La investigación por una presunta estafa vinculada a la venta de terrenos en un sector cercano al río Arenales, en la zona de San Lorenzo, ya tiene más de 40 denuncias formalizadas y una unidad fiscal especial a cargo del caso. Según informó el Ministerio Público, la pesquisa apunta a la comercialización de lotes en un área considerada inundable y no apta para viviendas. Por eso, la Fiscalía convocó a quienes crean haber sido perjudicados a presentarse con documentación y comprobantes para sumar elementos a la causa.
La medida fue dispuesta por el procurador general Pedro García Castiella a través de la Resolución 1718/26. En ese instrumento se resolvió conformar una Unidad Fiscal integrada por los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, debido a la cantidad de hechos denunciados y a la magnitud que fue tomando el expediente.
Desde esa unidad se pidió a las personas afectadas que concurran a la Delegación San Lorenzo con todo lo que permita respaldar su situación. Entre los papeles solicitados figuran comprobantes de pago y cualquier otra constancia que pueda servir para reconstruir la maniobra bajo análisis.
La estafa con terrenos en una zona inundable quedó bajo una unidad fiscal
La causa investiga una presunta maniobra ligada a la venta irregular de lotes ubicados a la vera del río Arias, detrás del barrio UPCN, dentro del municipio de San Lorenzo. De acuerdo con la información oficial, esos terrenos están en un lugar inundable y además no son aptos para asentamientos, un dato central dentro del expediente.
El avance judicial comenzó a partir de la denuncia presentada por un hombre de 35 años. En esa exposición señaló que habría sido engañado al comprar un lote en Atocha y relató una secuencia que, según su versión, se inició en 2023 tras una ocupación ilegal de tierras sobre la ribera del río Arias.
Siempre según esa denuncia, luego de un desalojo policial apareció un abogado que ofreció asistencia legal a las familias alcanzadas por aquella situación. El planteo que hizo ante los interesados era que podía llevar adelante acciones judiciales para obtener la cesión de las tierras, y para eso les pedía la firma de poderes de representación.
La presentación también indicó que ese profesional habría asegurado que el trámite estaba avanzado, con aprobaciones administrativas y resoluciones favorables. Bajo esa promesa, ofrecía la futura entrega de lotes identificados como “Loteo Las Victorias”.
La pesquisa busca reconstruir cómo se cobraba por los lotes junto al río Arenales
La investigación sumó además otro tramo de hechos denunciados. Según lo reunido hasta ahora, en febrero de 2026 se habrían incorporado una supuesta gestora y otro abogado. A partir de entonces, siempre de acuerdo con las denuncias, comenzaron a solicitar pagos cercanos a los 450.000 pesos por persona.
Esos cobros, según la causa, se justificaban con distintos conceptos, entre ellos trámites administrativos, limpieza de terrenos y gestiones ante organismos públicos. La pesquisa intenta establecer el recorrido de ese dinero y también la forma en que se entregaban los comprobantes.
La maniobra, de acuerdo con los datos incorporados al expediente, podría haber alcanzado a unas 400 personas. Los montos denunciados van desde 500.000 pesos hasta cifras cercanas a los 8 millones por familia. También se señaló que los pagos se hacían tanto en efectivo como por transferencia, ya sea en domicilios particulares o en el estudio jurídico del profesional mencionado.
Otro punto que quedó asentado es que la entrega de constancias de pago habría sido irregular. Ese detalle, junto con la cantidad de denunciantes, forma parte del material que ahora analiza la Unidad Fiscal designada para el caso.
Qué antecedentes incorporó la Fiscalía sobre los terrenos y las denuncias
El 16 de abril, un grupo de damnificados se presentó en Casa de Gobierno. Allí se les informó que las gestiones atribuidas al abogado no tenían sustento legal, que no había trámites registrados ante organismos como Recursos Hídricos o Tierra y Bienes, y que los recursos judiciales mencionados habían sido rechazados.
En esa misma línea, desde Tierra y Bienes advirtieron que podía tratarse de una maniobra fraudulenta y recomendaron realizar la denuncia formal. Ese paso fue uno de los que terminó impulsando la acumulación de presentaciones en sede fiscal.
La investigación también contempla la hipótesis de una estructura que, mediante punteros, habría captado a familias en situación vulnerable para recaudar dinero con la promesa de adjudicar lotes. En paralelo, se recordó que la Intendencia de la Municipalidad de San Lorenzo ya había denunciado maniobras en las que se alentaba la ocupación y toma de terrenos fiscales o pertenecientes al municipio.
Mientras tanto, la convocatoria oficial sigue abierta para quienes consideren haber sido perjudicados. La indicación de la Fiscalía es que se presenten en la Delegación San Lorenzo con la documentación correspondiente para ampliar la pesquisa.