La Suprema Corte de Justicia de Mendoza ordenó que Refres Now S.A., dueña de Manaos y Cunnington, pague una indemnización de más de $800 millones a un exempleado que trabajó como distribuidor entre 2013 y 2022 en Mendoza, San Juan y La Pampa. El tribunal provincial dejó firme la condena por despido y por una relación laboral encubierta, aunque modificó el cálculo de intereses que había elevado la suma en la instancia anterior. El pago deberá hacerse dentro de cinco días hábiles y el monto seguirá generando intereses hasta que se cancele por completo.
La resolución se conoció luego de una disputa judicial iniciada por el trabajador en tribunales mendocinos. En su planteo, sostuvo que fue despedido sin causa y denunció irregularidades en su registración, descuentos indebidos y maniobras vinculadas a evasión previsional. También afirmó que comenzó a prestar tareas en octubre de 2013, pero que la relación recién fue formalizada en 2015 con acuerdos y contratos que, según señaló en el expediente, no reflejaban el vínculo real.
El caso impacta en una empresa de fuerte presencia en el mercado argentino de bebidas, en un sector industrial donde la distribución, la estructura de costos y la trazabilidad laboral forman parte de la competitividad. Aunque el expediente se concentra en Mendoza, el fallo vuelve a poner el foco sobre el esquema comercial de una firma conocida en todo el país y también seguida de cerca por el mundo empresario.
La Corte de Mendoza confirmó la indemnización, pero bajó el monto final a más de $800 millones
Antes de llegar al máximo tribunal provincial, el expediente había tenido una primera definición en la Cámara Segunda del Trabajo de San Rafael. Allí se había fijado una condena cercana a $1.500 millones. Esa cuenta incluía $227 millones de capital y más de $1.200 millones en intereses y costas.
Sin embargo, la empresa apeló ese pronunciamiento y el expediente subió a la Suprema Corte mendocina. En esa revisión, los jueces admitieron de manera parcial el recurso presentado por Orlando Canido y cambiaron la forma de calcular los intereses. Para eso dispusieron aplicar la tasa de préstamos de libre destino del Banco Nación.
Con esa modificación, la sentencia redujo el total, aunque mantuvo el eje central de la condena: la responsabilidad de la firma por el despido y por una relación laboral no reflejada en los términos que denunció el trabajador. De ese modo, la indemnización quedó establecida en $807.676.293,72 para el exempleado, una cifra que en términos prácticos ubica el caso en el rango de los $800 millones.
El reclamo laboral se apoyó en tareas de distribución realizadas durante casi una década
Según consta en la causa, el trabajador se desempeñó en tareas de distribución en Mendoza, San Juan y La Pampa desde 2013 hasta 2022. En su presentación judicial indicó que la relación arrancó en octubre de 2013, aunque aseguró que la registración formal recién se concretó dos años después.
En ese punto, el reclamo incluyó cuestionamientos sobre la forma en que se documentó la relación. El demandante denunció que se usaron contratos y acuerdos que no coincidían con lo que pasaba en la práctica. Además, señaló descuentos ilegales y situaciones ligadas a evasión previsional.
Para la industria de bebidas, la distribución es una pieza clave de toda la cadena, desde la salida de planta hasta la llegada al comercio. Por eso, cuando aparece un conflicto de esta magnitud, no sólo queda bajo análisis el vínculo laboral, sino también la manera en que se organizan los circuitos comerciales en varias provincias.
La empresa también aparece mencionada en otras investigaciones vinculadas a su operatoria
Mientras avanzaba este juicio laboral, Orlando Canido fue citado a indagatoria en octubre por el Juzgado Federal 3 de Morón a partir de una denuncia de ARCA. La presentación también alcanzó a su hermano Norberto Canido, director titular de la empresa, por evasión agravada de Ganancias, IVA e Impuestos Internos por más de $805 millones correspondientes a 2018 y 2020.
Además, la ex AFIP pidió que se investigara la emisión de supuestos tickets de venta truchos a 80 distribuidores falsos. De ese total, 39 figuran en la base de contribuyentes “no confiables” del organismo para 2021 y 2022. De acuerdo con ese planteo, Manaos no tiene venta directa al público y las operaciones con mayoristas habrían superado los $10.000 millones, aunque ARCA indicó que no pudo reconstruir el recorrido de esos fondos.
Canido ya había sido investigado en 2018 por la entonces AFIP por una presunta evasión fiscal. En uno de esos procedimientos, se lo acusó de evadir $900 millones por supuestos desvíos financieros e inconsistencias impositivas. Esa línea de análisis puso bajo revisión el modelo comercial de la compañía, apoyado en precios bajos y una red de distribución no tradicional.
Refres Now venía de ampliar su negocio con la compra de marcas del rubro bebidas
En paralelo con estos frentes judiciales, Refres Now avanzó en junio pasado con una operación para expandirse dentro del mercado de bebidas sin alcohol. A través de una compra por US$74 millones, la firma se quedó con las marcas Cunnington y Neuss, que estaban en manos de Productos de Agua, conocida como Proea.
La operación mostró un movimiento importante dentro de una industria donde pesan los volúmenes, la logística y la llegada a distintos canales de venta. Para provincias como Salta, donde la actividad industrial y el transporte de mercadería tienen impacto directo en empleo, proveedores y servicios, decisiones de este tipo suelen ser seguidas con atención por empresas del rubro alimenticio y de consumo masivo.
Según se informó, además existía interés por adquirir las aguas de mesa y saborizadas Pureza de las Sierras. En ese contexto, el fallo conocido en Mendoza agrega un dato de peso sobre la situación judicial de una de las compañías más visibles del sector. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza fijó un plazo de cinco días hábiles para el pago y dispuso que la suma continuará acumulando intereses hasta su cancelación total.