El gobierno nacional anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus competencias al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. La decisión se comunicó en Casa Rosada, luego de detectar irregularidades en la administración del organismo que conducía el exfuncionario Diego Spagnuolo, exabogado del presidente Javier Milei. Según el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se mantendrán las prestaciones y no habrá recortes en pensiones ni en los servicios destinados a personas con discapacidad.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana en Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el gobierno avanzará con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que todas sus funciones pasarán a depender del Ministerio de Salud. De esta manera, el área que concentraba las políticas públicas en discapacidad dejará de funcionar como organismo separado y se integrará a la estructura sanitaria nacional.
La resolución se da luego de que salieran a la luz audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y de que se ampliaran las denuncias de irregularidades en la gestión del organismo. Según explicaron en el gobierno, la discusión sobre el futuro de ANDIS ya estaba en marcha desde hace meses, a partir de distintos informes internos sobre el manejo administrativo.
Adorni precisó que la medida incluye una reestructuración política y administrativa, con reducción de cargos en la cúpula del área y cambios en los mecanismos de control. Al mismo tiempo, remarcó que el traspaso de ANDIS al Ministerio de Salud no modificará el esquema de atención a los beneficiarios ni el pago de pensiones por discapacidad.
El gobierno asegura que el cierre de ANDIS no afectará pensiones ni prestaciones
Durante el anuncio, el jefe de Gabinete buscó despejar dudas sobre el impacto de la decisión en las personas que dependen de ayudas estatales. Adorni afirmó que la disolución de ANDIS no implicará la suspensión de pensiones ni la interrupción de ninguna prestación vinculada a la discapacidad. Sostuvo que el objetivo oficial es cambiar la estructura de gestión, pero no el alcance de los beneficios.
“Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, señaló el funcionario, y repitió que el traspaso de competencias al Ministerio de Salud “no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”. De esta manera, el gobierno apuntó a desactivar versiones sobre posibles recortes en un área sensible y con fuerte impacto social en todo el país.
Además, Adorni indicó que, bajo la órbita sanitaria, las políticas se manejarán con nuevos parámetros de supervisión: habrá seguimiento digital de expedientes, auditorías frecuentes y criterios médicos como base para la toma de decisiones. Según su planteo, la incorporación al Ministerio de Salud busca unificar criterios y evitar discrecionalidades en la asignación de recursos.
Al repasar el origen de la Agencia Nacional de Discapacidad, Adorni recordó que fue creada en 2017 como un organismo descentralizado, con el mandato de coordinar programas y beneficios en la materia. Sin embargo, sostuvo que con el correr de los años esa estructura habría derivado en un esquema con fuerte peso burocrático y poco control.
De acuerdo con la descripción oficial, la autonomía administrativa de ANDIS generó lo que definieron como “capas” de trámites y procedimientos que complicaron la supervisión. Esa situación, según el jefe de Gabinete, derivó en manejos que el gobierno considera incompatibles con criterios de transparencia en el uso de fondos públicos.
En esa línea, el cierre del organismo se presenta como parte de una reconfiguración más amplia dentro del Estado nacional, con el argumento de concentrar funciones y reducir estructuras políticas. La referencia a la eliminación de cargos directivos en ANDIS se inscribe en ese esquema de reordenamiento institucional.
Irregularidades detectadas en ANDIS y el rol del Ministerio de Salud
Como fundamento central de la decisión, el gobierno detalló una serie de situaciones detectadas en la operatoria de ANDIS. Adorni mencionó casos de personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, expedientes aprobados sin documentación válida y médicos que respaldaban trámites sin soporte clínico adecuado. También habló de organizaciones que facturaban servicios que, según los controles oficiales, no se estaban prestando.
Uno de los ejemplos señalados fue el de la Fundación METAS, que aparecía como prestadora de clases de apoyo escolar. Sin embargo, al inspeccionar el lugar vinculado a esa entidad, las autoridades informaron que no se encontraron instalaciones acordes para brindar ese servicio. Según el relato de Adorni, lo que se observó allí fue una vivienda en mal estado, sin servicios básicos ni equipamiento.
El jefe de Gabinete detalló que en ese espacio se halló suciedad, moho, escombros y excremento de roedores, lo que fue mencionado como muestra del desorden en el esquema de contrataciones y prestaciones asociadas a la Agencia Nacional de Discapacidad. Estos elementos se usaron como argumento para justificar la disolución del organismo y su traslado al ámbito sanitario.
Reorganización institucional y reducción de cargos políticos
Con el traspaso, todas las políticas vinculadas a la discapacidad quedarán bajo responsabilidad del Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones. En el nuevo diseño institucional, el gobierno afirmó que se buscará administrar las prestaciones con controles más estrictos, trazabilidad completa de los expedientes y supervisión constante. La idea oficial es que cada paso administrativo quede registrado y pueda ser auditado.
Adorni agregó que la reestructuración contempla la eliminación de 16 cargos políticos dentro del área, lo que representa una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica. Según el esquema presentado, la cartera de Salud absorberá el personal técnico necesario y definirá un modelo de control interno con auditorías permanentes.