El Salvador habilitó la aplicación de prisión perpetua desde los 12 años para personas condenadas por homicidio, femicidio, violación o pertenencia a pandillas. La medida fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y ya había sido avalada el mes pasado por la Asamblea Legislativa. Además, el nuevo esquema prevé revisiones obligatorias de esas condenas y la puesta en marcha, desde el 26 de abril, de juzgados de lo criminal que tendrán intervención en estos casos dentro de El Salvador.
Con este cambio, tanto autores como cómplices podrán recibir pena perpetua a partir de los 12 años, algo que modifica de manera directa el régimen penal juvenil salvadoreño. El nuevo marco también establece distintos plazos de revisión según la edad de la persona condenada, la cantidad de delitos y la existencia de agravantes. La reforma se inscribe en la política de endurecimiento penal que Bukele sostiene en El Salvador desde la ofensiva estatal contra las pandillas.
La reforma en El Salvador habilita perpetua desde los 12 años para delitos graves
Las enmiendas aprobadas incorporan una posibilidad que hasta ahora no regía en el sistema penal del país: aplicar prisión perpetua a personas de 12 años en adelante cuando sean encontradas culpables de homicidio, femicidio, violación o pertenencia a pandillas. La norma alcanza no solo a quienes sean considerados autores, sino también a quienes intervengan como cómplices.
El cambio fue respaldado por la Asamblea Legislativa el mes pasado y forma parte de un paquete promovido por Nayib Bukele. A la vez, las reformas modificaron la Ley Penal Juvenil, que antes fijaba topes menores para adolescentes involucrados en delitos ligados a pandillas.
Hasta estos cambios, la pena máxima para menores de 16 años cumplidos podía llegar a 20 años de prisión en esos casos, mientras que para adolescentes de 12 años el límite era de hasta 10 años. Con el nuevo esquema, ese techo deja de operar en los delitos incluidos por la reforma.
Habrá revisiones obligatorias y nuevos juzgados desde el 26 de abril
La normativa dispone que todas las condenas a prisión perpetua deberán ser revisadas de manera obligatoria. Sin embargo, los plazos no serán iguales para todos los casos, ya que se establecieron criterios diferenciados según se trate de menores, adultos, condenas por varios delitos o hechos con agravantes.
En el caso de menores, la revisión deberá hacerse cada cinco años a partir de los 25 años de encierro. Para adultos, ese análisis comenzará desde los 30 años de prisión. Si hubo condena por varios delitos, la evaluación arrancará luego de 35 años, y en situaciones con agravantes se hará a partir de los 40 años.
Además, el paquete de reformas prevé que desde el 26 de abril entren en vigencia juzgados de lo criminal creados bajo este nuevo esquema. Esos tribunales estarán a cargo de jueces que hasta ahora se desempeñaban como jueces de menores y deberán examinar periódicamente las condenas perpetuas para definir si corresponde un régimen de libertad controlada sujeto a reglas específicas.
El cambio se suma a otras decisiones impulsadas por Bukele en El Salvador
El endurecimiento penal aparece en medio de una serie de reformas promovidas durante la gestión de Bukele. Entre ellas figura una modificación constitucional aprobada en julio de 2025, que eliminó los límites al mandato presidencial y abrió la posibilidad de permanencia indefinida en el cargo.
Esas decisiones recibieron cuestionamientos de sectores que señalan un debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos y un impacto sobre la democracia salvadoreña. En paralelo, el gobierno sostuvo su política de confrontación contra las pandillas, eje sobre el que se apoyan buena parte de estas medidas.
Esa ofensiva comenzó con la declaración de un estado de emergencia en marzo de 2022, después de una ola de violencia en las calles. Aunque había sido presentada como una medida temporal, se prorrogó durante casi cuatro años, suspendió derechos constitucionales y derivó en la detención de alrededor de 91.650 personas en El Salvador.
En ese contexto, Bukele sostuvo que, bajo ese régimen, “8.000 personas inocentes fueron liberadas”.