Un gendarme de 32 años, investigado por un hecho de violencia de género denunciado por su pareja, accedió a la suspensión de juicio a prueba y recuperó la libertad bajo estrictas reglas de conducta. La decisión judicial, dictada tras una audiencia con participación de la víctima, establece el pago de una suma de dinero en concepto de reparación y un año de control. El caso, tramitado en el fuero penal, se suma a otros expedientes que se siguen en la ciudad de Salta por agresiones y amenazas en el ámbito de la pareja.
Un gendarme de 32 años, acusado en una causa por violencia de género iniciada por su novia, obtuvo la suspensión de juicio a prueba y quedó en libertad, sujeto al cumplimiento de condiciones durante un año. La denuncia se presentó el 30 de noviembre pasado, cuando la mujer relató que mantenía una relación de pareja con el imputado, quien se desempeña en una fuerza federal de seguridad.
Si bien el expediente se originó fuera de la capital provincial, la situación generó atención entre operadores judiciales y organismos que trabajan estos temas en la ciudad de Salta, donde se registran a diario intervenciones por episodios de violencia en el ámbito doméstico y de pareja. El caso se enmarca en la aplicación de herramientas legales que buscan una salida alternativa al debate oral, siempre que la víctima lo consienta y se cumplan ciertos requisitos.
Tras la denuncia inicial, la Fiscalía imputó al gendarme por lesiones leves agravadas por el vínculo de pareja y por mediar violencia de género, además del delito de amenazas, todos ellos en concurso real. Frente a esta acusación, la defensa pidió la aplicación de la probation, figura prevista en el Código Penal para suspender el avance del juicio bajo reglas estrictas.
Audiencia clave y consentimiento de la víctima
El planteo defensivo se debatió en una audiencia multipropósito, modalidad que también se utiliza en la ciudad de Salta para ordenar causas penales y resolver salidas alternativas. En esa instancia participaron la Fiscalía, la defensa y la mujer que había efectuado la denuncia contra el gendarme.
Durante la audiencia, se dejó asentado el consentimiento expreso de la denunciante para la suspensión del juicio a prueba. La conformidad de la víctima fue un elemento central para que el juez analice la viabilidad de la probation, en línea con los criterios que se aplican en casos de violencia de género.
El juez Gustavo Ramiro Morizzio, a cargo del Juzgado de Orán, evaluó los argumentos presentados por las partes y el acuerdo alcanzado. Luego de este análisis, resolvió hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba para el gendarme, condicionando la medida al respeto estricto de una serie de obligaciones por el plazo de doce meses.
Reparación económica y reglas de conducta para el gendarme
En su resolución, el magistrado fijó varias reglas de conducta que el imputado deberá respetar durante un año. Entre ellas, se estableció una reparación económica para la víctima, que deberá concretarse mediante el pago de 250 mil pesos, monto fijado en concepto de resarcimiento por los hechos denunciados.
El fallo también advierte que cualquier incumplimiento por parte del gendarme puede dejar sin efecto la suspensión del juicio a prueba, lo que habilitaría retomar el trámite del proceso penal hasta llegar eventualmente a un debate oral. Esta advertencia es habitual en este tipo de decisiones y busca asegurar que el imputado cumpla con cada una de las condiciones impuestas.
Además de la reparación económica, el hombre deberá acatar el resto de las reglas que fije el juzgado, como parte del control del cumplimiento de la probation. Estas medidas son similares a las que se aplican en otros expedientes por violencia de género que se siguen en los tribunales con intervención de jueces penales.
Libertad inmediata y seguimiento judicial
Una vez dictada la resolución, el juez Morizzio ordenó la liberación inmediata del acusado, que se encontraba privado de su libertad por esta causa. La salida del gendarme del lugar de detención quedó sujeta al efectivo acatamiento de todas las condiciones dispuestas en el fallo, que serán supervisadas durante el próximo año.
En el contexto de las causas por violencia de género que también se tramitan en la ciudad de Salta, la decisión se suma a otras resoluciones en las que se aplica la probation como herramienta jurídica, siempre que exista control judicial, intervención de la víctima y un esquema claro de reparación y reglas de conducta.