El Hotel Provincial Plaza, un hotel de Salta administrado por Carlos Issa, atraviesa un juicio laboral por reclamos de indemnización que, según se informó, suman $68 millones y podrían llegar a $100 millones. El conflicto está ligado a una protesta realizada en 2021, sobre la cual también existe una causa penal. La audiencia prevista para el miércoles 29 de julio debía analizar alternativas de las partes y pruebas para el expediente.
La situación alcanza a una empresa familiar fundada en 1971 por el padre y los tíos de Issa. Mientras la discusión laboral continúa su trámite, las defensas de la compañía y de los trabajadores despedidos mantienen versiones diferentes sobre lo ocurrido durante la medida sindical en el establecimiento de la ciudad de Salta.
El juicio laboral sigue abierto por las indemnizaciones
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, las decisiones en el fuero laboral derivaron en obligaciones económicas para la empresa. Issa sostuvo que no dispone de recursos suficientes para afrontar los montos planteados y señaló que la continuidad del hotel podría quedar comprometida si recibe nuevas resoluciones desfavorables.
La audiencia que estaba prevista para el miércoles 29 de julio era una instancia destinada a revisar las propuestas presentadas por las partes y la prueba que podría incorporarse al juicio. No se informaron resultados de esa convocatoria ni eventuales definiciones posteriores.
Crisis de Flybondi y denuncias que alcanzan a Salta
Pablo Abdón Torres Barthe, abogado del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, cuestionó que el trámite laboral avance mientras permanecen imputaciones en la investigación penal. Según su planteo, las causas tienen ritmos distintos y esa situación genera un conflicto para el propietario del establecimiento.
Las actuaciones penales y laborales avanzan por carriles diferentes
La controversia se originó a partir de una protesta de trabajadores identificados con el sindicato UTGRA en las instalaciones del hotel. La acusación sostiene que durante esa medida se bloquearon accesos y se produjeron daños en el inmueble, hechos por los que hubo imputaciones judiciales.
Torres Barthe indicó que una eventual sentencia penal debería ser considerada en los demás procesos. El representante legal afirmó que, si se estableciera responsabilidad por los hechos investigados, esa definición tendría incidencia en las discusiones laborales vinculadas con los despidos y las indemnizaciones.
La defensa de los trabajadores cuestiona la acusación contra el hotel de Salta
Nicolás Corregidor, representante legal de casi un tercio de los empleados despedidos, rechazó la versión que respalda las imputaciones. El abogado sostuvo que algunos de sus representados no estuvieron presentes durante los incidentes denunciados en el Hotel Provincial Plaza.
Además, la defensa busca acreditar que no existió un bloqueo en los términos señalados por la acusación. Corregidor afirmó que los trabajadores permanecían fuera del edificio y que no impidieron de manera física el ingreso ni la salida de clientes o empleados.
El Movimiento Empresarial Anti Bloqueos sigue el expediente por el alcance que podría tener en otras empresas del norte argentino. La causa continúa bajo análisis en los fueros laboral y penal, con las posiciones contrapuestas de la empresa y de los trabajadores involucrados.