Familiares de presos políticos reclamaron el martes una liberación masiva en Caracas, durante una concentración realizada en la Universidad Central de Venezuela. Mujeres vinculadas con personas detenidas y activistas cuestionaron que las excarcelaciones anunciadas se concreten de manera gradual y pidieron que alcancen a todos los casos. Además, solicitaron ser incorporados a la mesa de diálogo político prevista a partir del 1 de agosto entre la Asamblea Nacional de 2015 y la actual.
Familiares de presos políticos rechazan salidas “a cuentagotas”
La movilización estuvo marcada por pancartas, fotografías y carteles con pedidos de libertad. Los asistentes sostuvieron que las medidas anunciadas todavía no se tradujeron en la salida de prisión de todas las personas que consideran detenidas por razones políticas.
La Alianza por la libertad acompañó la actividad. El colectivo lleva más de 40 días de protestas frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas y, durante la concentración universitaria, mostró una bandera con la frase “Libertad para todos los presos políticos”.
Venezuela actualizó el balance tras los terremotos: la cifra que difundió
Gabriela Álvarez, integrante de esa agrupación, planteó que las familias quieren tener representación en las conversaciones anunciadas. “Sabemos que se viene un proceso de transición y un proceso democrático a partir del 1 de agosto con una mesa de diálogo entre la Asamblea Nacional de 2015 y la actual. Queremos que en esa mesa de negociación estemos reflejados”, expresó.
El pedido incluye participación en las negociaciones políticas
Álvarez también pidió respaldo de Estados Unidos para impulsar las liberaciones. Según datos de la ONG Foro Penal, mencionados durante la jornada, en Venezuela hay 372 presos políticos.
Entre quienes llegaron a Caracas estuvo Magaly Sánchez, de 56 años y oriunda de Monagas. Viajó junto a su nieta para visitar a su hijo, Félix Aguilera, detenido desde 2024. La mujer indicó que el traslado le costó 40 dólares y definió la detención como injusta.
También participó Yamile Vidal, hermana de Carlos Vidal, ex alcalde del municipio Independencia, en Anzoátegui. Carlos Vidal fue detenido en 2022, cuando el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, informó que estaba acusado de encabezar una red para desviar y comercializar gasolina de forma ilegal.
La ley de amnistía dejó casos fuera de su alcance
Los reclamos se producen después del anuncio de excarcelaciones masivas y de la aprobación de una ley de amnistía en febrero. Familiares de detenidos realizaron otras protestas e incluso permanecieron durante la noche frente a distintos establecimientos penitenciarios para exigir avances en los expedientes.
La norma fue presentada en enero por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por parte de Estados Unidos. Su alcance comprende un período de 27 años desde 1999, aunque se limita a personas relacionadas con 13 hechos ocurridos en 13 años diferentes.
De acuerdo con los planteos expuestos en la protesta, esa delimitación excluye expedientes vinculados con operaciones militares, corrupción, homicidios y violaciones de derechos humanos. Por ese motivo, los familiares insistieron en que la liberación masiva no se reduzca únicamente a los casos previstos por la legislación.
Una ONG pidió revisar las condiciones de Rodeo I tras los sismos
Por otra parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos solicitó el sábado una inspección técnica independiente de la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda. El pedido fue presentado luego del doble terremoto registrado el 24 de junio.
La organización denunció en la red social X que no se habilitó el ingreso de entidades independientes para verificar el estado de la infraestructura. También señaló que los detenidos permanecen en un espacio común bajo vigilancia y reclaman no volver a celdas cuya seguridad estructural no fue comprobada.
Confirman la muerte del capitán del seleccionado de vóley de Venezuela tras el derrumbe en La Guaira
El Comité pidió que se autorice el acceso de organismos nacionales e internacionales independientes al penal y reclamó el cese de amenazas, represalias y acciones contra detenidos, familiares y organizaciones que informan sobre la situación de los presos políticos.