La causa por el homicidio del músico salteño Federico Villagra, ocurrido en Aguaray y tramitada en los tribunales de Tartagal, avanza en medio de fuertes cuestionamientos de la familia y de los abogados querellantes. Señalan presiones a testigos, amenazas en el pueblo, difusión de declaraciones que eran reservadas y presuntas demoras en pericias clave, mientras uno de los acusados sigue prófugo. Tres hombres permanecen detenidos con prisión preventiva y el expediente está bajo revisión del Tribunal de Apelaciones con intervención del Ministerio Público Fiscal.
El reclamo gira alrededor de cómo se lleva adelante la investigación penal y del impacto que todo esto tiene en la comunidad de Aguaray, un municipio chico donde, según remarcan los representantes de la familia, “todos se conocen” y los testigos se cruzan a diario con allegados de los imputados. En este contexto, la querella insiste en que se adopten medidas concretas para resguardar la prueba y a quienes se animaron a declarar.
El abogado Lucas Zeballos, uno de los representantes legales de los familiares de Villagra junto a Álvaro Contreras, hizo públicos los planteos al detallar una serie de hechos que, según su mirada, complican el desarrollo del caso: hostigamientos, filtraciones, videos incompletos y un pedido de pericias médico-legales que todavía no fue respondido de manera definitiva.
Presos, prófugo y rol del Juzgado de Garantías de Tartagal
La investigación por el homicidio en Aguaray tiene hasta ahora a tres imputados detenidos: Jesús Ortega, Sebastián Reinaga y Jorge Antonio Galván. Todos fueron imputados y luego se les dictó la prisión preventiva por disposición del Juzgado de Garantías 2 de Tartagal, que interviene en la causa. Un cuarto sospechoso, identificado como Juan “Chicho” Llanos, continúa con pedido de captura vigente.
Para la querella, la situación de Llanos es uno de los puntos más sensibles. Zeballos recordó que Aguaray es una ciudad de frontera, con pasos no habilitados hacia países limítrofes, lo que a su entender vuelve más delicada la permanencia del sospechoso fuera del alcance judicial. El abogado remarcó que hasta ahora no recibieron información precisa sobre los avances para ubicarlo ni detalles concretos de operativos de búsqueda.
En paralelo, las defensas de Ortega, Reinaga y Galván solicitaron que se les conceda arresto domiciliario, alegando problemas de salud y situaciones familiares. Esos pedidos se trataron en una audiencia multipropósito realizada a comienzos de enero. Allí, el Juzgado de Garantías decidió rechazar las solicitudes y ratificar la prisión preventiva para los tres, decisión que cuenta con el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal y que ahora fue apelada por una de las defensas.
La discusión sobre dónde deben estar alojados los imputados también llegó al expediente. Familiares de Villagra y vecinos del norte provincial plantearon que los acusados no sigan en dependencias locales y reclamaron el traslado a una alcaidía, citando motivos de seguridad y la necesidad de evitar cualquier tipo de interferencia con testigos o pruebas. El juez autorizó el envío de los tres a la Alcaidía 5 de Tartagal; sin embargo, según Zeballos, la querella todavía no tiene confirmación formal de que ese traslado se haya concretado efectivamente.
Denuncias por presiones en Aguaray y filtración de una declaración reservada
La otra arista que la familia de Villagra lleva tiempo señalando tiene que ver con lo que sucede puertas afuera del juzgado, en la vida diaria de Aguaray. De acuerdo con el relato de Zeballos, allegados a los imputados habrían abordado a testigos y a familiares del músico con comentarios intimidantes y frases dirigidas a que “no hagan bardo” o que “dejen de hablar en los medios”. Todo esto, en un contexto donde los protagonistas se ven en el barrio, en la plaza o en los comercios del pueblo.
El abogado destacó que parte de las personas que dijeron haber sido increpadas son quienes estuvieron presentes durante la golpiza o escucharon el relato del propio Federico en las horas posteriores al ataque. Desde la querella consideran que estos episodios generan un clima de tensión que podría afectar la voluntad de algunos testigos de volver a presentarse en sede judicial o ampliar sus declaraciones.
