El Gobierno puso en marcha un concurso nacional e internacional para incorporar inversionistas a Fabricaciones Militares bajo un esquema en el que el privado tendrá al menos el 51% de participación, mientras el Estado conservará el 49% y mantendrá los activos. La convocatoria, publicada el jueves 2 de julio en el Boletín Oficial, apunta a sumar capital, gestión y mercados para cuatro áreas: químicos, explosivos, defensa y metalmecánica. Además, fija exigencias de experiencia y solvencia para los oferentes, junto con pagos y garantías económicas para entrar en la compulsa.
La decisión marca un cambio respecto de la posibilidad de una privatización total que había circulado con anterioridad. En esta versión, la empresa estatal no vende sus plantas ni su estructura instalada, sino que las ofrece como parte del esquema de asociación. Del otro lado, quien resulte seleccionado deberá hacerse cargo de invertir, administrar y abrir canales comerciales para ampliar la producción.
La iniciativa aparece dentro de la agenda de política nacional vinculada a sectores estratégicos, porque combina industria de defensa, abastecimiento local y búsqueda de capital privado. También suma un componente económico: el plan oficial procura mejorar productividad, reducir dependencia de importaciones en algunos rubros y, al mismo tiempo, crear condiciones para eventuales exportaciones con mayor valor agregado.
El Gobierno definió un esquema para Fabricaciones Militares sin venta de activos
Según la convocatoria oficial, el socio privado deberá contar con una participación no menor al 51%. A la vez, el Estado seguirá con el 49% y cobrará un canon anual. Ese formato fue presentado como una asociación y no como una privatización accionaria, ya que las plantas y las capacidades existentes continúan dentro de la órbita estatal.
Movimientos sociales preparan medidas ante el Gobierno y evalúan cortes de ruta
El analista especializado en defensa Andrei Serbin Pont explicó en Infobae en Vivo que el modelo no equivale a una privatización porque la firma pública mantiene su parte y conserva los activos. En ese mismo sentido, señaló que el privado deberá aportar “la inversión, la gestión y los canales comerciales”, una definición que resume el reparto de funciones previsto en el concurso.
La lógica oficial divide el negocio en cuatro segmentos bien diferenciados. Por un lado, químicos básicos; por otro, explosivos y energéticos; además, el bloque de defensa; y finalmente, la rama metalmecánica. Esa separación busca que la eventual asociación se adapte a actividades con necesidades productivas y comerciales distintas, aunque todas quedan bajo la misma orientación general.
En los hechos, el Gobierno intenta reactivar una estructura que, de acuerdo con el análisis citado, perdió capacidad a lo largo de los años. El punto de partida del plan es que Fabricaciones Militares aporte instalaciones y trayectoria productiva, mientras los inversionistas sumen recursos frescos, administración y llegada a mercados que hoy no están plenamente desarrollados.
Los inversionistas deberán cumplir filtros técnicos y poner montos mínimos de inversión
La convocatoria no está abierta para cualquier interesado. Los postulantes deberán demostrar al menos quince años de experiencia en operaciones similares y, además, acreditar solvencia económica suficiente para asumir compromisos de gran escala. Con eso, el proceso introduce una barrera previa para achicar el margen de ofertas especulativas o sin respaldo operativo.
También se fijaron costos concretos para ingresar a la compulsa. Quienes quieran acceder a la documentación técnica tendrán que pagar 30 mil dólares. A eso se suma una garantía de 2 millones de dólares exigida para participar. Ambos requisitos forman parte del filtro de ingreso y se complementan con la evaluación sobre capacidad financiera y antecedentes en el sector.
En materia de inversión, el llamado oficial ya establece pisos para algunas áreas. En el bloque de explosivos y energéticos, la propuesta prevé una inversión mínima de 70 millones de dólares para las plantas de Villa María, en Córdoba, y Azul, en Buenos Aires. Allí se incluyen pólvoras, explosivos industriales y TNT, insumos que tienen uso tanto en minería como en defensa.
