La Justicia de Bolivia ordenó la captura de Evo Morales en una causa por presunta trata agravada de personas, luego de que el exmandatario no asistiera a la audiencia de apertura del juicio en Tarija. El tribunal también lo declaró en rebeldía y dispuso arraigo migratorio, además de otras restricciones judiciales. La decisión fue tomada por el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija, mientras el expediente sigue sumando tensión en la interna política boliviana y mantiene atención en el norte argentino por su posible impacto en la zona de frontera.
La captura de Evo Morales fue dispuesta tras su ausencia en Tarija
La resolución salió del Tribunal Primero de Sentencia de Tarija, que avanzó con la audiencia sin la presencia de Evo Morales ni de sus representantes legales. A partir de esa situación, los jueces resolvieron declararlo en rebeldía y activar su captura inmediata dentro del proceso judicial.
Además, se impuso arraigo migratorio y otras restricciones. Esa medida implica que el exmandatario no puede salir del país por vías legales mientras siga vigente la disposición judicial. Según se informó en el expediente, Morales se encuentra en la región del Chapare, uno de los territorios donde conserva mayor respaldo político.
Sobre el desarrollo de la audiencia, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, Luis Esteban Ortiz, sostuvo que el caso podía seguir su curso porque “Se han cumplido todas las formalidades de rigor”. Esa fue una de las bases mencionadas para justificar que la instancia judicial avanzara aun sin la presencia del acusado.
La causa por trata agravada se apoya en más de 170 pruebas, según la fiscalía
El expediente investiga una presunta relación de Evo Morales con una menor de edad durante el tiempo en que ejercía la presidencia de Bolivia. De acuerdo con la investigación mencionada en la causa, de ese vínculo habría nacido una hija.
El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, aseguró que la acusación tiene respaldo documental y pericial suficiente para sostener el juicio. En ese marco, afirmó: “Se ha logrado recolectar una base sólida para sostener la acusación de trata agravada”.
Según el mismo funcionario, la fiscalía reunió más de 170 pruebas contra Morales. Ese volumen de evidencia fue presentado como uno de los elementos centrales para sostener la acusación y continuar con el proceso en sede judicial.
La defensa rechazó el proceso y habló de persecución política
Del otro lado, los abogados vinculados a la defensa del exmandatario cuestionaron la decisión del tribunal y el avance mismo del caso. El exprocurador Wilfredo Chávez sostuvo que el expediente se inscribe en una persecución política relacionada con la disputa interna del oficialismo boliviano y con la crisis que atraviesa el país.
En la misma línea, el abogado Nelson Cox también objetó el trámite judicial. Según su planteo, en la causa no se estarían respetando “estándares internacionales”, y además denunció una supuesta utilización política de la Justicia en medio del enfrentamiento dentro del poder en Bolivia.
El caso de Evo Morales se suma a la tensión con Luis Arce y repercute en la región
La causa judicial aparece en un escenario ya marcado por la pelea política entre Evo Morales y el presidente Luis Arce. Esa interna viene escalando en Bolivia en medio de dificultades económicas y de una fuerte disputa por el control del oficialismo.
Más allá del impacto institucional dentro de ese país, la situación también es seguida de cerca en provincias del norte argentino, especialmente en Salta y en áreas fronterizas. Allí, lo que pasa en Bolivia suele tener efecto por la circulación comercial, los vínculos sociales y el movimiento migratorio entre ambos lados de la frontera.
La decisión conocida en Tarija dejó a Morales formalmente declarado en rebeldía, con orden de captura vigente y arraigo migratorio dentro de la causa por presunta trata agravada de personas.