Una niña de 12 años, cursando un embarazo de cinco meses en Salta, se encadenó en Ciudad Judicial después de recibir citaciones del hospital y del fuero judicial vinculadas a controles médicos y a una posible interrupcion legal del embarazo. La menor expresó que no quiere realizarse ese procedimiento y su familia, junto al adolescente de 14 años señalado como pareja, acompañó el reclamo, mientras el caso quedó bajo análisis de áreas sanitarias y judiciales que deben aplicar la normativa vigente para estos embarazos en niñas menores de 13 años.
Encadenada en Ciudad Judicial tras citaciones por posible interrupcion legal
La mañana de ayer, una niña salteña de 12 años, embarazada de cinco meses, decidió encadenarse en uno de los accesos a Ciudad Judicial. Según contó su entorno, la protesta ocurrió después de que la familia recibiera notificaciones formales tanto del hospital donde la atienden como del ámbito judicial, en las que se hablaba de controles de salud y de una eventual interrupcion legal del embarazo.
La menor, que recientemente llegó a los 12 años, afirmó ante quienes la acompañaban que no quiere que se interrumpa la gestación. De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, pidió de manera explícita que no se la obligue a someterse a ninguna práctica vinculada a la finalización del embarazo, y su postura fue respaldada públicamente por allegados y por el adolescente señalado como pareja.
En la primera citación que recibió la familia se mencionaban estudios médicos de rutina, sumados a la posibilidad de evaluar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Esa combinación de motivos encendió las alarmas en el entorno de la niña, que entendió que se podría avanzar con una decisión que ella no comparte. A partir de allí se organizó la presencia en Ciudad Judicial, con cadenas como forma de protesta visible.
El joven de 14 años sindicado como pareja de la niña también se manifestó en contra de la interrupción del embarazo. En declaraciones reproducidas por Multivisión Federal, el adolescente aseguró que no está de acuerdo con que se concrete la práctica y se mantuvo a su lado durante la protesta, postura que se sumó a la inquietud general de la familia.
Segunda convocatoria, chequeos médicos y dudas sin despejar
Luego de ese primer llamado, los familiares contaron que volvieron a ser contactados ayer por la tarde. En esta nueva comunicación les indicaron que la intención, por el momento, no era avanzar con ninguna interrupcion legal del embarazo, sino realizar un control médico del estado de la niña y del curso de la gestación, dentro de los protocolos habituales.
De todos modos, en el entorno de la menor reconocieron que la aclaración no alcanzó para llevar tranquilidad completa. Sostuvieron que siguen sin tener claro el alcance real de los estudios que se le pretenden practicar ni qué tipo de decisiones podrían tomarse a corto plazo respecto del embarazo, especialmente teniendo en cuenta la referencia previa a una eventual ILE.
Mientras tanto, la situación quedó formalmente en manos de equipos sanitarios y del fuero judicial, que deben revisar distintos aspectos vinculados con la salud integral de la niña y con el contexto en el que se produjo el embarazo. Esas instancias deberán resolver, en función de la ley, cómo continuar.
Entre los puntos que se analizan están la capacidad concreta de la menor para comprender qué implica seguir adelante o no con la gestación, los riesgos físicos y psicológicos que supone un embarazo a los 12 años y el entorno familiar y social en el que vive. También se evalúa si existieron situaciones de vulnerabilidad o abuso que puedan haber intervenido en el origen del embarazo.
Qué dice la ley sobre embarazos en menores de 13 años
La normativa argentina es clara en un aspecto central: cuando una niña menor de 13 años queda embarazada, la relación sexual que originó esa gestación se considera delito, más allá de que la menor diga que hubo consentimiento. Por esa razón, la legislación obliga a activar protocolos específicos y a dar intervención a los organismos correspondientes.
En ese marco, tanto el Código Penal como la Ley 27.610 contemplan la posibilidad de la interrupcion legal del embarazo sin necesidad de una denuncia penal previa cuando se presume abuso. Además, las normas permiten interrumpir el embarazo cuando se determina que existe peligro para la salud o la vida de la persona gestante, criterio que también se aplica a niñas de 12 años como en este caso.
En relación puntual con menores de 13 años, los documentos oficiales recuerdan que “el embarazo en menores de 13 años siempre implica sospecha de abuso” y que, según organismos de salud nacionales e internacionales, el riesgo físico y psicológico en estos cuadros se considera “altísimo”. Ese parámetro es uno de los elementos que deben tener en cuenta los equipos que intervienen.
La ley también establece que la voluntad de la menor debe ser escuchada dentro del proceso, es decir, se le debe permitir expresar qué quiere hacer con el embarazo. Sin embargo, la normativa aclara que esa manifestación no reemplaza la obligación del Estado de revisar de manera independiente su situación general y proteger su integridad.
En particular, la Justicia debe determinar si la niña entiende realmente el alcance de la decisión que expresa y si esa posición no está influida por presiones de adultos u otros factores externos. Como criterio general que guía todas las resoluciones, la legislación fija que el “interés superior de la niñez” debe ser el eje, tanto si se decide continuar con el embarazo como si se define su interrupción.