En el área de defensa, en tanto, la planta de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, deberá recibir una inversión mínima de 40 millones de dólares. Ese tramo incluye municiones de bajo y alto calibre, armamento y chalecos balísticos. La intención es recuperar producción local para un mercado que, según lo expuesto, hoy demanda más de lo que la compañía puede entregar.
La cuarta rama es la metalmecánica y tiene como planta apuntada a Río Tercero, en Córdoba. Allí se contemplan material rodante, cañones, envueltas y vainas. Sobre este punto, Serbin Pont remarcó que la mención específica a los cañones resulta relevante por la escasez de capacidad de fabricación que existe a nivel global para ese tipo de productos.
Químicos, defensa y exportación: las áreas que el Gobierno busca reactivar con socios
Uno de los capítulos del plan pasa por los químicos básicos. En ese grupo aparecen ácido sulfúrico, ácido nítrico y nitrato de amonio en solución. La propuesta oficial vincula ese segmento con la necesidad de reducir la dependencia de fertilizantes importados, un problema que, según el texto original, se profundizó después de la guerra en Ucrania.
Ese contexto internacional también explica parte del apuro por buscar socios. La guerra en Ucrania, la escasez de insumos militares y el aumento de la demanda internacional generaron un escenario de precios más altos y mayores dificultades para conseguir ciertos bienes. En ese marco, la Casa Rosada salió a explorar alianzas que aporten tecnología, capital y canales externos de comercialización.
Dentro del mercado local, el análisis difundido señala que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y las policías provinciales aparecen como principales compradores de productos del segmento defensa. El problema, según Serbin Pont, es que hoy la demanda interna supera la capacidad de producción disponible y eso obliga a importar municiones para cubrir la diferencia.
Esa brecha entre lo que se necesita y lo que se fabrica en el país es uno de los argumentos más fuertes del concurso. Si se incorpora un socio con espalda financiera y experiencia industrial, la expectativa oficial es ampliar la escala productiva, atender una parte mayor del mercado argentino y, además, proyectar ventas al exterior en nichos donde haya oportunidades.
El interés por una salida exportadora no aparece aislado. De acuerdo con el planteo oficial, una asociación con participación internacional podría mejorar el acceso a mercados y también ayudar a bajar costos de adquisición de insumos para el Estado argentino, que hoy enfrenta valores elevados en el escenario global. Esa combinación de abastecimiento interno y proyección externa está en el centro del esquema.
Antecedentes, empresas interesadas y el cambio político detrás del concurso
La apertura de este concurso llega después de un debate previo sobre una posible privatización total. Finalmente, el camino elegido fue otro: asociación con capital privado, apertura a oferentes del país y del exterior, y una presencia estatal minoritaria en la participación, aunque con conservación de activos y continuidad de la estructura industrial ya instalada.
Serbin Pont sostuvo que en los últimos años circularon versiones sobre el interés de compañías extranjeras en vincularse con Fabricaciones Militares. En ese marco, mencionó a una empresa de la República Checa y a otra de Alemania, que habrían manifestado intención de invertir y ampliar capacidad productiva en el área militar. El análisis agrega que ambos países buscan expandir su industria de defensa y ven en Argentina una oportunidad estratégica.
El trasfondo del concurso también incluye problemas operativos acumulados. Según testimonios recogidos por el analista, la empresa “llegó a acumular depósitos con armas sin ensamblar” y sufrió un deterioro en su capacidad de gestión. A la vez, el repaso recuerda que Fabricaciones Militares tuvo en otros momentos capacidad para fabricar bienes que no existían en otros países de la región, aunque esa trayectoria se frenó por falta de modernización tecnológica y recursos.
Fernando De Andreis marcó el peso del PRO en el Gobierno tras la llegada de Santilli
Por eso, el concurso fue presentado como un primer paso y no como una solución ya cerrada. Todavía resta saber qué firmas avanzarán en el proceso, cuáles cumplirán los requisitos y qué socios terminarán seleccionados para cada una de las áreas previstas. Por ahora, lo que quedó oficializado es el formato: el Estado aportará plantas y capacidades existentes, el privado pondrá inversión, administración y comercialización, y la participación estatal seguirá en el 49%.