La Justicia provincial imputaron a una mujer de 36 años por el uso de un supuesto permiso ambiental falso que habría sido presentado para realizar un casamiento de Cafayate en plena Quebrada de las Conchas, zona protegida sobre la Ruta Nacional 68. La acusada fue notificada por la fiscal penal Sandra Rojas, quien la señaló por presunta falsificación de documento público y uso de documento falso, en el marco de la polémica boda organizada en ese sector cercano a Cafayate. La causa se abrió a partir de un control de rutina realizado el 23 de marzo.
Según la investigación, el evento social se estaba montando con escenario, luces y sonido en un área donde toda actividad de ese tipo requiere autorizaciones específicas emitidas por la Secretaría de Ambiente. Al exigir el permiso, se exhibió un archivo en PDF que luego generó fuertes sospechas dentro del organismo.
Tras las primeras verificaciones administrativas internas, se constató que no había ningún trámite cargado ni habilitación otorgada para ese casamiento, lo que derivó en la denuncia penal y en la actual imputación contra la mujer señalada por presentar la documentación.
Imputaron a una mujer por documento presuntamente falso en la boda de la Quebrada
La fiscal penal Sandra Rojas resolvió avanzar con la causa y imputaron a una mujer de 36 años por falsificación de instrumento público en concurso ideal con uso de documento falso. La acusación es provisoria y se centra en el archivo PDF presentado como autorización ambiental para la boda en la Quebrada de las Conchas.
De acuerdo con lo informado desde la fiscalía, la imputada fue formalmente notificada y anunció que hará uso de su derecho a declarar por escrito dentro del plazo legal de 48 horas. Esa presentación será incorporada al expediente antes de que se defina su situación procesal.
En paralelo, la Unidad Fiscal Contravencional mantiene abiertas varias líneas de investigación. Se están recibiendo testimonios y sumando documentación para determinar con precisión cómo se obtuvo y se exhibió el supuesto permiso ambiental vinculado al casamiento de Cafayate y si intervino alguna otra persona en la maniobra.
Entre las medidas ya concretadas, declararon funcionarios de la Secretaría de Ambiente provincial, quienes explicaron el circuito habitual para autorizar actividades en áreas naturales protegidas y detallaron cómo fue el control que terminó detectando el evento en la Quebrada de las Conchas.
El casamiento de Cafayate bajo la lupa: controles, PDF y denuncia penal
El expediente fija el inicio del caso el 23 de marzo, cuando un agente de la Secretaría de Ambiente realizaba un control de rutina sobre la Ruta Nacional 68 y observó una estructura montada para un acontecimiento social. En el lugar había escenario, equipos de sonido y sistemas de iluminación que evidenciaban la preparación del casamiento de Cafayate en la zona protegida.
Ante esa situación, el personal pidió la autorización correspondiente para realizar la actividad en la Quebrada de las Conchas, área de reserva natural. En respuesta, se mostró un archivo PDF que supuestamente había sido emitido por el organismo ambiental y que, en teoría, habilitaba el evento.
Sin embargo, la información contenida en ese PDF encendió las alarmas. Luego de consultas internas, las autoridades del área ambiental confirmaron que no existía ningún pedido ingresado ni permiso otorgado para ese casamiento, por lo que se consideró que el documento podía ser apócrifo.
Los peritos administrativos detectaron varias inconsistencias: un membrete institucional distinto al que usa actualmente la Secretaría de Ambiente y una firma atribuida a una persona que no integra el listado de funcionarios con facultades para firmar ese tipo de autorizaciones.
Irregularidades en el permiso y pasos que sigue la investigación
Otro punto que figura en el expediente es la total ausencia de registros del trámite en los sistemas del organismo. No se halló constancia de ingreso, evaluación ni resolución vinculada a un pedido para realizar la boda en la Quebrada de las Conchas, lo que reforzó la hipótesis sobre la falsedad del permiso presentado en el operativo.
Ante estas irregularidades, el secretario de Ambiente, Alejandro José Aldazábal, radicó una denuncia penal. En su presentación dejó asentado que el PDF exhibido durante el control no tiene validez y lo calificó como un documento “apócrifo”, lo que quedó incorporado a la causa.
La fiscalía ordenó continuar con la recolección de pruebas. Entre las próximas medidas, se prevé citar a los efectivos policiales que intervinieron en el procedimiento del 23 de marzo para que describan en detalle cómo se exhibió el supuesto permiso ambiental y qué actuaciones realizaron en el lugar.
Además, se están sumando informes y copias de actuaciones administrativas provenientes de la Secretaría de Ambiente y de otras dependencias relacionadas, con el objetivo de reconstruir la organización del casamiento y establecer si hay otras personas que pudieron haber participado en la falsificación y en el uso del documento investigado.