. Allí se secuestró el celular del remisero y se lo sometió a pericias. Con el análisis del contenido del dispositivo surgieron indicios de un posible caso de trata de personas, por lo que se declaró la incompetencia y el caso pasó al ámbito federal, bajo la órbita de la Fiscalía de Distrito del Ministerio Público Fiscal.
Una vez radicada en la Justicia Federal con sede en Salta capital, la fiscalía comenzó a reconstruir el presunto esquema de funcionamiento de la red. En las presentaciones se describió el rol que habría tenido cada uno de los acusados, desde la captación de alumnas hasta la coordinación de encuentros en hoteles alojamiento sobre la ruta 26 y en viviendas particulares de algunos de los imputados.
El fiscal general indicó que, a partir de los mensajes recuperados de los teléfonos, transferencias bancarias y análisis de redes sociales, se detectaron coincidencias con los relatos de las jóvenes. Entre otras cuestiones, se mencionaron pedidos concretos sobre rasgos físicos de las chicas, exigencias de determinadas prendas de vestir y encargos de llevar alumnas a eventos como despedidas de soltero o reuniones posteriores a partidos de fútbol.
Según la hipótesis fiscal, consolidada con el cruce de peritajes y testimonios, la presunta organización habría operado principalmente desde 2024, aunque existen indicios de episodios anteriores. Las víctimas son estudiantes de distintos colegios secundarios de la ciudad de Salta, de diversos sectores sociales, que habrían sido incorporadas a la red a través de contactos entre pares y adultos que las transportaban o coordinaban los encuentros.
En el expediente constan referencias a que los acusados solicitaban a las alumnas que “consigan más amigas”, lo que habría facilitado la expansión del grupo de víctimas dentro del circuito escolar. También se registraron menciones a la imposición de ciertas prácticas sexuales y al consumo de un “cóctel de drogas”, según surge de los elementos incorporados a la causa.
La fiscalía sostuvo que, con la prueba reunida hasta ahora, se acreditó la existencia de un número significativo de víctimas niñas y adolescentes atrapadas en esta presunta red. Las querellas que intervienen en el caso apoyaron esa línea de investigación y citaron jurisprudencia y tratados internacionales relacionados con la protección de menores y la persecución del delito de trata de personas.