Además de estas situaciones en la comunidad, la querella marcó como “especialmente grave” la difusión de la declaración que la madre de Villagra brindó en la Fiscalía. Según explicó Zeballos, se trata de un acto procesal reservado, al que en ese momento solo tenían acceso la representación fiscal y las defensas técnicas, ya que la querella todavía no estaba constituida formalmente. Pese a eso, el contenido de ese testimonio se conoció fuera del expediente.
Para los abogados de la familia, la filtración vulnera la confidencialidad que debe resguardar a las víctimas y puede desalentar futuras declaraciones. También remarcan que la madre de Federico tuvo que revivir el episodio en sede judicial y luego se encontró con parte de su relato circulando, lo que la expone otra vez a miradas y comentarios dentro del pueblo.
Videos, pericias pendientes y rol del CIF en Tartagal
Dentro del expediente que se tramita en Tartagal hay material audiovisual que se transformó en otro foco de discusión. Zeballos indicó que, al revisar los archivos, observaron que algunos videos no estarían completos o presentarían cortes, por lo que pidieron que intervenga el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) para hacer pericias técnicas detalladas.
Entre los registros incorporados, la querella mencionó un video donde se escucharía a algunos de los agresores hablar de “tirarlo a un zanjón”, en referencia a Federico. Por eso, solicitaron que se analice la continuidad de las imágenes, si hubo ediciones o fragmentaciones y, en definitiva, que el CIF determine si el contenido fue modificado de alguna forma antes de ingresar a la causa. Según señaló Zeballos, todavía aguardan esos resultados.
Cómo fue el ataque y qué dice la autopsia preliminar
De acuerdo con la reconstrucción que maneja la parte acusadora, la agresión comenzó durante la mañana de un domingo, a la salida de un after en Aguaray. En el exterior del lugar se originó una pelea y Federico Villagra habría intervenido para separar o calmar la situación. En ese momento, según la hipótesis que figura en el expediente, un grupo de personas desvió la violencia hacia el músico.
La querella sostiene que a Federico lo siguieron y lo golpearon durante varios minutos, con patadas y trompadas incluso cuando ya estaba tirado en el piso. También mencionan testimonios que hablan de que le arrojaban cerveza encima y que luego lo subieron a una camioneta, donde habrían quedado manchas de sangre. Según esta versión, lo habrían trasladado por distintos sectores del pueblo mientras continuaban los ataques.
Parte de esos movimientos estarían reflejados en los videos que ya forman parte del expediente, los mismos sobre los que ahora se piden pericias específicas. La frase sobre “tirarlo a un zanjón” se escucha, de acuerdo con el abogado, en uno de esos registros. Todos estos elementos serán analizados para determinar responsabilidades individuales cuando la causa avance hacia una eventual instancia de juicio.
En el plano médico-legal, los representantes de la familia accedieron hasta ahora a un informe preliminar de autopsia. Ese documento describe una “afectación abdominal cerrada” y una “falla multiorgánica derivada de los golpes” como elementos centrales del cuadro que derivó en la muerte de Federico. A partir de esa base, la querella pidió una junta médica y un informe ampliado que detalle con precisión las lesiones internas y la relación directa entre los traumatismos y el fallecimiento.
Zeballos remarcó que ese estudio ampliado será determinante para el juicio, ya que puede incidir tanto en la calificación legal del hecho como en el nivel de responsabilidad que se atribuya a cada imputado. El informe completo todavía está en trámite, según informaron los abogados.
Las últimas horas de Federico y el estado actual de la causa
Después de la golpiza en Aguaray, Federico Villagra estuvo consciente durante varias horas. En ese lapso logró hablar con su madre y otros familiares, a quienes les relató lo que le habían hecho y les mencionó a algunas de las personas que, según él, participaron del ataque. Esos dichos fueron incorporados luego como parte de la prueba testimonial.
Con el correr de las horas, el estado de salud del músico empeoró. Fue trasladado a un centro de salud, donde se le practicaron tres cirugías. Finalmente, falleció en el hospital San Ramón de la Nueva Orán a causa de una falla multiorgánica asociada a los golpes recibidos, tal como consta en el informe forense preliminar. La causa penal sigue su curso con los tres imputados detenidos, un cuarto acusado prófugo y las apelaciones e informes pendientes en los despachos judiciales de Tartagal y la Fiscalía.