Un exfuncionario de Urtubey y actual empleado del Poder Judicial de Salta permanece con prisión preventiva en una unidad carcelaria provincial desde el 16 de enero, acusado de graves delitos sexuales cometidos por medios digitales contra un chico de 13 años. Se trata del abogado Juan Carlos Subirada, de larga trayectoria como funcionario durante las gestiones de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey. El jueves 20 de marzo está prevista en Salta una audiencia clave en la que se definirá si continúa detenido o si se le concede el beneficio del arresto domiciliario.
La causa se investiga en la Fiscalía de Ciberdelincuencia y se apoya en audios, mensajes y otros elementos digitales secuestrados en allanamientos realizados en distintos domicilios vinculados al sospechoso en la ciudad de Salta. El Ministerio Público lo imputó como presunto autor de grooming y corrupción de menores, delitos que prevén penas de entre 3 y 10 años de prisión. Mientras avanzan las pericias sobre los dispositivos electrónicos, la defensa busca modificar el actual régimen de detención.
El expediente se abrió luego de una denuncia realizada por la madre del adolescente en una comisaría de Vaqueros, después de que ella encontrara conversaciones de contenido sexual en el celular del menor. A partir de esa presentación, los investigadores identificaron a Subirada como el usuario que habría mantenido, de forma reiterada, comunicaciones de índole sexual con el chico y que incluso habría intentado contactar también a un hermano menor de la víctima.
Acusación por grooming y corrupción de menores: el rol de la Fiscalía de Ciberdelincuencia
De acuerdo con la calificación penal informada por el Ministerio Público, Subirada está imputado por los delitos de grooming y corrupción de menores, figuras que contemplan para una eventual condena una pena de entre 3 y 10 años de prisión efectiva. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, que llevó adelante la mayoría de las medidas operativas y tecnológicas en el marco del caso.
Tras la detención realizada en enero, la fiscalía formalizó la imputación y solicitó que el exfuncionario de Urtubey quede alojado en una cárcel de Salta bajo prisión preventiva. En la audiencia de imputación, el acusado se presentó con defensa particular y optó por no declarar. A partir de allí, se dispusieron pericias informáticas sobre teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos digitales secuestrados durante los allanamientos.
La titular de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, explicó públicamente cómo se concretó el operativo principal. Según indicó la funcionaria, “la detención se produjo en un allanamiento realizado en la zona macrocentro, donde se secuestró toda evidencia digital”, en referencia al material electrónico que quedó bajo custodia para su análisis forense. Esas pericias todavía se encuentran en desarrollo y sus resultados serán incorporados al expediente antes de la audiencia del 20 de marzo.
Paralelamente al estudio técnico de los dispositivos, el Ministerio Público profundizó la reconstrucción de los contactos digitales que habría tenido Subirada con el adolescente. De la revisión de los chats se desprende que el intercambio era explícitamente sexual y que se habrían mantenido durante un período prolongado. Además, se detectaron intentos de iniciar conversaciones con otro hermano menor, lo que amplió el alcance de la acusación y motivó nuevas diligencias de investigación.
Cómo se originó la denuncia y la detención del exfuncionario de Urtubey en Salta
El caso comenzó el 31 de diciembre del año pasado, cuando una mujer se presentó en la comisaría de Vaqueros tras encontrar en el celular de su hijo de 13 años audios y mensajes de alto contenido sexual enviados por un adulto. Frente a ese hallazgo, la madre pidió intervención policial y entregó voluntariamente el teléfono para que fuera analizado. Esa denuncia inicial fue el punto de partida de toda la investigación que hoy mantiene al exfuncionario de Urtubey detenido en Salta.
En las primeras actuaciones se identificó que la cuenta desde la que se habían enviado los mensajes pertenecía a Juan Carlos Subirada. La revisión de las conversaciones reveló un patrón de comunicaciones con contenido sexual explícito y la intención del usuario de continuar el contacto con el adolescente. Con estos elementos preliminares, la Fiscalía de Ciberdelincuencia solicitó medidas de vigilancia y posteriormente allanamientos para dar con el paradero del sospechoso y asegurar evidencia.
Inicialmente se montaron tareas de observación en un barrio privado de San Lorenzo, donde se creía que vivía el acusado. Sin embargo, los investigadores constataron que ya no residía allí, por lo que ampliaron el seguimiento a otros sectores de la capital salteña. Finalmente, los efectivos localizaron un domicilio vinculado a Subirada en la zona oeste de la ciudad de Salta y pidieron una orden de allanamiento para ese inmueble.
El 15 de enero se concretó el procedimiento, durante el cual la policía detuvo a Subirada y secuestró teléfonos celulares, computadoras y otros elementos electrónicos considerados de interés para la causa. Al día siguiente, el Ministerio Público formalizó la acusación y pidió la prisión preventiva del imputado, medida que fue concedida y que lo mantiene alojado en una cárcel de Salta desde el 16 de enero.
La audiencia del 20 de marzo y la estrategia de la defensa
Según confirmó el abogado defensor, Ricardo Belbruno, para el 20 de marzo está fijada una audiencia en la que se discutirá si corresponde mantener o no la actual prisión preventiva que pesa sobre el exfuncionario de Urtubey. En esa instancia, la defensa intentará modificar el régimen de detención y solicitará que se reemplace el encierro en la unidad carcelaria por un arresto domiciliario mientras continúa el trámite de la investigación.
Belbruno adelantó que en la audiencia se evaluarán los avances de las pericias, el estado de las actuaciones y los elementos reunidos hasta el momento, tanto a favor como en contra de su defendido. La definición sobre la continuidad de la prisión preventiva quedará a cargo del juez interviniente, que deberá ponderar el riesgo de fuga, la posibilidad de entorpecer la investigación y la gravedad de los delitos sexuales que se investigan, en el marco de la causa tramitada en Salta.
Trayectoria de Juan Carlos Subirada y antecedentes incorporados a la causa
Mientras avanza la causa por delitos sexuales digitales contra un menor, los investigadores también recopilaron información sobre la historia laboral y los antecedentes penales de Subirada. Se acreditó que el imputado es oriundo de Córdoba y que se radicó en Salta hace varios años, donde se desempeñó en distintos cargos dentro de la administración pública provincial. Su paso por el Estado salteño se dio durante los gobiernos de Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey.
Documentación oficial incorporada al expediente da cuenta de que hasta el 24 de noviembre de 2006 ocupó el cargo de Jefe de Programa Asistencia Jurídica del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas. Luego fue designado al frente de la Dirección General de Inmuebles de la Provincia, cargo que mantuvo durante aproximadamente cinco años. Más tarde, el 23 de diciembre de 2011, fue nombrado por el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey como Liquidador del Ente Residual Instituto Provincial de Seguros de Salta, con jerarquía equivalente a director.
Además de su paso por el Poder Ejecutivo, la Fiscalía de Ciberdelincuencia informó que al momento de su detención Subirada se desempeñaba en el ámbito de la justicia provincial, vinculado a un juzgado laboral, con el cargo de abogado auxiliar. Estos datos sobre su condición de empleado judicial en Salta fueron incorporados al legajo para delinear su situación procesal actual.
En cuanto a su historial penal, desde la investigación señalaron que Subirada registra antecedentes por distintos hechos anteriores. Entre ellos se mencionan causas por amenazas, violencia de género y otros ilícitos, que fueron sumados al análisis general de su perfil en el marco de la causa por grooming y corrupción de menores. Esa información será tenida en cuenta junto con las pericias y testimonios reunidos cuando se evalúe la continuidad o modificación de la prisión preventiva impuesta desde el 16 de enero.