La Justicia federal en Salta dictó prisión preventiva por 90 días para dos hermanos y un ciudadano venezolano investigados por una causa de cocaína vinculada a fincas agrícolas alquiladas en Colonia Santa Rosa. La medida fue resuelta por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, luego de admitir la imputación impulsada por la Sede Fiscal Descentralizada Orán. Según la investigación, los acusados habrían usado esos predios rurales como lugar de acopio de droga. El expediente se conecta con un procedimiento anterior en Pichanal y con allanamientos donde se encontraron 171,450 kilogramos de cocaína.
Los detenidos son A.R., J.R. y J.B. El magistrado declaró legal su detención, autorizó peritajes sobre teléfonos secuestrados y también sobre un DVR correspondiente a una cámara instalada en un local de entretenimiento ligado a uno de los imputados. Además, fijó un plazo de 120 días para profundizar la pesquisa, mientras la fiscalía busca establecer si hubo más personas involucradas y si existieron otros movimientos de droga en Salta.
La causa por fincas agrícolas y cocaína en Salta sumó una nueva decisión judicial
Durante la audiencia, la fiscalía imputó a los tres detenidos como coautores del delito de almacenamiento de estupefacientes agravado por el número de intervinientes. A la vez, a los dos hermanos se les atribuyó también el transporte de estupefacientes agravado por la cantidad de participantes. Con esa base, el juez Montoya dio por válida la acusación presentada por el fiscal federal Marcos Romero.
El planteo de la defensa fue el arresto domiciliario. Sin embargo, la fiscalía se opuso y sostuvo que, por la gravedad del caso y por la complejidad de la investigación, correspondía mantener a los acusados detenidos. En ese punto, el Ministerio Público Fiscal remarcó la logística detectada en torno al presunto movimiento de la droga y el poderío económico atribuido a los principales investigados.
En el caso de J.B., la fiscalía señaló además que registraba un pedido de captura nacional e internacional emitido por el juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dentro de otra causa. También indicó que el Juzgado de Garantías del partido bonaerense de Lanús había declarado en rebeldía a J.R. El propio Ministerio Público aclaró que esos datos no eran antecedentes condenatorios, aunque entendió que debían ser tenidos en cuenta bajo la Ley de Reiterancia.
El expediente se inició con un control en Pichanal y después llegó hasta Colonia Santa Rosa
La investigación, de acuerdo con lo expuesto por Romero, empezó el 7 de enero, con intervención del auxiliar fiscal Francisco Valencia y de la investigadora Analía Cabral Castellanos. Antes de estas tres detenciones ya habían sido imputadas otras cinco personas vinculadas a la misma estructura, según la hipótesis fiscal.
El origen del expediente fue una denuncia anónima recibida por personal de la Sección Colonia Santa Rosa de Gendarmería Nacional. A partir de ese dato, se hizo un procedimiento en cercanías de una estación de servicio de Pichanal. Allí fue detenido un hombre que manejaba un camión con semirremolque cargado con cajones de berenjenas.
Cuando la carga fue revisada con el perro antinarcóticos “Orfeo”, los gendarmes encontraron 30 kilos de cocaína escondidos entre los cajones. En ese mismo operativo también fue arrestado J.P.C., que conducía un Volkswagen Gol en el que iban J. A., E. J. A. y J. Después, los cinco quedaron imputados por transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, se les dictó la prisión preventiva y se ordenó peritar sus celulares.
Según la fiscalía, el análisis de esos teléfonos y la información brindada por tres de los detenidos en calidad de arrepentidos permitieron avanzar sobre una organización mayor. De esa línea surgió la identificación de los dos hermanos como supuestos jefes de la estructura y de J.B. como uno de sus integrantes. También se estableció que el ciudadano venezolano había llegado a Colonia Santa Rosa hacía siete meses desde Buenos Aires.
La pesquisa puso la mira en terrenos alquilados, vehículos y un pool señalado como punto de reunión
Con esos elementos, la investigación pasó a concentrarse en los movimientos de los ahora detenidos. La fiscalía sostuvo que, en meses previos, los hermanos habían alquilado tres terrenos en Colonia Santa Rosa, donde realizaban cultivos de tomates y otras verduras. Para los investigadores, esa actividad funcionaba como pantalla para ocultar el almacenamiento de estupefacientes.
Al mismo tiempo, se hicieron tareas de vigilancia sobre otros inmuebles ligados a los acusados. Uno de esos lugares era el pool “El Bunker”, que, de acuerdo con la pesquisa, habría sido utilizado como sitio de encuentro para coordinar el acopio y el traslado de la droga. También fueron detectadas varias camionetas que, siempre según la fiscalía, los miembros de la organización usaban para moverse entre una finca y otra con la explicación de trabajos rurales.
La fiscalía, con intervención de la Unidad de Procedimientos Judiciales “Orán” de la Gendarmería, afirmó además que la cocaína era trasladada desde Bolivia hasta un establecimiento rural ubicado cerca del Río Colorado. En ese punto, según la acusación, la carga era recibida una vez que ingresaba desde el país vecino.
Como parte de la pesquisa, también fueron intervenidos los teléfonos celulares de los dos hermanos y de J.B. De esas escuchas surgieron conversaciones y chats de los días previos a los allanamientos del sábado pasado. Para el fiscal, ese material mostraba referencias al movimiento de una carga importante de droga y a su disponibilidad para un traslado próximo.
Los allanamientos terminaron con 171,450 kilos de cocaína hallados en una zanja tapada con yuyos
Una vez que la fiscalía consideró confirmado el sitio de almacenamiento, pidió una serie de medidas y el juez Montoya ordenó ocho allanamientos con participación de Gendarmería Nacional. Los procedimientos se hicieron en distintos inmuebles relacionados con los principales acusados.
En una de las fincas arrendadas, donde se cultivaban tomates, los efectivos encontraron una zanja cubierta con yuyos. Allí había ocho bolsas con 171,450 kilogramos de cocaína distribuidos en 170 paquetes. En ese mismo operativo fueron detenidos A.R., J.R. y J.B., quienes quedaron luego a disposición del juzgado federal.
Los procedimientos abarcaron además las fincas alquiladas, el pool, el local bailable “El Jocker”, los domicilios particulares de los hermanos y la vivienda del ciudadano venezolano en Orán. En esos allanamientos se secuestraron, además de la droga, un tractor con acoplado, tres camionetas Toyota, dos Volkswagen, teléfonos celulares y un dispositivo de memoria de una cámara de video instalada en el local de entretenimiento.
Ahora, con la prisión preventiva ya dispuesta y con un plazo de 120 días para avanzar con nuevas medidas, la causa seguirá con peritajes sobre los teléfonos secuestrados y sobre el DVR incorporado al expediente. Esas pruebas fueron autorizadas por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya.