La idea de aplicar nuevos impuestos provinciales al metano que liberan los gases de las vacas en la Provincia de Buenos Aires encendió una fuerte disputa entre dirigentes rurales y el sector político bonaerense. El proyecto plantea una tasa específica sobre la ganadería para financiar programas urbanos, algo que el campo interpreta como una nueva carga fiscal sobre una actividad ya muy gravada. Especialistas en cambio climático y entidades agropecuarias cuestionan la base científica del cálculo, el diseño tributario y el posible impacto social en regiones donde la cría de hacienda es casi la única fuente de ingresos.
Proyecto de impuestos al metano de gases de vacas y destino de los fondos
La iniciativa que disparó la polémica lleva la firma de la diputada bonaerense Lucía Klug, cuyo mandato está a punto de finalizar. En su propuesta plantea crear la “Tasa Ambiental sobre el Metano” (TAMBA), que recaería sobre las emisiones de metano asociadas a la producción ganadera en la provincia. La legisladora fundamenta que la ganadería contribuye a los gases de efecto invernadero y sostiene que “el productor debe responsabilizarse por lo que produce”, trasladando al campo el criterio de responsabilidad extendida que ya se usa en otras industrias.
Según el texto, lo recaudado por estos impuestos sobre el metano de las vacas no iría directamente a programas rurales, sino que alimentaría un fondo fiduciario destinado a financiar políticas de gestión de residuos sólidos urbanos. Es decir, la actividad ganadera pasaría a sostener parte del costo de la basura de las ciudades bonaerenses. Para sus impulsores, la conexión se justifica porque la tasa tendría un doble objetivo: reducir gases de efecto invernadero y reforzar el financiamiento para problemáticas ambientales urbanas.
Este enfoque se inserta en la larga discusión argentina sobre cómo se reparten los esfuerzos fiscales entre sectores productivos y áreas urbanas. Mientras el campo viene reclamando por lo que considera una carga impositiva excesiva, las provincias buscan nuevas fuentes de recursos para cubrir servicios básicos como el tratamiento de residuos. El proyecto TAMBA se monta sobre esa tensión histórica y reaviva viejos reclamos del agro sobre la acumulación de tributos específicos que, en muchos casos, no se traducen en inversiones directas en las zonas productivas.
La sola difusión de la propuesta de gravar el metano de los gases de las vacas provocó un movimiento rápido en el interior bonaerense. Entidades rurales comenzaron a discutir posibles respuestas, que van desde el trabajo técnico para frenar el avance legislativo hasta la organización de medidas de fuerza si el proyecto toma estado parlamentario. Productores destacan que ya pagan una larga lista de impuestos nacionales, provinciales y municipales, y alertan que cada nuevo cargo reduce márgenes y pone en duda inversiones de largo plazo.
Rechazo del campo y críticas científicas al nuevo impuesto al metano
El sector agropecuario reaccionó con fuerza contra la idea de una tasa que apunte de manera directa a las emisiones de metano del rodeo bovino. Dirigentes y entidades señalaron que la ganadería ya enfrenta retenciones, tributos inmobiliarios rurales, tasas viales y otros cargos, y que sumar un esquema específico por los gases de las vacas profundizaría lo que describen como una estructura tributaria “sobrecargada”. El temor es que el nuevo gravamen se convierta en un antecedente imitables por otras provincias y complejice aún más la ecuación económica del negocio ganadero.
En paralelo a las objeciones fiscales, se abrió un frente de debate en el plano científico. El ingeniero agrónomo Ernesto Viglizzo, investigador principal del CONICET y con trayectoria en el INTA, se transformó en una voz de referencia dentro del agro al marcar tres ejes de crítica: biológico, fiscal e ideológico. Según explicó, “todos los seres vivos producimos metano —humanos, mascotas, aves, rumiantes— y el ganado bovino representa solo el 15% del total global”. Remarcó además que el “85% restante” del gas proviene de fuentes como la industria petrolera, basurales, arrozales y pantanos.
Viglizzo puso el foco en la permanencia de los gases en la atmósfera: describió que el metano dura alrededor de una década, en contraste con los cien años del óxido nitroso o los mil del dióxido de carbono. A su juicio, el proyecto TAMBA trata al metano de los gases de las vacas como si fuera un contaminante de larga vida similar al CO₂, usando métricas diseñadas para emisiones fósiles en sistemas pastoriles de ciclo corto. Desde esa mirada, un impuesto apoyado en esa equiparación terminaría distorsionando el verdadero rol climático de la ganadería.
El investigador también vinculó el diseño de la tasa con una “tradición” local de crear gravámenes “insólitos” sobre actividades que no están bien entendidas desde el punto de vista científico. Considera que la iniciativa “revela ignorancia científica” sobre los procesos biológicos involucrados y alimenta la percepción en el campo de que existe un “sesgo fiscal” contra la producción agropecuaria. Esa lectura dialoga con quejas de larga data de productores de todo el país, incluidos los de Salta, que suelen advertir que cada nuevo tributo sectorial se suma a una pirámide impositiva que ya condiciona la competitividad frente a otros países exportadores de carne.
Impacto social y diferencias entre sistemas productivos
Otra dimensión que destacó Viglizzo es la social. Recordó que más del 75% de las tierras áridas y semiáridas de la Argentina solo admite actividades de baja escala, principalmente ganaderas, sin alternativa clara de agricultura intensiva. En muchas de esas zonas, las familias dependen de un pequeño número de vacas, cabras u ovejas para subsistir. Bajo estas condiciones, un impuesto adicional ligado al metano de los gases de los animales podría golpear por igual a grandes establecimientos y a productores muy chicos, generando lo que definió como un tratamiento uniforme que no refleja la diversidad del territorio.
