El Ente Regulador presentó ante la Cámara de Diputados de Salta dos proyectos vinculados a la luz: uno apunta a cambiar el esquema energético provincial y otro busca limitar los montos adicionales que hoy se suman a las facturas de electricidad. Las iniciativas, que se apoyan en normas ya vigentes, fueron explicadas ante legisladores con el objetivo de ordenar los cargos que se cobran junto con el servicio eléctrico y fijar topes claros para tasas municipales y otros conceptos.
Durante la exposición, funcionarios del Ente Regulador detallaron cómo se aplicarían estos proyectos, por qué se tomó la referencia de la inflación y de qué manera impactarían en los cargos que los usuarios ven mes a mes en la boleta de luz. Además, remarcaron que no se pretende recortar la facultad de los municipios para definir sus tasas, sino regular en qué condiciones pueden cobrarse a través de la factura de energía.
El presidente del organismo, Carlos Saravia, sintetizó el sentido general de las propuestas al indicar que se busca marcar un límite a quienes utilizan la factura de electricidad como herramienta de recaudación, tomando como parámetro el índice de precios y los topes que ya rigen para otros servicios públicos.
el ente regulador impulsa cambios en la adhesión a la ley nacional de energía
Uno de los proyectos del Ente Regulador plantea que la provincia se adhiera en forma parcial a la Ley Nacional N° 24.065 para adaptar el marco de la luz al sistema local. Según se explicó ante los diputados, la idea es tomar la estructura central de la norma que organiza el mercado eléctrico en el país, pero dejando afuera ciertos artículos que no se ajustan a la realidad del esquema salteño.
La propuesta no supone copiar de manera íntegra la legislación nacional, sino ajustar su aplicación para que conviva con las particularidades de la red eléctrica provincial y la forma en que se prestan los servicios en Salta. El Ente Regulador remarcó que la adhesión parcial permitiría ordenar reglas y competencias sin perder de vista las características propias del sistema local.
Durante la presentación, los técnicos del organismo puntualizaron que esta adecuación apunta a dar mayor previsibilidad al funcionamiento del sector eléctrico, sin alterar la estructura general ya conocida por distribuidoras, usuarios y autoridades. De esta manera, se busca tener un marco jurídico alineado con la normativa nacional, pero con excepciones precisas que contemplen la situación de la provincia.
En el encuentro con los legisladores también se destacó que, con esta adhesión parcial, la provincia podría sostener herramientas regulatorias que hoy aplica el Ente Regulador, a la vez que se integraría formalmente a los lineamientos establecidos a nivel país para la organización del servicio de luz.
límites a tasas y cargos extra en la boleta de luz
El segundo proyecto del Ente Regulador se concentra en los conceptos adicionales que aparecen en la boleta de luz, especialmente en las tasas municipales que se cobran junto con el servicio eléctrico. La iniciativa establece condiciones concretas para que los gobiernos locales puedan usar la factura de energía como medio de cobro de esos montos.
De acuerdo con lo expuesto en Diputados, la propuesta fija como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. Los municipios que hayan subido sus tasas por encima de la variación de ese índice quedarían sin la posibilidad de seguir percibiendo esos importes a través de la factura de luz.
En cambio, los gobiernos comunales que mantengan sus ajustes dentro del límite marcado por la inflación podrían continuar utilizando la factura de energía como canal de cobro. Así, se intenta frenar aumentos que superen la variación general de precios y que terminan recargándose sobre el usuario en un servicio básico como la luz.
El Ente Regulador señaló que el objetivo es ordenar los cargos que se suman a la factura, ya que muchas veces el usuario no distingue entre el costo propio del servicio eléctrico y las tasas o contribuciones que incorporan otros organismos a través de convenios con la distribuidora.
respaldo en la ley provincial 8.457 y alcance sobre otros cargos
Las autoridades del Ente Regulador explicaron que este proyecto sobre la boleta de luz se apoya en la Ley Provincial N° 8.457, sancionada en 2024, que ya impide aumentos por encima de la inflación en servicios como energía eléctrica y agua potable. Esa norma fijó un criterio general: las tarifas reguladas no pueden subir más que el IPC.
La nueva iniciativa busca extender esa misma lógica a otros conceptos que, si bien no forman parte directa de las tarifas de servicios públicos regulados, suelen aparecer en la misma factura. Se trata, por ejemplo, de tasas municipales u otros cargos que se incorporan a partir de acuerdos de facturación conjunta con la empresa de distribución eléctrica.
Durante la reunión en la Cámara de Diputados se aclaró que el texto no limita la potestad de los municipios para definir sus propias tasas ni el nivel de esos tributos. Lo que se regula es, específicamente, el uso de la factura de energía como herramienta para cobrarlos, fijando como condición que los incrementos no superen la inflación medida por el IPC.
Según explicó Carlos Saravia, “Lo que estamos buscando es poner un límite a todo aquel que quiere ingresar en esta operatoria. Así como la energía, el agua y la cloaca tienen un tope vinculado a la inflación, también deberían tenerlo quienes cobran sus servicios a través de esta factura”. Y agregó que se trata de “una manera de ayudar a que todo suba de forma razonable y no por decisiones arbitrarias. Seguimos trabajando en defensa de los usuarios”.