Un fuerte escándalo por armas desaparecidas en Río Negro quedó al descubierto tras un operativo policial en el barrio Tiro Federal de General Roca. En ese procedimiento se secuestró un arma usada en un enfrentamiento y, al verificar su numeración, se determinó que estaba registrada como resguardo judicial en un depósito de esa ciudad. A partir de esa coincidencia se revisaron los depósitos y se detectó la falta de al menos 119 armas de fuego que debían estar bajo custodia como evidencia penal.
El hallazgo encendió alertas dentro del Poder Judicial rionegrino, ya que el faltante corresponde a pistolas y revólveres ligados a distintas causas. La investigación quedó a cargo de la fiscal Teresa Giuffrida, que dispuso una serie de medidas para reconstruir cómo salieron las armas del circuito oficial y quiénes pudieron haber intervenido. El caso se instaló rápidamente en la agenda nacional por la magnitud del faltante y por el contexto de violencia armada en el país.
Según se informó, las primeras diligencias apuntan a determinar el recorrido de cada arma, desde su secuestro en la calle hasta su llegada al depósito judicial de General Roca. Paralelamente se analiza documentación interna, libros de ingreso y salida, y registros digitales, con el objetivo de precisar eventuales maniobras irregulares en el manejo del armamento incautado.
Revisión interna reveló más de un centenar de armas faltantes
La revisión de los depósitos se inició después del operativo en el barrio Tiro Federal, donde se detectó que el arma incautada tenía el mismo número de serie que otra que figuraba como evidencia asegurada. A partir de ese dato, se ordenó un relevamiento exhaustivo de todas las armas guardadas en General Roca. El recuento interno confirmó la desaparición de al menos 119 armas de fuego que debían permanecer bajo resguardo judicial.
Fuentes judiciales detallaron que el faltante incluye tanto revólveres como pistolas, todas vinculadas a causas penales en trámite o ya concluidas, pero que debían seguir preservadas como prueba. El volumen del material ausente generó una fuerte alarma y obligó a revisar los protocolos de guarda y control de evidencia en los subsuelos donde se almacenaban estas piezas.
Además de este faltante masivo, se detectó un episodio similar en otra dependencia: en una fiscalía de la misma jurisdicción se constató la desaparición de otras cinco armas de fuego. Ese antecedente, sumado al caso principal, reforzó la sospecha sobre fallas estructurales en los sistemas de registro y custodia de armamento judicial, lo que agrava el impacto del escándalo por armas desaparecidas en Río Negro.
Hipótesis de maniobras internas y empleados separados
Las primeras sospechas se concentran en lo que podrían ser maniobras internas. El sector donde se guardaban las armas es un área de acceso restringido dentro del edificio judicial de General Roca, ubicada en un subsuelo con medidas calificadas como estrictas. El hecho de que las armas hayan desaparecido de un ámbito de acceso limitado puso bajo la lupa los controles internos y la posible participación de personal con permisos especiales.
En el marco de la causa, al menos tres empleados judiciales fueron separados de manera preventiva de sus tareas mientras avanza la investigación. No se descarta que el número de trabajadores alcanzados por estas medidas se amplíe a medida que se analicen pericias, cámaras de seguridad y documentación relacionada con el manejo diario del depósito.
Los investigadores buscan establecer si existió una operatoria sostenida en el tiempo para sustraer armas sin activar alertas o si se trató de hechos puntuales aprovechando debilidades en los mecanismos de control. También se revisan antecedentes administrativos para determinar desde cuándo podrían faltar las armas, ya que no se descarta que algunas salidas irregulares se remonten a años anteriores.
Temor por uso del armamento en hechos delictivos
Una de las mayores preocupaciones en torno a este escándalo por armas desaparecidas en Río Negro es el posible uso del armamento en delitos en la vía pública. La comprobación de que un arma que debía estar sellada en un depósito judicial apareció usada en un enfrentamiento en el barrio Tiro Federal alimenta la hipótesis de que parte del material sustraído ya circula en el mercado ilegal.
En ese contexto, la fiscal Teresa Giuffrida ordenó distintas medidas para intentar rastrear el destino de las armas faltantes, incluyendo cruces de datos con otras causas y peritajes balísticos sobre hechos violentos recientes. La pesquisa sigue abierta, con nuevas diligencias previstas y la posibilidad de que se dispongan más medidas a corto plazo.
Fuente:Que Pasa Salta