Dirigentes rurales también remarcan que el texto de la TAMBA no diferencia entre ganadería extensiva, mixta o intensiva (como los feedlots), a pesar de que cada sistema muestra huellas ambientales y estructuras de costo muy distintas. Esa falta de segmentación es vista como un riesgo para regiones donde la ganadería cumple un rol clave en el empleo y el arraigo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en otras jurisdicciones del país, entre ellas Salta, donde la cría bovina y la ganadería mixta forman parte del entramado económico del interior. Para estos sectores, definir una carga pareja sólo por cantidad de cabezas o volumen estimado de metano desconoce realidades productivas y sociales muy diferentes.
La posible incidencia sobre el tejido social es un punto sensible. Voces del agro advierten que un mayor peso impositivo podría acelerar procesos de migración desde el campo hacia las ciudades, dejando áreas rurales con menos población y menor actividad económica. En provincias donde la ganadería estructura buena parte del trabajo directo e indirecto —frigoríficos, transporte, comercio de insumos—, un impuesto focalizado en el metano de los gases de las vacas se ve como un factor extra de incertidumbre para quienes deben planificar inversiones en cría, recría y engorde.
Debate climático, macroeconomía y rol de la ganadería en el balance de gases
La discusión sobre la TAMBA se enmarca en una agenda climática global que viene ganando peso en organismos internacionales como la ONU, el Banco Mundial y el FMI, donde se alienta a los países a revisar la contribución de cada sector a las emisiones de gases de efecto invernadero. En ese contexto, la ganadería quedó bajo la lupa por sus emisiones de metano, mientras otros segmentos como la energía y el transporte son señalados por su uso de combustibles fósiles. El desafío para las economías regionales es cómo compatibilizar esos compromisos ambientales con la necesidad de sostener exportaciones, empleo y divisas.
Desde CARBAP, su presidente Ignacio Kovarsky calificó la propuesta como “recaudatoria, desactualizada y técnicamente incorrecta”. Indicó que el debate internacional avanzó desde el simple conteo de emisiones hacia el “balance de carbono”, que considera tanto lo que se emite como lo que es absorbido por suelos y vegetación. En esa línea, afirmó que gran parte de la ganadería argentina funciona en sistemas que describió como “biogénicos circulares”, donde el metano de los gases de las vacas vuelve al ciclo del carbono a través de las pasturas.
Kovarsky subrayó que, a diferencia de los gases generados por combustibles fósiles —que se acumulan durante siglos en la atmósfera—, el metano producido por los rumiantes se integra en un circuito de captura y liberación relativamente rápido. Señaló además que “el campo argentino realiza un servicio ambiental que nadie menciona: captura una parte del CO que emiten otros sectores”, en referencia al rol de los suelos y pastizales como sumideros de carbono. Desde esta perspectiva, un impuesto al metano de las vacas que no contemple el balance completo podría terminar castigando actividades con resultados climáticos neutros o incluso positivos.
La Cámara Argentina de Feedlot también rechazó la tasa al señalar que “no es ambiental, sino recaudatoria”. La entidad sostuvo que el esquema propuesto ignora la dinámica biológica de los sistemas de engorde a corral y su peso en la economía provincial. Advirtió que un nuevo cargo sobre el metano de los gases de las vacas engordadas en corrales encarecería costos, frenaría inversiones y podría tener impactos negativos en el empleo vinculado a la cadena cárnica, desde el maíz para alimentación hasta la logística y los frigoríficos.
Desde el ámbito científico, distintos especialistas recuerdan que, tanto en el INTA como en el CONICET, se viene insistiendo en que el metano ganadero se comporta como un gas de ciclo corto y que las métricas tradicionales, diseñadas para emisiones fósiles, no siempre capturan bien ese comportamiento. Por eso sugieren que, si se avanza en regulaciones, deberían considerarse indicadores más modernos, como el GWP* y evaluaciones de flujo, que ponderan los cambios en la tasa de emisión y el balance global de gases. Eso permitiría, según plantean, acercar la normativa a la evidencia científica disponible.
Viglizzo retomó este punto al advertir que, sin contemplar las diferencias entre gases de ciclo corto y largo ni los aportes de los sistemas pastoriles, la tasa al metano de las vacas podría terminar penalizando a un sector que, en ciertas condiciones, contribuye a la mitigación a través de la captura de carbono. Considera que una legislación eficaz debería partir de la diversidad de ambientes y prácticas productivas, y no sólo de un conteo de emisiones absolutas. De lo contrario, la reglamentación corre el riesgo de apartarse de la ciencia y limitarse a sumar otra capa de impuestos sobre una actividad estratégica para la generación de divisas.
El texto de la TAMBA también deja al descubierto la tensión entre objetivos ambientales y necesidades fiscales de las provincias. Aunque el propósito formal es mitigar gases de efecto invernadero y financiar la gestión de residuos urbanos, críticos del proyecto sostienen que en la práctica se trata de un tributo adicional sobre el agro, al que se le asigna el rol de sostener parte del gasto urbano. En una economía donde la ganadería aporta exportaciones, empleo y movimiento en pueblos del interior, la opción de cargar un impuesto específico al metano de las vacas se vuelve un tema central para la macroeconomía regional y nacional.
Por ahora, el proyecto no llegó al debate formal en el recinto legislativo bonaerense. Sin embargo, ya motivó pedidos de informes técnicos y reuniones entre legisladores que analizan posibles modificaciones, como revisar las bases científicas del cálculo, introducir diferencias según sistema productivo y medir el efecto social en zonas que dependen de la ganadería. El avance o freno de la Tasa Ambiental sobre el Metano quedará atado a estas discusiones y al grado de acuerdo político que se logre sobre cómo regular las emisiones ganaderas en la Provincia de Buenos Aires.
Fuente:ambito financiero